Desarrollos recientes

El juez Moreno cita a Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche como investigados en la pieza de las mascarillas del caso Koldo en la Audiencia Nacional; Libertad Digital informa de que el instructor ultima esa causa

Según Moncloa.com (10 de septiembre de 2026) y Libertad Digital (11 de septiembre), el juez Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional) recibe este viernes 11 de septiembre la declaración como investigados de Íñigo Rotaeche —que entró en Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL comprando participaciones, fue apoderado y es su administrador desde 2021, único accionista cuando se adjudicaron los contratos, según Moncloa.com— y de Juan Carlos Cueto, dueño del Grupo Cueto, al que el auto del juez atribuye, según ese medio, «control de hecho sobre todas las sociedades que conforman el grupo Cueto, y concretamente sobre Soluciones de Gestión». La empresa facturó 53 millones de euros en material sanitario a varias administraciones del Estado y a las comunidades de Baleares y Canarias durante la pandemia; esta pieza se instruye en la Audiencia Nacional para los investigados sin condición de aforado. Según Libertad Digital, el juez Moreno ultima la instrucción y la Fiscalía prepara ya el escrito de acusación. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos niega ante Pedraz haber presionado a la UCO por la investigación de David Sánchez, aunque admite que pidió rapidez con el siguiente informe; el fiscal jefe de Badajoz declara como testigo

Según EFE (vía Infobae) y The Objective (10 de septiembre de 2026), Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, declaró el 10 de septiembre como investigado ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025), imputado a petición de la acusación popular unificada que ejerce el PP. El exjefe de la UCO Rafael Yuste había sostenido como testigo que, en una reunión del 12 de julio de 2024, Marcos calificó de «totalmente prospectivo y malintencionado» el informe sobre David Sánchez e instó a que el siguiente estuviera «analizado» y «sin nada». Según fuentes jurídicas citadas por EFE, Marcos negó haber presionado o interferido en el trabajo de la UCO y haber calificado así el informe: sostuvo que se reunió con los mandos para aclarar filtraciones a la prensa —una «cultura de la filtración»—, admitió que pidió a la UCO acabar con rapidez el siguiente informe por considerar «atípico y llamativo» que una investigación sobre Badajoz se encargara a esa unidad, negó haber dado indicaciones sobre el contenido y dijo no conocer a Antonio Balas. Marcos es el tercer responsable del instituto armado imputado en la causa, tras la directora Mercedes González y su número dos. El mismo día declaró como testigo el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, que explicó que remitió por WhatsApp una querella contra Leire Díez al entonces número dos de la Fiscalía General, Diego Villafañe, y negó haber recibido instrucciones sobre el caso de David Sánchez. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“atípico y llamativo”

La Fiscalía suiza responde a Calama que no encuentra cuentas de Kingsfield Consulting Corp en UBS ni en Crédit Agricole; la comisión rogatoria se incorpora a la causa Plus Ultra sin cerrar la investigación

Según Infobae (10 de septiembre de 2026) y Moncloa.com (11 de septiembre), la Fiscalía suiza —la de Berna, según Moncloa.com— comunicó al juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) que no ha localizado ninguna cuenta vinculada a Kingsfield Consulting Corp en UBS ni en Crédit Agricole Switzerland, y que la sociedad no figura como titular económica ni beneficiaria de ninguna cuenta ni consta que tuviera poder para operar sobre ellas; la respuesta se incorporó a las diligencias mediante una diligencia de ordenación de ese 10 de septiembre. El nombre de la sociedad figuraba en la documentación que maneja el juzgado, lo que llevó al juez a pedir las comprobaciones. Según Moncloa.com, el juez sospecha y trata de probar que parte del rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra se destinó a saldar deuda de la aerolínea con fondos radicados en Suiza y Panamá, y ya en mayo una comisión rogatoria a Zúrich había dado resultado negativo. El resultado cierra esta pista de cooperación internacional pero no implica el archivo de la causa, que sigue en instrucción. Ningún hecho está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La gerente del PSOE Ana María Fuentes declara ante Pedraz que autorizó los pagos a los abogados Teijelo y Oliver después de que Cerdán validara sus servicios; Oliver declara que fue Leire Díez quien le contrató en nombre del partido

Según EFE (vía Infobae, 9 de septiembre de 2026) y Moncloa.com, Ana María Fuentes Pacheco, gerente federal del PSOE y único cargo orgánico del partido imputado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025), declaró el 9 de septiembre como investigada ante el juez Santiago Pedraz. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, descargó en el exsecretario de Organización Santos Cerdán la responsabilidad de la contratación de los dos abogados investigados —Jacobo Teijelo e Ismael Oliver— y explicó que autorizó el pago de sus facturas después de que Cerdán validase la prestación de sus servicios; dijo no conocer a Leire Díez. Está investigada por un presunto delito de falsedad en documento mercantil por haber emitido las notas de encargo que justificaban esos pagos, que el juez considera «mendaces» al sospechar que eran una fórmula para retribuir a Leire Díez y a terceros. A continuación declaró Ismael Oliver, abogado penalista y exdefensor de Koldo García, que señaló que fue Leire Díez quien le contrató en nombre del PSOE en concepto de asesoría jurídica sobre la comisión parlamentaria de la «operación Cataluña». Según el informe de la UCO recogido por Moncloa.com, Cerdán «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido». Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“mendaces”

El ex consejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli ratifica ante Calama que la aerolínea pagó 530.000 euros —el 1 % del rescate— a las empresas de Julio Martínez Martínez por supuestas gestiones de Zapatero, cuyas gestiones concretas dice desconocer

Según Europa Press (vía Infobae) y COPE (8 de septiembre de 2026), Roberto Roselli Miele, ex consejero delegado de Plus Ultra Líneas Aéreas, declaró el martes 8 de septiembre durante unas tres horas como investigado ante el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) y ratificó el escrito de colaboración que presentó en julio: la aerolínea pagó 530.000 euros —el 1 % de los 53 millones del rescate de la SEPI— a las empresas de Julio Martínez Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por supuestas «gestiones» de este; según COPE, afirmó que en la compañía «conocían que el destino final de esa comisión era Zapatero», aunque dijo desconocer qué gestiones concretas habría hecho el expresidente y que nunca habló con él. Según Europa Press, los directivos reconocieron que contrataron con Martínez Martínez «como medida desesperada» a sabiendas de su relación con Zapatero; los pagos se repartieron entre Análisis Relevante (249.000 euros), Voli Analítica (98.617) y Domotic Europe (110.799), con unas cuarenta facturas por «Honorarios mensuales. Elaboración de informe» que, según su escrito, correspondían a informes «irrelevantes» que servían de «actividad encubridora». Roselli declaró un día después que el expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola, con quien coincide en el relato de la llamada de Zapatero del 30 de abril de 2020. La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente y Zapatero niega cualquier gestión. Rige la presunción de inocencia.

“conocían que el destino final de esa comisión era Zapatero”

Peinado celebra la audiencia preliminar de la Ley del Jurado: las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez y la Fiscalía piden la absolución, Hazte Oír mantiene los 13 años y el juez debe decidir sobre la apertura del juicio oral antes de jubilarse

Según Infobae y The Objective (8 de septiembre de 2026), el juez Juan Carlos Peinado (Sección de Instrucción 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, causa 1146/2024) celebró ese martes la audiencia preliminar del procedimiento del jurado contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, una vista de apenas media hora que empezó con más de una hora de retraso por la llegada tardía del abogado de Gómez, Jaime Campaner; ninguna de las dos compareció personalmente, al no estar obligadas. Los letrados pidieron la absolución al entender que «los hechos investigados no son constitutivos de delito», posición que también sostuvo la Fiscalía; la acusación popular dirigida por Hazte Oír mantuvo su petición de apertura de juicio y las penas ya anunciadas: «13 años de cárcel» para Gómez por presuntos tráfico de influencias y malversación y seis para Álvarez por presunta malversación, tras dejar la Audiencia Provincial fuera de la causa en julio los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios. Según The Objective, Peinado rechazó además la petición de la defensa de citar como testigo al profesor José Manuel Ruano. La Ley del Jurado da al instructor tres días para decidir si abre juicio oral —en cuyo caso la causa se elevaría a la Audiencia Provincial de Madrid— o archiva; Peinado inicia el miércoles diez días de vacaciones y se jubila el 27 de septiembre, cuando cumple 72 años. Ningún hecho está judicialmente probado. Rige la presunción de inocencia.

“los hechos investigados no son constitutivos de delito”

El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola ratifica ante Calama que asumió que el 1 % del rescate iba para el «grupo Zapatero» a cambio de labores de «acompañamiento», sin poder detallar qué gestiones hizo el expresidente

Según EFE (vía infoLibre) y Moncloa.com (7 de septiembre de 2026), Julio Martínez Sola, cofundador, expresidente y socio mayoritario de Plus Ultra Líneas Aéreas, declaró el lunes 7 de septiembre como investigado ante el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) y ratificó el escrito en el que aludió a la «pretensión de cobrar» del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente por mediar para conseguir el préstamo público. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, declaró que asumió que el pago de la comisión del 1 % iba para el «grupo Zapatero» a cambio de labores de «acompañamiento», pero no explicó qué labores concretas habría hecho Zapatero porque no hizo seguimiento: fue Martínez Martínez quien le pidió el 1 % de la ayuda de 53 millones de euros que la aerolínea obtuvo en 2021. Su escrito, ya recogido en piezas anteriores, sitúa el inicio de los contactos en una llamada de Zapatero desde un número oculto el 30 de abril de 2020. Según EFE, precisó que Roberto Roselli controlaba más los asuntos financieros y el día a día de la empresa; Roselli declaró al día siguiente. La causa sigue en instrucción y Zapatero niega cualquier gestión; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“grupo Zapatero”

El juez Peinado prevé dictar el auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez antes de jubilarse el 27 de septiembre; el caso pasaría a la Audiencia Provincial de Madrid para un juicio con jurado previsiblemente en 2027

Según fuentes jurídicas citadas por EFE (vía Infobae y Noticias de Álava, 6 de septiembre de 2026), el juez Juan Carlos Peinado (Sección de Instrucción 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, causa 1146/2024) prevé dictar el auto de apertura de juicio oral —que no es recurrible— antes de su jubilación el 27 de septiembre, cuando cumple 72 años. El trámite es posible una vez que la defensa de Begoña Gómez presentó el viernes 4 su escrito de conclusiones provisionales, el último que faltaba para convocar la audiencia preliminar. Según EFE, el auto de la Audiencia Provincial de julio «reordenó» el procedimiento y lo retrotrajo a abril, cuando el juez transformó la causa en procedimiento de jurado, de modo que las partes tuvieron que presentar de nuevo sus escritos y la audiencia preliminar se repite. Gómez se sentaría en el banquillo por presuntos tráfico de influencias y malversación y su asesora Cristina Álvarez por presunta malversación; la Fiscalía pedirá la absolución de ambas, la acusación popular liderada por Hazte Oír pide 13 y 6 años, y la Universidad Complutense reclama más de 113.000 euros de responsabilidad civil. El juicio sería previsiblemente en 2027. Ningún hecho está judicialmente probado. Rige la presunción de inocencia.

Calama acepta la personación de la asociación URVEX como acusación popular en el caso Plus Ultra con fianza de 5.000 euros y rechaza desbloquear una cuenta de Agropecuaria Lucena, vinculada a Julio Martínez Martínez

Según EFE (vía Infobae, 4 de septiembre de 2026) y Moncloa.com (5 de septiembre), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) ha acordado tener por personada como acusación popular a la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX), previa fianza de 5.000 euros, la misma cuantía exigida al resto de acusaciones populares. La asociación, constituida en 2024, se define como entidad española sin ánimo de lucro dedicada a la «denuncia de las estructuras de corrupción trasnacional vinculadas al régimen venezolano y la defensa de los derechos de la diáspora venezolana en España» y alegó que sus fines conectan con una causa que examina el accionariado venezolano de la aerolínea y posibles operaciones de blanqueo de fondos de ese origen; según Moncloa.com, anunció «la aportación de documentación y la proposición de diligencias relativas a la dimensión venezolana de los hechos investigados». En la misma resolución, según EFE, el juez rechazó desbloquear la cuenta bancaria de Agropecuaria Lucena SL, vinculada a Julio Martínez Martínez, por entender que autorizar pagos anularía la eficacia de la medida cautelar. La causa sigue en instrucción, sin juicio ni sentencia. Rige la presunción de inocencia.

El juez Calama rechaza el incidente de nulidad de Zapatero en el caso Plus Ultra al no ver vulnerados sus derechos: el auto no admite recurso y la instrucción sigue abierta

Según EFE (vía Infobae y COPE), The Objective y Europa Press (vía Deia), 4 de septiembre de 2026, el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) desestimó en un auto que no admite recurso el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que pedía anular la investigación por vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a la presunción de inocencia y a la intimidad y el secreto de las comunicaciones de terceros. Calama, que el 24 de julio había inadmitido el incidente por extemporáneo y el 31 rectificó para admitir a trámite parte de sus apartados, rechaza ahora las alegaciones de acuerdo con el criterio de la Fiscalía: niega que el análisis policial de las conversaciones de un abogado que desencadenó la causa fuera una injerencia no autorizada, porque la Policía analizó datos «previamente obtenidos con la autorización de un tribunal francés y la cooperación de un tribunal español», y advierte de que «el incidente de nulidad no puede convertirse en un mecanismo alternativo para revisar decisiones instructoras». La causa investiga una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, y sigue en fase de instrucción, sin juicio ni sentencia. Rige la presunción de inocencia.

“previamente obtenidos con la autorización de un tribunal francés y la cooperación de un tribunal español”

Cristina Álvarez y Begoña Gómez presentan sus escritos de defensa ante el juez Peinado y piden la libre absolución; la asesora sostiene que en lo relativo al software y al dominio «actuó siempre siguiendo instrucciones de Begoña Gómez»

Según Libertad Digital y elDiario.es (3 de septiembre de 2026), EFE (vía Infobae, 4 de septiembre) y Moncloa.com (5 de septiembre), las dos acusadas en la causa 1146/2024 que instruye el juez Juan Carlos Peinado (Sección de Instrucción 41 del Tribunal de Instancia de Madrid) han presentado sus escritos de conclusiones provisionales: Cristina Álvarez el 3 de septiembre y Begoña Gómez el 4. La defensa de Álvarez —que solo será juzgada por presunta malversación, como cooperadora necesaria en la contratación del dominio del software TransformaTSC— sostiene que los hechos «no son constitutivos de delito», que la causa «está condenada a la disolución del jurado» y que en todo lo relacionado con el software y el dominio su clienta «actuó siempre siguiendo instrucciones de Begoña Gómez y en el convencimiento de no estar realizando nada que sea ilegal»; pide la libre absolución y la condena en costas de la acusación popular liderada por HazteOir por su «temeridad». La defensa de Begoña Gómez —acusada de tráfico de influencias y malversación, que se juzgarán ante un jurado— niega que aprovechara «su vínculo matrimonial» con el presidente del Gobierno para obtener la cátedra, que cobrara por dirigirla, que se beneficiara de sus fondos o que se apropiara del software de la Complutense, y pide igualmente la libre absolución y las costas para la acusación popular, que reclama 13 años de prisión, y para la actora civil. La Fiscalía ya anunció que pedirá la absolución de Begoña Gómez. Ningún hecho está judicialmente probado. Rige la presunción de inocencia.

“actuó siempre siguiendo instrucciones de Begoña Gómez y en el convencimiento de no estar realizando nada que sea ilegal”

El juez Moreno pide a la UCO que informe sobre el estado y la custodia del teléfono intervenido a Joseba García, hermano de Koldo, tras denunciar este una incidencia con la tarjeta SIM

Según Europa Press (vía El Debate, The Objective y Deia), 4 de septiembre de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, ha pedido en una providencia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que informe «sobre el estado y custodia» de un teléfono intervenido a Joseba García Izaguirre, hermano del exasesor Koldo García e imputado en la causa por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El juez accede así a la petición del propio Joseba, que denunció «una incidencia relativa a la tarjeta SIM de su teléfono intervenido judicialmente» por la que considera que «se ha podido producir una violación en la cadena de custodia», después de que la Fiscalía Anticorrupción diera el visto bueno «con el fin de alejar cualquier sombra de duda sobre la custodia y conservación de los efectos intervenidos». En la misma providencia, Moreno rechaza devolver los dispositivos incautados al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, también investigado, aunque le ofrece una copia completa de su volcado. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado. Rige la presunción de inocencia.

“con el fin de alejar cualquier sombra de duda sobre la custodia y conservación de los efectos intervenidos”

Pedraz rechaza incorporar el desmentido de Aldama a la pieza sobre la abogada de Koldo y requiere al chófer de Carmen Pano los WhatsApp con De la Hoz para fechar sus reuniones y conocer su contenido

Según Libertad Digital y El Debate (2 de septiembre de 2026), el juez Santiago Pedraz (Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, caso Leire, DP 150/2025) denegó en un auto las diligencias pedidas por la defensa de Leticia de la Hoz Calvo —abogada de Koldo García e investigada por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión sobre la entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz—, entre ellas incorporar la declaración de Víctor de Aldama en el caso Hidrocarburos en la que desmentía a Pano y citar como testigos a Jacobo Abad, Manel Sallés y Nuria Sorribas, según El Debate. El auto razona que «los hechos investigados respecto de la Sra. DE LA HOZ se ciñen al concreto hecho de si la misma ofreció una elevada cantidad de dinero a CARMEN PANO y ALVARO GALLEGO para que estos modificaran su testimonio en otros Procedimientos» y que «este juzgado no puede convertirse en una vía paralela de discusión o prueba sobre esas cuestiones». A petición de la Fiscalía, el juez requirió a Álvaro Gallego, chófer y persona de confianza de Pano, que aporte los WhatsApp «o cualquier otro soporte documental» que permitan fijar la fecha de sus reuniones con De la Hoz y, en su caso, su contenido. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“este juzgado no puede convertirse en una vía paralela de discusión o prueba sobre esas cuestiones”

Anticorrupción pide al Supremo desestimar los incidentes de nulidad de Ábalos y Koldo contra la sentencia del caso mascarillas: «están abocados al fracaso»; el PP y Aldama también se oponen

Según Europa Press (vía Infobae y Deia), The Objective, Libertad Digital, Vozpópuli y Moncloa.com (1 y 2 de septiembre de 2026), el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un escrito —fechado el 23 de julio, según Libertad Digital— en el que pide desestimar los incidentes de nulidad promovidos por las defensas del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García contra la sentencia del 22 de junio de 2026 que los condenó a 24 años y tres meses y a 19 años y ocho meses de prisión. Luzón sostiene que ambos escritos «se limitan a reproducir pretensiones ya examinadas y decididas en la sentencia firme», que aprovechan el incidente para «una alternativa e improcedente revisión de la valoración de la prueba», y pide, según Moncloa.com, que se impongan las costas a los promotores. Según Moncloa.com, Ábalos articuló trece motivos —entre ellos la vulneración del derecho al juez ordinario, del derecho de defensa por el volcado de dispositivos sin presencia de la defensa y de la presunción de inocencia— y Koldo once. La acusación popular encabezada por el PP presentó otro escrito en el que sostiene que «ninguno de los motivos de nulidad formulados por los condenados puede prosperar», y la defensa de Víctor de Aldama —condenado a cuatro años y medio con la ejecución suspendida— se opone también al entender que la «verdadera finalidad» de los incidentes es revisar la valoración de la prueba. Ábalos había pedido la nulidad, la suspensión de la condena y su puesta en libertad; él y Koldo están en prisión provisional desde noviembre de 2025. Según Vozpópuli, el incidente es requisito previo para el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que Ábalos ha anunciado. La sentencia es firme y los incidentes están pendientes de resolución por la Sala.

“Necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio”

Serrano recurre ante Pedraz el segundo clonado de su móvil en el caso Leire: pide anularlo, destruir la copia y que se le devuelva el terminal sin nuevo acceso

Según Europa Press (vía Infobae y Diario de León) y Noticias de Gipuzkoa (1 de septiembre de 2026), la defensa de Juan Manuel Serrano —exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, expresidente de Correos e investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025, juez Santiago Pedraz)— presentó un escrito con el que recurre la decisión del instructor de repetir el clonado de su teléfono y pide anular el segundo volcado, practicado por la UCO de la Guardia Civil en agosto en presencia del investigado y de su abogado, así como «la destrucción o, en su defecto, la inutilización definitiva» de la copia y la devolución «inmediata» del terminal «sin que pueda ser objeto de nuevo clonado, análisis o acceso alguno». La defensa sostiene que la irregularidad del primer volcado —practicado sin la presencia de su letrado tras la incautación del terminal en mayo— no se subsana «por la mera posibilidad de verificar el clonado o practicar uno nuevo»; que la «prolongada custodia policial sin supervisión» del dispositivo durante «ese mes y medio» impide garantizar que los datos no fueran alterados; que no se le notificó hasta el día del volcado la posibilidad de designar un perito de parte; y que no existía resolución judicial que amparase la incautación ni su condición de investigado. Son alegaciones de la defensa, pendientes de resolución. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“Una resolución judicial posterior no puede sanar la vulneración de una garantía esencial”

El PSOE pide a Pedraz que solo la Fiscalía acceda a la pieza separada con sus seis cuentas bancarias en el caso Leire y que se expurguen los datos ajenos a la investigación

Según EFE (vía Infobae y Público), The Objective y Libertad Digital (1 de septiembre de 2026), el PSOE presentó ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) un escrito, adelantado por elDiario.es, en el que pide que solo el Ministerio Fiscal tenga acceso a la pieza separada económica en la que se analizan seis cuentas del partido y que se expurguen los datos sin relación con la causa, al entender que las cuentas «contienen multitud de movimientos, que afectan a numerosas personas y entidades no vinculadas con los hechos». Según The Objective y Libertad Digital, la limitación dejaría fuera del acceso a las demás partes personadas —defensas y acusación popular—, que solo verían el resultado del expurgo que practique Anticorrupción. El juez había ordenado rastrear hasta 81 cuentas —seis del PSOE y el resto de Gaspar Zarrías, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y Crónica Libre— ante la sospecha de los investigadores de que Santos Cerdán habría empleado fondos del partido para costear una supuesta organización dedicada a boicotear causas judiciales, con al menos 43.225 euros abonados a Leire Díez a través de intermediarios. El PSOE recuerda que ya identificó ante la UCO las cuentas desde las que se pagó a los investigados, apunta que pudieron «haber sido utilizadas de manera ilegítima» al margen de la organización y afirma que «no tiene nada que ocultar». Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“Extremar las cautelas para que no se produzca ninguna filtración a la opinión pública de aquellos datos no vinculados a la presente investigación”

Anticorrupción pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechace los recursos de Jésica Rodríguez y del ex alto cargo de Adif Ignacio Zaldívar y que ambos sigan imputados en el caso Koldo

Según The Objective y El Español (26 de agosto de 2026), la fiscal de Anticorrupción Carmen García Cerdá presentó sendos escritos ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional oponiéndose a los recursos de apelación de Jésica Rodríguez García —expareja del exministro José Luis Ábalos— y de Ignacio Zaldívar de la Rica contra las imputaciones acordadas por el juez Ismael Moreno en el caso Koldo. Sobre Rodríguez, investigada por presunta malversación por los sueldos que percibió de las empresas públicas Ineco y Tragsatec, la Fiscalía sostiene que el juicio contra el exministro no genera cosa juzgada en su favor porque en él declaró únicamente como testigo, y recuerda que, según la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio de 2026, «el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara» y aun así percibir un salario mensual de ambas mercantiles públicas. Sobre Zaldívar, apunta a su posible participación en un delito de tráfico de influencias por trasladar a su subordinada las presiones recibidas para que Rodríguez fuera contratada y mantenida en su puesto. La decisión sobre ambos recursos corresponde ahora a la Sala de lo Penal. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Interpol detiene en Abu Dabi a Alejandro Hamlyn, el dueño de Hafesa fugado desde mayo de 2025 cuya reunión con Leire Díez dio origen a la causa de las «cloacas»

Según The Objective (que adelantó la noticia el 26 de agosto de 2026) y Europa Press y eldiario.es (que la confirmaron con fuentes policiales), la Interpol detuvo el lunes en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) a Alejandro Hamlyn, empresario de hidrocarburos dueño del grupo Hafesa, fugado en Dubái desde mayo de 2025 y declarado en rebeldía el 27 de junio de 2025 tras no comparecer al juicio por el presunto fraude de IVA de unos 154 millones de euros (2016-2019) atribuido a su grupo, por el que la Audiencia Nacional condenó en noviembre a Hafesa Energía a una multa y a penas de cárcel a catorce personas. Hamlyn está además investigado en la Audiencia Nacional por presuntos pagos de unos 4.250 euros mensuales desde noviembre de 2022 a un agente del Cuerpo Nacional de Policía a cambio de información extraída de bases de datos policiales de acceso restringido, y por presunto blanqueo de capitales en Estados Unidos. Su nexo con el caso Leire: en febrero de 2025 participó en la videoconferencia con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo en la que se ofreció a facilitar información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas; la difusión del audio de esa reunión dio origen a la causa. La extradición desde los Emiratos puede prolongarse varios meses, según fuentes judiciales citadas por los medios. Son investigaciones en curso; ningún hecho está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La defensa de David Sánchez pide a la Audiencia de Badajoz que expulse de la sentencia las frases que le atribuyen conocimiento previo de que la plaza «se había creado para él»

Según EFE (24 de agosto de 2026), que tuvo acceso al escrito, la defensa de David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz (sentencia 152/2026) a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa como cooperador necesario— ha pedido al tribunal una «aclaración» de la sentencia para que sean expulsadas de su tenor las frases que le atribuyen tener «conocimiento previo de que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él» y haberse presentado a la convocatoria y hecho la entrevista «para simular la legalidad formal del procedimiento», así como haber sido el «principal beneficiario» del proceso. La defensa alega vulneración de su derecho de defensa: al quedar prescritos los hechos previos a la convocatoria, Sánchez no fue interrogado en el juicio sobre esos prolegómenos y no pudo ofrecer explicación exculpatoria. El propio escrito reconoce que la aclaración no es cauce para cuestiones de fondo y anuncia que, si no se estima, la petición se formalizará como recurso. La sentencia no es firme y hay recursos anunciados ante el TSJ de Extremadura. Rige la presunción de inocencia.

Campaner prepara la defensa de Begoña Gómez ante el jurado popular alegando el vacío legal de la figura de «primera dama» en el ordenamiento español

Según El Debate y esdiario.com (23 de agosto de 2026), Jaime Campaner —nuevo abogado de Begoña Gómez, especializado en juicios con jurado— prepara una defensa centrada en la ausencia de régimen jurídico específico para la «primera dama» en España: ni la Ley del Gobierno (Ley 50/1997) ni la normativa de altos cargos (Ley 3/2015) extienden al cónyuge del presidente del Gobierno las obligaciones de dedicación exclusiva, incompatibilidades o control de intereses, de modo que, sostiene la defensa, «no existe precepto alguno que prohíba al cónyuge del presidente del Gobierno desempeñar actividades laborales». En la causa, instruida por el juez Juan Carlos Peinado y que se verá ante un jurado popular, la Fiscalía pide la absolución al no apreciar conducta penal, mientras que la acusación popular unificada solicita nueve años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El escrito de defensa está pendiente, con plazo efectivo hasta septiembre. Ningún hecho está judicialmente probado. Rige la presunción de inocencia.

La defensa de Serrano pide a Pedraz la devolución de su móvil clonado, que permanece en la caja fuerte del juzgado al menos hasta su citación del 2 de septiembre

Según El Español, Libertad Digital y Moncloa.com (21 de agosto de 2026), la defensa de Juan Manuel Serrano —exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, expresidente de Correos e investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025)— ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 pidiendo la devolución de su iPhone 15 Pro Max, alegando que, consultados los agentes que realizaron el clonado, estos confirmaron que el dispositivo «ya no les es necesario» a los efectos de la investigación. El teléfono permanece depositado en la caja fuerte del juzgado y, según Moncloa.com, seguirá allí al menos hasta el 2 de septiembre, fecha en la que Serrano está citado a declarar ante el juez Santiago Pedraz; la UCO dispone ya de algo más de 250 GB extraídos en el clonado. La letrada de la Administración de Justicia no se opuso en primera instancia a la devolución y la decisión corresponde a Pedraz, que no la había resuelto al publicarse las piezas. Son diligencias de instrucción en curso; ningún hecho está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Leire Díez recurre la providencia de Pedraz que unificó la causa e incorporó los 14 tomos de Zamarriego y pide a la Sala de lo Penal que la anule

Según EFE (vía Infobae) y Libertad Digital (20 de agosto de 2026), la defensa de Leire Díez ha recurrido la providencia por la que el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) incorporó a su instrucción los 14 tomos del sumario que instruía el magistrado Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid), y ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule esa decisión. En el recurso, al que tuvo acceso EFE, la defensa reitera que ambas investigaciones no son «conexas», sino que tienen una «identidad material de hechos y sujetos investigados», y subraya que la resolución por la que Pedraz reclamó la causa sigue recurrida, de modo que aceptar la investigación de Zamarriego supondría ejecutar una decisión cuestionada sobre la que la Sala de lo Penal aún no se ha pronunciado. Según Libertad Digital, el escrito sostiene que la resolución impugnada vulnera el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La UCO ya dispone del clonado del móvil de Juan Manuel Serrano tras concluir la diligencia y la defensa anuncia recurso contra el auto que rechazó la nulidad de la incautación

Según EFE (vía Infobae) y El Correo Gallego (19 de agosto de 2026), la Audiencia Nacional concluyó este miércoles hacia el mediodía la diligencia del segundo clonado del teléfono de Juan Manuel Serrano —expresidente de Correos e investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025, juez Santiago Pedraz)—, iniciada la víspera después de que la defensa rechazara el volcado que la UCO practicó el 14 y 15 de julio sin presencia del investigado ni de su abogado. Se realizó un clonado en bruto que queda depositado en la Audiencia Nacional y una copia con la que la Guardia Civil trabajará de cara a su futuro informe, que llevará meses, según fuentes jurídicas citadas por EFE. Se ha abierto además una pieza separada de expurgo, a la que solo tienen acceso la Fiscalía y el letrado de Serrano, para determinar qué mensajes se incorporan a la causa. La defensa ha anunciado que recurrirá el auto del juez que rechazó declarar la nulidad de la incautación, al entender que hubo irregularidades. Son diligencias de instrucción en curso; ningún hecho está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Más de 10.800 mensajes entre Serrano y Leire Díez y menciones a «el One» en las conversaciones conocidas de la causa, según El Español

Según El Español (19 de agosto de 2026), las conversaciones conocidas entre Juan Manuel Serrano —expresidente de Correos e investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025, juez Santiago Pedraz)— y Leire Díez superan los 10.800 mensajes: una conversación de WhatsApp de 9.355 mensajes intercambiados entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024, emergida del análisis del teléfono de la propia Díez, más otros 1.487 mensajes por Signal desde abril de 2024. En esas conversaciones, según el diario, aparecen menciones de Díez a «el One», al que sus interlocutores identificaban con el presidente. El periódico encuadra el volcado del móvil de Serrano, recién clonado, como una extracción decisiva cuyo contenido está aún por analizar. La información fue recogida el mismo día por Periodista Digital, que la vincula a la investigación de El Mundo y a los informes de la UCO. Son diligencias de instrucción en curso; ningún hecho está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La Audiencia Nacional practica un nuevo clonado del móvil de Juan Manuel Serrano tras rechazar este el volcado de la UCO por falta de garantías

Según EFE (vía Infobae y Público) y Libertad Digital (18 de agosto de 2026), Juan Manuel Serrano —expresidente de Correos y jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018, investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, juez Santiago Pedraz) desde el 10 de julio— acudió este martes con su abogado a la Audiencia Nacional, citado para «verificar» el clonado de su móvil que los agentes de la UCO de la Guardia Civil practicaron el 14 y 15 de julio o, en su caso, realizar uno nuevo. Tras rechazar ante la letrada de la Administración de Justicia el volcado original —hecho sin estar presentes ni él ni su abogado—, se procedió a un nuevo clonado, una diligencia de unas ocho horas con el teléfono custodiado en una sala precintada; Serrano debe volver el miércoles a recoger una copia en un disco duro. Su defensa había pedido anular el primer clonado y que se le devolviera el terminal sin volver a clonarlo, pretensiones que el juez rechazó días atrás; según Libertad Digital, su letrado, Bernardo del Rosal, pidió además un «expurgo» para que la UCO solo analice los mensajes relacionados con la causa. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz asume formalmente toda la investigación del caso Leire e incorpora los 14 tomos de la causa que instruía Zamarriego

Según EFE (vía The Objective e Infobae) y la crónica de agencias de Diario de León (17-18 de agosto de 2026), el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha aceptado mediante una providencia —fechada el 14 de agosto y conocida el lunes 17— la inhibición que el magistrado Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid) acordó el 11 de agosto, y ha ordenado integrar en su sumario las diligencias que Zamarriego practicaba desde el verano de 2025 contra Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presunto cohecho y tráfico de influencias —las presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil—: 14 tomos con casi 3.900 folios y dos piezas documentales con dispositivos de memoria aportados por el fiscal Ignacio Stampa y por la defensa de Rusiñol. La absorción ratifica los argumentos de la inhibición —hechos «indisolublemente unidos» a las pesquisas de la Audiencia Nacional—; Pedraz ha trasladado la resolución a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que tramita el recurso de apelación contra el requerimiento de inhibición, y ha dado tres días a las partes para un eventual recurso de reforma. Con ello toda la investigación de las presuntas 'cloacas del PSOE' queda unificada en la Audiencia Nacional. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La UDEF rastrea 290.400 euros pagados por Camilo Ibrahim, exaccionista de Plus Ultra, al presunto testaferro de Zapatero mediante un contrato de asesoramiento

Según un informe policial de la UDEF fechado el 9 de junio al que tuvo acceso El Periódico (recogido por que.es y Diario Versión Final, 14-16 de agosto de 2026), la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal rastrea 290.400 euros abonados entre 2024 y 2025 por el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa —que fue accionista de Plus Ultra a través de la sociedad Snip Aviation— a Julio Martínez Martínez, señalado en la instrucción (DP 77/2024, Audiencia Nacional, juez José Luis Calama) como presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El rastreo parte de un documento («Detalle cobros 2011-2025») hallado en el ordenador de Martínez, que recoge un contrato de asesoramiento firmado el 1 de diciembre de 2023 entre Análisis Relevante y Thabeh Iberian, representada por Ibrahim: pagos de 12.100 euros mensuales durante 24 meses —exactamente 290.400 euros—, con las primeras facturas anotadas a nombre de ASP Rentas, sociedad que movió casi dos millones de euros entre 2020 y 2025 pese a declarar ingresos de 89.540 euros y que la UDEF considera una posible vía instrumental. Los agentes conectan los pagos con el rescate público de la aerolínea: en mensajes de febrero de 2021 el entonces presidente de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, relató que Ibrahim había estado con Zapatero y que todo iba «viento en popa», y el 26 de febrero —antes del consejo que aprobó la ayuda— Martínez comunicó a Ibrahim la obtención del rescate. Ante el juez Calama, Zapatero declaró que su relación con Ibrahim fue «estrictamente personal» y negó haber hablado de Plus Ultra con él. Ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El auto de inhibición de Zamarriego apunta que Cerdán «habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido» y que la trama alcanza a personas de mayor jerarquía que la propia Díez

Según Europa Press (vía The Objective e Infobae, 13 de agosto de 2026), el auto por el que el juez Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid) acordó el 11 de agosto inhibirse en favor del juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) desgrana los indicios que sustentan su decisión. Zamarriego señala que, tras los registros efectuados en viviendas y empresas, se constató que Leire Díez «habría contado con el impulso y soporte intelectual y/o financiero de Santos Cerdán, quien habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido»; que el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver «habrían prestado sus sociedades mercantiles como vehículo para canalizar dichos pagos»; y que la gerente del PSOE Ana María Fuentes «habría emitido las oportunas órdenes de encargo sobre las que se habrían emitido mendaces facturas» que permitieron transferir fondos a Díez y al empresario Javier Pérez Dolset. El magistrado añade que los investigados de su pieza —Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol— «podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado», mientras que la investigación de Pedraz «se dirige contra otras personas que podrían tener mayor nivel de jerarquía». Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido”

El juez Zamarriego acepta inhibirse en favor de Pedraz y la investigación de las 'cloacas del PSOE' queda unificada en la Audiencia Nacional

Según El Español, Vozpópuli, Libertad Digital y El Debate (12 de agosto de 2026), el magistrado Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid) acordó en un auto del 11 de agosto aceptar «el requerimiento de inhibición promovido por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5» —el juzgado de Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional (DP 150/2025)— y cederle la primera causa del caso Leire Díez, en la que investigaba presuntas maniobras de la exmilitante socialista contra mandos de la UCO de la Guardia Civil, fiscales y jueces. La decisión resuelve el conflicto de competencias abierto desde junio, cuando Pedraz reclamó la causa al apreciar que ambas investigaciones se basaban en hechos prácticamente idénticos y afectaban a los mismos investigados. Zamarriego, que había condicionado su inhibición a un informe pericial de la Policía Científica sobre la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa, la acuerda después de que la Fiscalía pidiera el 6 de agosto que se inhibiera ya —los hechos de ambas causas «guardan identidad» y presentan una «íntima conexión», según el informe de la fiscal María Rosa Calvo— y de que Pedraz advirtiera a finales de julio de que plantearía una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo si no resolvía antes de septiembre. Con la inhibición, Zamarriego deja además sin efecto el volcado previsto de la grabación de Stampa y toda la investigación sobre las presuntas 'cloacas del PSOE' queda concentrada en Pedraz. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“el requerimiento de inhibición promovido por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5”

Leire Díez niega ante el juez Zamarriego que buscara «desestabilizar» causas judiciales que afectaran al PSOE y defiende que solo actuó como periodista

Según Europa Press (vía Telecinco), El Plural y Es Diario (7 de agosto de 2026), Leire Díez remitió al juez Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, primera causa del caso Leire Díez) un escrito en el que niega que su «investigación» tuviera como objetivo «desestabilizar ningún tipo de causa judicial que afectara a los intereses del PSOE» ni ninguna otra «finalidad espuria», y sostiene que solo buscaba «conseguir información en su condición de periodista». En esa causa Díez está investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, por presuntas maniobras contra mandos de la UCO de la Guardia Civil, jueces y fiscales. Su abogada, Eva Bejarano, sostiene que Díez fue «objeto de grabaciones ilegítimas» en conversaciones privadas, que habrían sido «modificadas» y «cortadas» para publicarse en prensa y alimentar «toda una campaña de desprestigio»; recurre además el rechazo del instructor a varias diligencias y pide que la Guardia Civil aporte la relación de consultas sobre Díez en sus bases de datos, los informes que existan sobre su reunión de marzo de 2025 con el comandante Rubén Villalba (imputado en el caso Koldo) y la testifical del hombre al que señala como filtrador del audio de su reunión con el empresario Alejandro Hamlyn, cuya difusión dio origen a la causa. Esta investigación es independiente de la que instruye Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, que ha solicitado unificar ambas causas, sin que por el momento se haya acordado. Son alegaciones de la defensa en diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“desestabilizar ningún tipo de causa judicial que afectara a los intereses del PSOE”

El juez Moreno prorroga seis meses más la instrucción de la pieza principal del caso Koldo, hasta el 8 de marzo de 2027, a la espera del análisis final de la UCO sobre los dispositivos intervenidos

Según Europa Press (vía The Objective y Menorca Es Diari) y Libertad Digital (5 de agosto de 2026), el juez Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, pieza principal del caso Koldo) acordó en un auto prorrogar seis meses más la instrucción de la causa —cuyo plazo vencía el 8 de septiembre—, hasta el 8 de marzo de 2027, «al encontrarse pendientes de realizar diversas diligencias de investigación». La prórroga fue adoptada a instancias del Ministerio Fiscal, la acusación popular unificada, la representación jurídica del Gobierno de las Islas Baleares y varias de las defensas. Entre lo pendiente destaca que la UCO de la Guardia Civil concluya el volcado y análisis del abundante material intervenido en los registros de febrero de 2024 —cuando la causa salió a la luz con la detención de los principales investigados—, que según recogió la Fiscalía incluye «documentación, efectos y metálico, evidencias digitales —teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento—»; solo en el domicilio alicantino de Koldo García se incautaron, según Libertad Digital, 23 teléfonos móviles y 12 discos duros externos, entre otros soportes. Siguen además pendientes diligencias solicitadas por la Fiscalía y las partes y la resolución de varios recursos de los que podrían derivarse nuevas actuaciones. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“al encontrarse pendientes de realizar diversas diligencias de investigación”

El juez Moreno acepta que la Abogacía del Estado represente en el caso Koldo a Ineco y Tragsatec, las empresas que contrataron a la expareja de Ábalos sin que realizara trabajo alguno

Según The Objective y Europa Press (4 de agosto de 2026), el juez Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional) aceptó mediante providencia la petición presentada el 30 de julio por la Abogacía General del Estado y acordó su personación en la pieza del caso Koldo que investiga los contratos de Jésica Rodríguez García en las empresas públicas Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) y Tragsatec (Tecnologías y Servicios Agrarios), en representación de ambas entidades («se le tiene por personada en la presente causa», según la resolución recogida por Europa Press), dándole acceso a la documentación de la causa. Rodríguez García, expareja del exministro José Luis Ábalos, está imputada en esta pieza por presuntos indicios de malversación tras haber percibido aproximadamente 43.950 euros de esas dos empresas públicas entre 2019 y septiembre de 2021 sin desempeñar función alguna, según los hechos declarados probados en la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio de 2026. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“se le tiene por personada en la presente causa”

Peinado remite a la Fiscalía Europea la pieza del contrato de 4 millones de Red.es a la UTE de Barrabés y KPMG y acuerda el archivo de las actuaciones «sin más trámite»

Según Europa Press (vía The Objective y Público, 4 de agosto de 2026), el juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) acordó en un auto remitir a la Fiscalía Europea (EPPO) la pieza separada abierta el 18 de junio dentro del caso Begoña Gómez por presuntas irregularidades en el contrato de 4 millones de euros adjudicado por Red.es a una UTE formada por Innova Next —empresa de Juan Carlos Barrabés— y KPMG, financiado con fondos FEDER de la Unión Europea, y acordó además el archivo de las actuaciones «sin más trámite». El magistrado expone que «resulta procedente», tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que en julio apartó a Barrabés del juicio con jurado de la causa principal, «remitir el conocimiento de los hechos a la Fiscalía Europea», que desde 2024 investiga una serie de contratos en UTE con participación de la sociedad de Barrabés adjudicados por Red.es con fondos europeos. La pieza se apoyaba en un informe de la UCO según el cual en los informes de valoración de la licitación se obvió «deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar». Son diligencias en curso ante la EPPO; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“remitir el conocimiento de los hechos a la Fiscalía Europea”

Calama encarga a la UDEF, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, un informe «exhaustivo» que reconstruya quince años de historia accionarial de Plus Ultra para determinar el alcance del capital venezolano

Según El Independiente, Infobae y The Objective (4 de agosto de 2026), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) acordó en una providencia, aceptando una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que la UDEF elabore «un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa» de Plus Ultra «desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés». El escrito fiscal pone el foco a partir de 2017 —año en que, según un informe previo de la UDEF de noviembre de 2025, entró capital de origen venezolano en la aerolínea, constituida el 25 de agosto de 2011— y pide valorar su «eventual impacto» «en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública» en 2021. La causa investiga el presunto tráfico de influencias vinculado al rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a Plus Ultra en 2021; entre los investigados figura el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa”

Pardo de Vera niega ante el juez Moreno haber favorecido adjudicaciones ferroviarias o conocido el cobro de comisiones en la pieza de obra pública del caso Koldo y cuestiona el valor probatorio de las conversaciones de Koldo García

Según Europa Press (vía El Progreso y Noticias de Álava, 4 de agosto de 2026), la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera presentó ante el juez Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional) un escrito en el que niega haber favorecido adjudicaciones de obra ferroviaria o haber conocido el cobro de las presuntas comisiones ilegales que investiga la pieza de obra pública del caso Koldo, y ofrece una versión alternativa a las conclusiones del informe de la UCO de la Guardia Civil que sustentaron su imputación. Sostiene que carecía de «capacidad autónoma, directa y eficaz para favorecer a determinadas empresas» al margen de la cadena ordinaria de informes, controles y autorizaciones; que las conversaciones de Koldo García recogen «preguntas, insinuaciones o expresiones» del exasesor con respuestas «evasivas» por su parte que «no revelan compromiso de resultado, orden de adjudicación, ni aceptación de una finalidad ilícita»; y que «el cargo no puede sustituir al acto, la conversación no puede sustituir al documento, la manifestación de Koldo no puede sustituir al expediente». Alega además que el atestado de la UCO no refleja ningún flujo patrimonial, pago, promesa o ventaja económica vinculada a su persona. La defensa solicita que el juez oficie a ADIF para que aporte la certificación final de los trabajos ejecutados por Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), una de las empresas investigadas; en una providencia, Moreno dio por recibido el escrito y preguntó a la Fiscalía Anticorrupción por la pertinencia de esa diligencia. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“el cargo no puede sustituir al acto, la conversación no puede sustituir al documento, la manifestación de Koldo no puede sustituir al expediente”

La defensa de Zapatero recurre el auto de Calama que autorizó a la UDEF a investigar más de 60 cuentas bancarias del expresidente y su entorno

Según El Español, Infobae y The Objective (3 de agosto de 2026), la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero presentó un recurso de reforma contra el auto del 29 de julio del juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) por el que el instructor autorizó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a acceder a más de 60 cuentas bancarias del expresidente, sus hijas, su secretaria y las sociedades del empresario Julio Martínez Martínez vinculadas al caso, con solicitud de movimientos desde el 1 de enero de 2020. El letrado del expresidente, Víctor Moreno Catena, pide anular la autorización concedida a la UDEF para «ampliar la información que se considere pertinente» sobre esos productos bancarios: sostiene —según recoge Infobae— que supone una «delegación en blanco en la Policía Judicial» y que cualquier petición adicional de la unidad policial requiere previa autorización judicial mediante resolución motivada; solicita también que Calama delimite el período temporal y el volumen de documentación que las entidades bancarias deben aportar. La defensa no cuestiona que el juez pueda recabar información financiera para esclarecer los hechos, sino el margen de actuación autónoma que el auto concede a la UDEF. La causa investiga el presunto tráfico de influencias en el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a Plus Ultra en marzo de 2021. Ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“ampliar la información que se considere pertinente”

El exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos pide a Pedraz anular la incautación y el clonado de su móvil y destruir la copia obtenida

Según EFE (vía Infobae) y Confilegal (31 de julio y 1 de agosto de 2026), la defensa de Juan Manuel Serrano —expresidente de Correos y jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018, investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025)— presentó ante el juez Santiago Pedraz un escrito en el que pide que se declaren nulos la incautación de su teléfono móvil —practicada por la UCO de la Guardia Civil en mayo, cuando aún no tenía la condición de investigado y, sostiene, «sin que existiera una resolución judicial que autorizara expresamente la misma»— y el posterior clonado y volcado del dispositivo, realizado sin la presencia del afectado y de su letrado que exigía el auto del instructor. Reclama la destrucción o inutilización definitiva de la copia íntegra obtenida y la devolución del terminal sin nuevo acceso; subsidiariamente, que un eventual nuevo clonado se practique en sede judicial, con su presencia y la de su abogado y previa audiencia sobre su necesidad y proporcionalidad. El escrito llega semanas antes de la comparecencia del 18 de agosto en la que Serrano debe «verificar» el clonado ante el juez. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“una restricción del secreto de las comunicaciones no amparada por autorización judicial válida”

Zarrías recurre el rastreo de sus once cuentas en el caso Leire y pide ceñir la pesquisa a la única desde la que se pagó a Leire Díez

Según EFE (vía Infobae) y Confilegal (31 de julio y 1 de agosto de 2026), el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías presentó un recurso de reforma contra el auto del juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) que ordenó rastrear desde 2022 ocho cuentas bancarias suyas y tres de su consultora Zaño Sociedad Consultores. Su defensa califica la medida de investigación «prospectiva» y «absurda» —«una actuación que busca sencillamente mirarlo todo a ver si se encuentra algo»— y pide limitar el análisis a la cuenta desde la que en 2024 se pagó a Leire Díez, y solo desde el 1 de enero de 2024, alegando que a Zarrías únicamente se le reprocha haber empleado a Díez ese año. La investigación de la UCO sitúa en la consultora el primer canal de los pagos del PSOE a Díez: cuatro transferencias de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“mirarlo todo a ver si se encuentra algo”

Pedraz abre una «pieza separada económica» y ordena rastrear 81 cuentas del PSOE, Zarrías, dos abogados y Crónica Libre en el caso Leire

Según El Independiente, The Objective y Libertad Digital (31 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO, abrir una «pieza separada económica» y ordenar a una docena de entidades bancarias —entre ellas Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Deutsche Bank, Unicaja y Abanca, según El Independiente— entregar movimientos, saldos, titulares y autorizados de 81 cuentas: seis vinculadas al PSOE, once a Gaspar Zarrías y su consultora Zaño, una al abogado Jacobo Teijelo, otra al digital Crónica Libre y 62 al abogado Ismael Oliver y sus sociedades, según el desglose del auto que publica The Objective. En el caso de Zarrías la información se retrotrae a 2022; en el resto, al 1 de enero de 2024. El objetivo es determinar si los pagos del PSOE respondieron a servicios reales o sirvieron para financiar actuaciones dirigidas a obtener información sobre jueces, fiscales y agentes de la UCO vinculados a causas que afectan al Gobierno y al PSOE. Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción citado por The Objective, Leire Díez recibió al menos 43.225 euros —cuatro nóminas de 4.000 euros de Zaño entre junio y septiembre de 2024 y una transferencia de 27.225 euros de Oliver Gruppe— y Teijelo facturó 125.000 euros al partido. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“pieza separada económica”

Calama rectifica y admite a trámite los ocho primeros apartados del incidente de nulidad de Zapatero en el caso Plus Ultra

Según Infobae, COPE, El Debate y El Español (31 de julio de 2026), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) rectificó en un nuevo auto la inadmisión por extemporáneo que dictó el 24 de julio y admitió a trámite los ocho primeros apartados del incidente de nulidad de actuaciones de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos la apertura de la pieza, la incorporación de las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, varias autorizaciones de entradas y registros y la inhibición del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid en favor de la Audiencia Nacional. El juez reconoce un error en el cómputo del plazo: aunque las partes accedieron a la causa el 25 de mayo, las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción no estuvieron disponibles hasta el 29 de mayo, por lo que el escrito presentado el 25 de junio entró dentro de plazo. Quedan fuera del incidente, por haber sido recurribles en su momento, las resoluciones que autorizaron los registros en el despacho de Zapatero y en las empresas Whathefav (de sus hijas), Softgestor e Inteligencia Prospectiva, el bloqueo parcial de cuentas y la pieza por presunto delito contra la Hacienda Pública y contrabando. El juez da traslado a las partes por cinco días. La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Vox presenta ante el TSJ de Extremadura su recurso para que David Sánchez, Gallardo y Carrero sean condenados también por tráfico de influencias

Según The Objective y EFE (vía Telemadrid) (30 de julio de 2026), Vox —acusación popular en la causa— presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz del 14 de julio, que condenó a David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa y lo absolvió del tráfico de influencias. En un escrito de más de cien páginas firmado por la letrada Marta Castro, Vox sostiene que los hechos probados que sustentan la prevaricación «nutren con igual solidez» el tráfico de influencias —con «un cuadro de 33 indicios convergentes», según The Objective—, que el tribunal «se detuvo inexplicablemente» en el umbral de ese delito y que la absolución parcial encierra «una contradicción interna insalvable»; considera que hay indicios de que la Diputación de Badajoz contrató a David Sánchez por ser hermano del presidente. Pide condenar por tráfico de influencias al propio Sánchez, al expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo (condenado a 18 años de inhabilitación) y al exasesor de Moncloa Luis Carrero (a 9 años), delito que permitiría imponer penas accesorias como la prohibición de contratar con la Administración o la pérdida de subvenciones. Su portavoz ya había anunciado el recurso el 20 de julio. La sentencia no es firme mientras se resuelven las apelaciones. Rige la presunción de inocencia.

“nutren con igual solidez”

Begoña Gómez sustituye a Antonio Camacho por el penalista Jaime Campaner y Peinado le da de plazo efectivo hasta septiembre para el escrito de defensa

Según Libertad Digital, Confilegal e Infobae (29 a 31 de julio de 2026), Begoña Gómez sustituyó a Antonio Camacho —exministro socialista del Interior que dirigía su defensa desde el inicio de la instrucción en 2024— por el penalista mallorquín Jaime Campaner, especializado en derecho penal económico y en procedimientos con jurado, de cara al juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Tribunal del Jurado 1146/2024); el cambio lo adelantó la Cadena Ser el 29 de julio. Campaner pidió diez días para instruirse en la causa y presentar el escrito de defensa (conclusiones provisionales); en una providencia del 30 de julio, el juez Juan Carlos Peinado le concedió siete —frente a los cinco ordinarios— y recordó que agosto es inhábil a efectos procesales, con lo que el plazo efectivo se extiende a septiembre. La víspera, la acusación popular de HazteOír había rebajado de 24 a 13 años su petición de prisión. La causa está pendiente de la apertura del juicio oral; los hechos no están judicialmente probados. Rige la presunción de inocencia.

Calama rechaza suspender las inspecciones fiscales de la Agencia Tributaria a Zapatero, su familia y Julio Martínez en el caso Plus Ultra

Según The Objective, El Español y elDiario.es (30 de julio de 2026), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) rechazó las solicitudes de las delegaciones de la Agencia Tributaria de Madrid y Valencia de suspender las inspecciones fiscales abiertas a José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosa —que no está imputada—, sus hijas Alba y Laura, la sociedad Whathefav y el empresario Julio Martínez Martínez. La AEAT había comunicado al juzgado el 3 de julio la apertura de esas actuaciones —Sociedades, IVA, IRPF, Patrimonio y el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, en ejercicios desde 2021— e invocaba la prejudicialidad penal para interrumpir los plazos de prescripción de la eventual deuda tributaria. Calama siguió el criterio de la Fiscalía Anticorrupción —que apreció una «ausencia absoluta de correspondencia» entre ambas investigaciones— y recuerda que la suspensión de actuaciones administrativas es «una medida excepcional, de aplicación restrictiva»: la causa penal no investiga por ahora delitos contra la Hacienda Pública y no hay identidad entre los hechos aunque coincidan las personas; solo la pieza de las joyas halladas en su oficina podría tener relevancia fiscal, insuficiente por sí sola para suspender. El juez pide a la AEAT que le comunique cualquier indicio de delito fiscal que halle. La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“una medida excepcional, de aplicación restrictiva”

La Fiscalía Europea pide información al juez Moreno sobre las obras del caso Koldo para determinar si hubo fondos de la UE

Según Libertad Digital (29 de julio de 2026) y Moncloa.com (30 de julio de 2026), la oficina en Madrid de la Fiscalía Europea remitió un oficio al juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional) interesándose por la pieza de adjudicaciones de obra pública del caso Koldo: pide saber si las obras identificadas por la Comisión Europea son objeto de esa investigación y si se ha determinado la procedencia de los fondos con que se pagaron, para delimitar su posible competencia —la Fiscalía Europea solo es competente cuando hay intereses financieros de la UE afectados—. En una providencia del 28 de julio, Moreno le pidió antes de contestar que «amplíe los datos de las obras enumeradas», recordando que en la pieza se investigan las obras procedentes de la Causa Especial 20775/2020 del Supremo; la petición no implica que la Fiscalía Europea asuma la causa. En esa pieza el juez indaga la relación de varias constructoras, principalmente Acciona, con Servinabar, la sociedad que según la UCO habría servido para canalizar las presuntas comisiones de la trama que se atribuye a Santos Cerdán. Moncloa.com concreta el interés en cuatro contratos: los tres del primer informe de la UCO —la A-68 en Arrúbal-Navarrete (Logroño), la ampliación del Puente del Centenario (Sevilla) y la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat— más el desdoblamiento de los túneles de Belate, incorporado a la causa el 27 de julio. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“amplíe los datos de las obras enumeradas y cuya información precisa”

Pedraz rechaza apartar cautelarmente a la directora de la Guardia Civil y al DAO del mando de la UCO durante la instrucción del caso Leire

Según El Debate, EsDiario y EFE (vía Telecinco) (29 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) rechazó («no ha lugar») en una providencia la medida cautelar solicitada por la acusación popular unificada para prohibir a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y al director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas cualquier facultad de mando, dirección o supervisión sobre la UCO mientras permanecen investigados en la causa. El magistrado razona que la UCO actúa en este procedimiento como policía judicial y «solo habrá de dar cuenta a este instructor», y que si la unidad se considera «inquietada en sus funciones» deberá ponerlo en conocimiento del juzgado. En la misma providencia, Pedraz decidió no citar todavía a declarar a Leire Díez —a la espera de recibir la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid— ni al expresidente de la SEPI Vicente Fernández ni al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, cuyo teléfono está pendiente de volcado previsto para el 18 de agosto, y rechazó por ahora imputar a dos responsables de Correos a los que la acusación vincula con la creación del puesto que ocupó Díez en la empresa pública. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“solo habrá de dar cuenta a este instructor”

Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el caso Leire y lo cita a declarar el 10 de septiembre

Según Infobae, El Independiente, Libertad Digital y Confilegal (29 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) imputó al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos —en el cargo entre junio de 2023 y septiembre de 2024— en la investigación sobre las presuntas maniobras para interferir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE, y lo citó a declarar como investigado el 10 de septiembre de 2026. Pedraz había rechazado semanas antes esa imputación; en una providencia del 29 de julio cambia de criterio tras las nuevas diligencias practicadas y un nuevo escrito de la acusación popular unificada, después de que el exjefe de la UCO Rafael Yuste declarara que Marcos y el DAO Manuel Llamas le presionaron para que la unidad «se pusiera de perfil» en causas que afectaban al entorno del Gobierno. La providencia no concreta los delitos atribuidos; Marcos se convierte en el tercer mando de la Guardia Civil investigado en la causa, junto a la directora general Mercedes González y Llamas. En la misma resolución, Pedraz citó como testigo para el mismo 10 de septiembre al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, y reclamó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz el expediente íntegro —comunicaciones internas incluidas— de la denuncia que la asociación Hazte Oír presentó contra Leire Díez. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El colaborador de la Guardia Civil que organizó la reunión Díez–Villalba declara ante Pedraz que Díez decía actuar «en nombre del 'one'»

Según El Independiente, The Objective, Servimedia (vía Telemadrid) y Europa Press (vía El Diario Cantabria) (29 de julio de 2026), Daniel Mateo, colaborador de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, declaró el 29 de julio como testigo ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025). Mateo organizó —e informó de ello a la Jefatura— la reunión de marzo de 2025 en un restaurante de Leganés entre Leire Díez y el comandante Rubén Villalba, y relató que Díez se presentó como colaboradora de Santos Cerdán y decía actuar «en nombre del 'one'», expresión que, ante su insistencia, ella concretó como «Pedro» y que, según los informes de la UCO, haría referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Declaró que consultó a Koldo García —al que conocía de la lucha antiterrorista—, quien le dijo que Díez no tenía cargo en el PSOE pero podía tener acceso a altos cargos, incluido el presidente; que Díez le trasladó que en Moncloa había «enfado» por no poder frenar investigaciones judiciales; y que en su presencia Díez mantuvo una llamada con una mujer a la que saludó como «Mercedes», que él interpretó que era la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, investigada en la causa. Preguntado por la credibilidad de Díez: «me daba credibilidad y miedo». Es la versión de un testigo en una instrucción en curso, referida por fuentes jurídicas a los medios; nada de ello está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“en nombre del 'one'”

Calama autoriza a la UDEF a acceder a más de 60 cuentas bancarias de Zapatero, su familia, su secretaria y las sociedades del caso Plus Ultra

Según elDiario.es, El Plural, Euronews y Libertad Digital (29 de julio de 2026), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) autorizó en un auto a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) a acceder a más de 60 cuentas bancarias en más de diez entidades, con efecto desde el 1 de enero de 2020, a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer —Sonsoles Espinosa—, sus hijas Alba y Laura (y Whathefav SL, la sociedad que administran), su secretaria personal María Gertrudis Alcázar Jiménez, el empresario Julio Martínez Martínez y sociedades investigadas de su entorno, en la causa por el rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra en marzo de 2021. El auto, citando el informe de la UDEF, sostiene que los indicios revelan «una estructura jerarquizada» con Zapatero «como beneficiario principal» y Martínez «como gestor y canalizador». Sobre Alcázar recoge que adquirió una vivienda por 132.055 euros sin hipoteca mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, aunque precisa que no se han detectado ingresos del entramado hacia ella y que el análisis se justifica por su papel de gestión en la organización. Calama ordenó además abrir una pieza separada para depurar los datos bancarios irrelevantes para la causa o que afecten a la intimidad. La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La Fiscalía comunica a Peinado que no formulará acusación contra Begoña Gómez y anuncia un escrito de conclusiones absolutorias

Según Libertad Digital y Vozpópuli (28 de julio de 2026), la Fiscalía comunicó por escrito al juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Tribunal del Jurado 1146/2024), «a fin de evitar equívocos», que no formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio contra Begoña Gómez ni contra su asesora Cristina Álvarez, y que interesa un traslado posterior para presentar un escrito «de conclusiones absolutorias». La comunicación se produce en el marco del plazo de cinco días que Peinado dio el 20 de julio a las acusaciones para reformular sus escritos tras el auto de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid del 16 de julio —que limitó el juicio con jurado a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación—, y un día después de que la acusación popular presentara su escrito pidiendo 13 años de prisión. La causa está en la fase previa al juicio oral ante jurado; los hechos investigados no están judicialmente probados. Rige la presunción de inocencia.

“No se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio”

La Complutense reclama a Begoña Gómez y a su asesora 113.509 euros de indemnización civil si son condenadas por la malversación del software de la cátedra

Según Infobae y Europa Press (vía elDiario.es), el 28 de julio la Universidad Complutense de Madrid, personada como perjudicada en la causa, presentó ante el juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Tribunal del Jurado 1146/2024) su escrito de conclusiones provisionales: no formula acusación penal, pero cuantifica en 113.509,32 euros la responsabilidad civil que reclama solidariamente a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez —cooperadora necesaria, según el escrito— en caso de condena por malversación. La cantidad corresponde al presunto desvío del software desarrollado en el seno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva con medios y personal de la universidad, que se habría materializado mediante el registro de la marca TSC, la transferencia del dominio y la constitución de la sociedad Transforma TSC S.L.; la UCM pide además la restitución del software y de los activos asociados. El escrito responde al plazo de cinco días que Peinado dio el 20 de julio a las acusaciones tras el auto de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid del 16 de julio, que limitó los delitos a tráfico de influencias y malversación. Rige la presunción de inocencia.

Las exadministrativas del PSOE declaran ante Pedraz que Cerdán autorizaba los gastos y viajes de Leire Díez; la UCO clona sus dispositivos tras la declaración

Según Europa Press (vía Infobae) y Libertad Digital (28 de julio de 2026), Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro —exadministrativas de la Secretaría de Organización del PSOE, que declaran como testigos tras retirarles el juez la imputación— comparecieron el 28 de julio ante Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) y declararon que gestionaban los viajes y billetes de Leire Díez por indicación de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, que autorizaba los gastos —algo excepcional al tratarse de una persona ajena a la Ejecutiva—, y que Díez accedió al aparcamiento de la sede de Ferraz en más de una decena de ocasiones enviando un mensaje para que le dieran acceso. Relataron asimismo algunas reuniones de Cerdán con Díez, sin reflejo en su agenda oficial, en las que también habrían participado el empresario Javier Pérez Dolset y el exjefe de gabinete Juan Manuel Serrano. Al término de la declaración, agentes de la UCO de la Guardia Civil clonaron los dispositivos de ambas testigos, que deberán aportar sus comunicaciones de abril de 2024 a junio de 2025 con Díez, Cerdán, Serrano y la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El juez Moreno incorpora a la causa de obra pública la adjudicación de los túneles de Belate, el mayor contrato de Servinabar, obtenido en UTE con Acciona Construcción

Según Infobae y elDiario.es (27 de julio de 2026), el juez Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, caso Koldo) acordó por providencia incorporar a la pieza separada sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública el expediente del desdoblamiento de los túneles de Belate (Navarra), adjudicado por el Gobierno de Navarra en diciembre de 2023 a la UTE formada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000 —el mayor contrato logrado por la empresa de la que Santos Cerdán habría sido copartícipe—. La decisión responde a un oficio de la UCO de la Guardia Civil, que comunicó al juzgado que está analizando esa licitación y que elaborará un informe ampliatorio sobre el procedimiento seguido para su adjudicación, en cumplimiento de un requerimiento judicial del 17 de julio. En la pieza figuran como investigados, entre otros, Santos Cerdán y José Luis Ábalos por adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La acusación popular reformula su escrito en el caso Begoña Gómez y pide 13 años de prisión; solicita además que Pedro Sánchez declare como testigo ante el jurado

Según Libertad Digital, The Objective y COPE (27 de julio de 2026), Hazte Oír —que encabeza la acusación popular unificada en el caso Begoña Gómez— presentó ante el juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Tribunal del Jurado 1146/2024) su escrito de conclusiones provisionales reformulado, en cumplimiento del plazo de cinco días que el magistrado fijó el 20 de julio tras el auto de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid del 16 de julio, que redujo los delitos perseguibles a tráfico de influencias y malversación, descartando la corrupción en los negocios y la apropiación indebida. La acusación popular solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez —dos por tráfico de influencias, tres por malversación continuada y ocho por malversación agravada, frente a los 24 años que pedía inicialmente— y 6 años para su asesora Cristina Álvarez como cooperadora necesaria de la malversación; pide asimismo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo ante el jurado, por el uso de La Moncloa como «ámbito relacional del proyecto». El juicio con jurado está pendiente de señalamiento. Los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La UCO sitúa a Cerdán y Koldo García en un Kia Sportage pagado por Servinabar para desplazarse juntos al Congreso de los Diputados

Según edatv.news, que atribuye la información en origen a ABC (27 de julio de 2026) —recogida también, de forma más genérica, por Que!—, el informe patrimonial de la UCO de la Guardia Civil remitido al juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional) sitúa a Santos Cerdán y Koldo García en un Kia Sportage cuyas cuotas pagaba Servinabar 2000 —la empresa de Joseba Antxon Alonso—, utilizado para acudir al Congreso de los Diputados: en un episodio reconstruido del 15 de febrero de 2017, Koldo García viajó hasta Milagro (Navarra), donde residía Cerdán, y ambos siguieron viaje hasta Madrid en ese vehículo, localizado después frente al Congreso. Los investigadores sostienen que asumir el coste de ese turismo «formaría parte de las ventajas que, presuntamente, recibió Cerdán» por su vínculo con la empresa navarra. El hallazgo se suma a los que la UCO ya recogió a mediados de julio en su informe patrimonial sobre Cerdán: el renting de un Toyota RAV4 pagado en efectivo por el entonces delegado de Acciona en Navarra y al menos 323.178 euros en beneficios de Servinabar para Cerdán y su familia. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El juez del caso Montoro prorroga seis meses una instrucción «sumamente compleja» con 17 investigados aún por citar, entre ellos el exministro

Según EFE (vía Infobae), Europa Press (vía Deia) y The Objective (27 de julio de 2026), el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus, acordó en un auto prorrogar seis meses más, a contar desde el 26 de julio, la instrucción del caso Montoro, abierta en 2018 y mantenida en secreto hasta junio de 2025. La causa investiga si el despacho Equipo Económico —fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que se desvinculó de él al entrar en el Gobierno—, «mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes», en particular las empresas de gases industriales interesadas en la reforma del impuesto eléctrico; se instruye por presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. El juez justifica la prórroga en que la investigación es «sumamente compleja»: de los quince investigados ya citados solo uno declaró —el resto se acogió a su derecho a no declarar a la espera de los recursos sobre la nulidad de pruebas que resolverá la Audiencia de Tarragona—, quedan 17 por citar, entre ellos el propio Montoro, y faltan informes policiales, incluido el análisis del Fichero de Titularidades Financieras autorizado a los Mossos d'Esquadra. Los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“sumamente compleja”

Pedraz cita el 28 y el 29 de julio a cuatro testigos del caso Leire —dos exadministrativas del PSOE, un exalto cargo de la Xunta con condena previa y un presunto enlace con la Guardia Civil— para cerrar la ronda de interrogatorios de julio

Según EFE (vía Infobae) y El Debate (26 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) cerrará la ronda de interrogatorios de julio con la toma de declaración como testigos de cuatro personas: el martes 28, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez —exadministrativas de la Secretaría de Organización del PSOE, cuya imputación fue retirada en julio al no apreciar Pedraz «indicios suficientes» de que conocieran «la finalidad última» de sus gestiones—; y el miércoles 29, José Norberto Uzal —exalto cargo de la Xunta de Galicia con condena previa por fraude de IVA en hidrocarburos, que ya había declarado en la causa— y un presunto colaborador de la Guardia Civil que habría actuado como enlace entre la investigada Leire Díez y el comandante Rubén Villalba. Las dos exadministrativas, a las que se devolverán los móviles incautados en el registro de Ferraz, deberán entregar además sus comunicaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con Santos Cerdán, Juanma Serrano, Leire Díez y la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco. Ninguno de los hechos investigados está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El juez Moreno mantiene la imputación de Jésica Rodríguez y rechaza que la sentencia del Supremo a Ábalos impida investigarla por los mismos hechos

Según Infobae y Europa Press (vía The Objective y Noticias de Gipuzkoa) (24 de julio de 2026), el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, caso Koldo) rechazó en un auto del 23 de julio el recurso de reforma presentado por la defensa de Jésica Rodríguez García —expareja del exministro José Luis Ábalos— y confirmó su imputación por indicios de un presunto delito de malversación relacionado con los sueldos que percibió de las empresas públicas Ineco y Tragsatec entre 2019 y 2021 sin desempeñar función alguna —aproximadamente 43.950 euros en total según los datos de la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio de 2026—. La defensa alegó tres motivos: falta de motivación de la providencia del 3 de julio que la citaba como investigada, cosa juzgada por cuanto los hechos habrían sido ya objeto de la sentencia condenatoria a Ábalos y Koldo García, y prescripción de la acción penal. El juez rechazó los tres: la citación se apoyaba en el informe del Ministerio Fiscal del 1 de julio, el Supremo no juzgó a Rodríguez —declaró solo como testigo— y el delito que se le atribuye es la malversación, no la obtención de los contratos. La resolución no es firme: cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra tras reconocer el pago de comisiones por el rescate de la SEPI; Hugo Castaño asumirá la presidencia ejecutiva

Según adelantó ABC y confirmaron a EFE fuentes cercanas a los accionistas (teletipo recogido por Infobae), y según The Objective y El Independiente, Julio Martínez Sola —cofundador y presidente de la aerolínea— y Roberto Roselli —consejero delegado— dimitieron de sus cargos el 24 de julio, días después de entregar al juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) sendos escritos en los que reconocen que Plus Ultra pagó 530.000 euros —el 1% del rescate de 53 millones de la SEPI— por labores de «acompañamiento» en el préstamo, repartidos entre tres sociedades vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez (Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe), y el mismo día en que el juez los citó como investigados para declarar en septiembre. Hugo Castaño, accionista minoritario, asumirá la presidencia ejecutiva concentrando ambas funciones, nombramiento pendiente de aprobación de la SEPI al seguir la compañía bajo su supervisión tras el rescate. La causa, en la que también está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sigue en instrucción y ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Calama inadmite por extemporáneo el incidente de nulidad de Zapatero y cita como investigados al presidente y al CEO de Plus Ultra para septiembre

Según Europa Press (vía Infobae), El Español y Euronews, el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) inadmitió a trámite el 24 de julio el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por considerarlo registrado —el 25 de junio— fuera del plazo legal de veinte días desde que la parte tuvo acceso a las actuaciones, sin entrar en el fondo. En paralelo, citó como investigados a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, para declarar el 7 de septiembre, y a Roberto Roselli, consejero delegado, para el 8; ambos habían presentado el 20 de julio escritos en los que anunciaban su colaboración y reconocían pagos a la consultora Análisis Relevante, del empresario Julio Martínez Martínez, por las gestiones conducentes al rescate de 53 millones concedido por la SEPI en 2020. El expresidente niega cualquier irregularidad. La causa sigue en instrucción y ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“Este plazo de 20 días es un límite perentorio, que no admite ampliación ni interpretación extensiva”

Anticorrupción pide a Calama ampliar la tasación de las joyas intervenidas a Zapatero, valoradas inicialmente en 1,3 millones por Ansorena

Según The Objective, Infobae y Qué!, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez José Luis Calama que requiera a la joyería Ansorena una ampliación de su informe pericial sobre las joyas halladas el 19 de mayo en una caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid: la tasación inicial cifró el conjunto en torno a 1,3 millones de euros, pero no precisó ni el valor actual de mercado ni la fecha de engarce de las piezas, datos que la Fiscalía considera necesarios para determinar el posible origen de los bienes en la pieza separada por presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. Zapatero ha sostenido que se trata de regalos de cortesía y niega cualquier irregularidad. La investigación sigue en curso y ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La acusación popular pide a Pedraz apartar cautelarmente del mando de la UCO a la cúpula de la Guardia Civil y reitera la imputación del exdirector Leonardo Marcos

Según Libertad Digital y The Objective, la acusación popular unificada, coordinada por el PP, presentó el 24 de julio ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) una doble petición. Primera: prohibir cautelarmente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas —ambos investigados en la causa desde el 2 de julio— «cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la UCO», con el argumento de que los agentes que han declarado sobre presiones «siguen orgánicamente subordinados a los investigados». Segunda: citar como investigado, por segunda vez, al exdirector general Leonardo Marcos —Pedraz rechazó la primera petición al no apreciar indicios contra él—, después de que el exjefe de la UCO Rafael Yuste declarara haber recibido presiones de Marcos y de Llamas para que la unidad «se pusiera de perfil» en la investigación sobre David Sánchez. El juez no ha resuelto las peticiones. Son escritos de parte en una instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El juez Moreno reclama a Hacienda los expedientes fiscales 2021-2023 de constructoras cuyos contratos investiga la rama de obra pública del caso Koldo

Según Europa Press (vía Andalucía Información) y The Objective, el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, caso Koldo) requirió el 24 de julio a la Agencia Tributaria la «copia completa de los expedientes seguidos a dichas mercantiles por los impuestos devengados en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023», en referencia a Acciona —especialmente a través de su filial Acciona Construcción—, Levantina Ingeniería y Construcción y Regadíos, cuyos contratos públicos forman parte de las diligencias; a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) le pidió además informes fiscales de esas empresas y de MER Construcción. La documentación se remitirá a la Guardia Civil, a la que encarga un informe sobre la documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera. La pieza investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública del Ministerio de Transportes —por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación— con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán entre los principales investigados; el juez sostiene que las actuaciones «no se enmarcan en una mera sospecha». Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El Supremo rechaza el incidente de nulidad de Pardo de Vera contra la sentencia del caso mascarillas y ampara en el derecho de defensa las declaraciones de Aldama

Según EFE (vía Infobae) y Libertad Digital, la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazó, mediante una providencia firmada por su presidente, Andrés Martínez Arrieta, el incidente de nulidad planteado por Isabel Pardo de Vera: la expresidenta de Adif —investigada en la Audiencia Nacional por el caso Koldo y que declaró como testigo en el juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama— alegaba que la sentencia condenatoria vulneraba su presunción de inocencia al mencionarla. El Supremo responde que «no ha sido parte en esta causa, lo que impide la incoación del incidente» y que las afirmaciones de la sentencia se circunscriben a la valoración de su declaración testifical «en relación exclusivamente con los hechos enjuiciados en el presente procedimiento, con todas las garantías». En la misma resolución deniega la licencia pedida por el empresario Manuel Contreras (Grupo Azvi) para querellarse por calumnias contra Víctor de Aldama por sus declaraciones en el juicio, al considerarlas amparadas por el derecho de defensa. La causa que afecta a Pardo de Vera sigue en instrucción. Rige la presunción de inocencia.

Iustitia Europa pide al Tribunal de Cuentas que exija a David Sánchez la devolución de los 340.572 euros cobrados en la Diputación de Badajoz

Según Libertad Digital y EFE (vía Infobae), Iustitia Europa —una de las acusaciones del proceso penal— presentó el 23 de julio ante el Tribunal de Cuentas una acción de responsabilidad contable para que se investiguen, cuantifiquen y, en su caso, se reintegren las cantidades abonadas por la Diputación de Badajoz a David Sánchez Pérez-Castejón —340.572,36 euros brutos entre julio de 2017 y mayo de 2025— y al exasesor de Moncloa Luis Carrero —86.988 euros por su plaza en la institución—, tras la sentencia del 14 de julio de la Audiencia Provincial de Badajoz, que condenó a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de prevaricación administrativa y señaló que el pronunciamiento sobre la devolución de esos salarios «habría de reservarse» a «la jurisdicción contable que incumbe al Tribunal de Cuentas». Según EFE, también Vox pidió al Tribunal de Cuentas incoar actuaciones previas para depurar la eventual responsabilidad contable. La sentencia no es firme: las defensas anunciaron recurso ante el TSJ de Extremadura. Rige la presunción de inocencia.

El juez Moreno pide a cinco bancos información sobre las cuentas de la esposa, hija, hermana y cuñado de Santos Cerdán por su posible vinculación con los fondos de Servinabar

En un auto al que tuvo acceso EFE el 22 de julio, el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, caso Koldo) requirió a BBVA, CaixaBank, Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra los datos de una veintena de cuentas y otros productos financieros de la esposa, la hija, la hermana y el cuñado de Santos Cerdán, al considerar que también pudieron haber sido beneficiarios —directa o indirectamente— de fondos procedentes de Servinabar 2000, como las nóminas de la esposa y la hermana soportadas por la empresa. El auto atendió una petición de la UCO de la Guardia Civil apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, y se adoptó días después de que el magistrado recibiera el informe patrimonial de la UCO que cifró en 323.178 euros los beneficios presuntamente irregulares obtenidos por Cerdán y su entorno familiar entre 2015 y 2024. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Narbona niega ante la comisión Koldo del Senado ser la «madrina» de Leire Díez y abre la puerta a que el PSOE presente una querella contra ella

Según elDiario.es, El Español y la crónica de EFE recogida por Público, Cristina Narbona, presidenta del PSOE, compareció el 22 de julio ante la Comisión de Investigación del caso Koldo del Senado —citada a petición del PP para explicar sus contactos con la investigada Leire Díez—. Negó ser su «madrina», haber mediado en sus nombramientos en ENUSA y Correos y haber conocido las reuniones de Díez en Ferraz, todo lo cual atribuyó al ámbito de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE. Sostuvo que solo puso a Díez en contacto con Cerdán, quien le dijo que no había aportado nada de interés. Sobre una eventual querella del PSOE contra Díez, dijo que la decisión se tomará más adelante, a la vista de la evolución de la causa. Negó asimismo que el PSOE cobrara «contrapartidas económicas» de empresas privadas o tuviera una «caja B». Es una comparecencia parlamentaria; los hechos investigados no están judicialmente probados. Rige la presunción de inocencia.

El Supremo levanta a Aldama las medidas cautelares del caso mascarillas tras declararse firme la sentencia

Según una providencia recogida por Europa Press (republicada el 22 de julio por Infobae, Noticias de Navarra y otros medios), la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ordenó la extinción de las medidas cautelares impuestas al empresario Víctor de Aldama por el magistrado instructor Leopoldo Puente Segura: retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales. La Sala razona que, aunque siguen pendientes aclaraciones como el incidente de nulidad presentado por las defensas de Ábalos y Koldo García, la «consecuencia lógica del dictado» de la sentencia firme es «el decaimiento de las medidas cautelares». Aldama mantiene las medidas acordadas por el juez Santiago Pedraz en la causa de hidrocarburos —prohibición de salir de España sin autorización judicial y comparecencias semanales—, que son independientes de la sentencia del caso mascarillas. Fue condenado el 22 de junio de 2026 a cuatro años de prisión por organización criminal y cohecho, con la ejecución de la pena suspendida por la atenuante de colaboración muy cualificada. Rige la presunción de inocencia respecto de los hechos aún pendientes de resolución.

La Fiscalía Anticorrupción anuncia que pedirá nuevas declaraciones del presidente y el CEO de Plus Ultra tras los escritos en los que implicaron a Zapatero

Según Infobae y El Correo Gallego, en la declaración de Julio Martínez Martínez ('Julito') el 21 de julio en el caso Plus Ultra (AN, DP 77/2024), la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente expresó en su turno la necesidad de volver a citar al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roselli, para que profundicen en sus escritos; según El Correo Gallego, la Fiscalía solicitará esas comparecencias, aunque la diligencia probablemente no se produzca hasta septiembre. Ambos directivos habían presentado el lunes 20 de julio sendos escritos en los que reconocen el pago acordado del 1% del rescate de 53 millones de la SEPI a la consultora de 'Julito' —Martínez Sola cifra el total, vuelos incluidos, en 527.417 euros— e implican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en las gestiones del crédito: Sola relata una llamada desde número oculto en la que Zapatero manifestó que «su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas». Las defensas de los tres investigados avisaron con antelación a la Fiscalía de los escritos y, según El Correo Gallego, «en esencia, los tres empresarios admiten lo mismo» sobre el papel de Zapatero. El expresidente niega cualquier intervención. La causa sigue en instrucción y ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

'Julito' admite ante el juez Calama que pagó a las hijas de Zapatero tres años sin que trabajaran «por ser quienes son» y ratifica que el expresidente lideraba de facto la consultora

Según The Objective, El Independiente y Vozpópuli, Julio Martínez Martínez ('Julito') completó el 21 de julio una declaración de casi cuatro horas como investigado ante el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) en la que ratificó íntegramente su escrito de la víspera: Análisis Relevante —la consultora de la que él era administrador formal— era en realidad el «vehículo» de la actividad de Zapatero, que aunque nunca figuró como socio o administrador era quien «la lideraba» y decidía «todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes». Según Vozpópuli, reconoció además que utilizó varias sociedades para canalizar comisiones al expresidente y a sus hijas, y que fue Zapatero quien le puso en contacto con los directivos de Plus Ultra y con la exvicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, su principal interlocutora en Venezuela. Sobre los pagos a las hijas, admitió que siguió abonando a Whathefav SL —sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa— una iguala de 3.000 euros al mes hasta 2025 pese a que, desde 2022, ya no realizaban trabajo alguno; según okdiario lo justificó «por ser quienes son». Whathefav facturó en torno a 240.000 euros a Análisis Relevante entre 2020 y 2025, cifra ya recogida en los informes de la UDEF y ahora corroborada por el propio investigado. Preguntado ante quién medió Zapatero para conseguir el rescate, dijo desconocerlo. La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“por ser quienes son”

'Julito' Martínez se presenta ante el juez Calama y declara como investigado sobre la presunta implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra

Según el directo de El Español, el martes 21 de julio Julio Martínez Martínez ('Julito') llegó a las 8:47 horas a la Audiencia Nacional para comparecer como investigado ante el juez José Luis Calama en la causa Plus Ultra (AN, DP 77/2024); el interrogatorio se prolongó más de hora y media antes del primer receso. El día antes, Martínez había presentado un escrito en el que sostenía que Zapatero «marcaba los pasos a seguir» en la consultora Análisis Relevante y que habría cobrado una comisión del 1% —unos 530.000 euros— por conseguir el rescate de 53 millones de la SEPI a la aerolínea; según El Independiente y Libertad Digital (previos a la comparecencia), su intención anunciada era ratificar ese escrito y responder a las preguntas del juez y de la Fiscalía Anticorrupción. La versión del escrito contradice la declaración de Zapatero del 18 de junio, en la que negó cualquier influencia. La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Peinado acata el auto de la Audiencia y da cinco días a las acusaciones para reformular sus escritos en el caso Begoña Gómez ciñéndolos a los dos delitos que permanecen vivos

Según un auto al que tuvo acceso EFE (recogido por The Objective), el juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Tribunal del Jurado 1146/2024) trasladó a las acusaciones el auto de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid del 16 de julio que avala el juicio con jurado únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. En la resolución, fechada el domingo 19 y conocida el lunes 20, Peinado da a la acusación popular unificada que lidera Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid —perjudicada en la causa— un plazo de cinco días para presentar nuevos escritos de conclusiones provisionales, excluyendo los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que la Audiencia descartó; después dará traslado a las defensas. El propio auto precisa que el juzgado solicitó copia de la resolución tras conocer su resultado «por la prensa». Es una diligencia de trámite que prepara el camino hacia el juicio oral; aún no hay fecha de vista. Rige la presunción de inocencia.

Los tres investigados del caso Koldo por el «enchufe» de Jésica Rodríguez se acogen al silencio ante el juez Ismael Moreno en su primera comparecencia

Según elDiario.es, The Objective y Público, el lunes 20 de julio Jésica Rodríguez García —expareja del exministro José Luis Ábalos—, Joseba García Izaguirre —hermano de Koldo García— e Ignacio Zaldívar de la Rica —exdirector de Gestión Administrativa de Adif— se acogieron al derecho a no declarar en su primera comparecencia como investigados ante el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, caso Koldo). Los tres son investigados por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias por la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec entre 2019 y 2021. Según la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio de 2026 que condenó a Ábalos y Koldo, Rodríguez percibió unos 43.950 euros (34.450 de Ineco y 9.500 de Tragsatec) sin desempeñar función alguna; ella misma lo reconoció ante el Supremo al declarar como testigo. Son diligencias de instrucción en curso; no hay hechos probados ni condena. Rige la presunción de inocencia.

Vox anuncia recurso de apelación ante el TSJ de Extremadura para que David Sánchez y Gallardo sean condenados también por tráfico de influencias

Según The Objective, El Debate, Última Hora y Catalunya Press, el 20 de julio el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, anunció que el partido presentará recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz del 14 de julio, que condenó a David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— a nueve años de inhabilitación como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa pero lo absolvió del delito de tráfico de influencias. Según El Debate, el recurso anunciado pide que se condene por ese delito no solo a David Sánchez sino también al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y a las nueve personas restantes absueltas de ese cargo. Vox sostiene que hay «pruebas suficientes» para esa condena adicional. La sentencia no es firme mientras estén abiertos los plazos de apelación para todas las partes. Rige la presunción de inocencia.

“Es evidente que hay un tráfico de influencias.”

Los escritos anunciados entran en la Audiencia Nacional: 'Julito' y el presidente de Plus Ultra detallan al juez Calama la presunta intervención de Zapatero en el rescate

Según El Español, Infobae y The Objective, este 20 de julio se materializaron los escritos anunciados la víspera en la causa Plus Ultra (AN, DP 77/2024). Julio Martínez Martínez ('Julito'), citado a declarar como investigado el 21 de julio, sostiene ante el juez José Luis Calama que Zapatero «marcaba los pasos a seguir» y lideraba de facto la consultora que pactó una comisión del 1% del rescate SEPI de 53 millones (contrato con Idella Consulenza, enero de 2021). En paralelo, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola —persona distinta de 'Julito'—, presenta un escrito de 56 páginas: relata una llamada de número oculto del 30 de abril de 2020 en la que el expresidente ofreció «hacer las gestiones oportunas» y derivó el contacto a 'Julito' como persona de su confianza, y cuantifica 530.000 euros pagados a tres sociedades de este más 69.000 euros en vuelos business no abonados. Según El Español, el relato contradice la declaración de Zapatero del 18 de junio, en la que negó la llamada. La causa sigue en instrucción y ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“Recibí una llamada de número oculto y resultó ser el expresidente.”

'Julito' Martínez y el presidente de Plus Ultra declararán ante el juez Calama que Zapatero cobró una comisión por el rescate — la declaración está citada para el 21 de julio

Según fuentes citadas este 19 de julio por El Español, Esdiario y Nuevaradio, Julio Martínez Martínez ('Julito'), el empresario alicantino al que el juez José Luis Calama identifica como 'lugarteniente principal' de la presunta red del caso Plus Ultra (Audiencia Nacional, DP 77/2024), prevé decir al magistrado que actuó como instrumento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para cobrar presuntas comisiones derivadas del rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra en 2021. En paralelo, el fundador y presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola —persona distinta de 'Julito'—, presentará un escrito en el que afirmará ser consciente de que Zapatero estaba detrás de las gestiones ante el Gobierno que llevaron a la aprobación de la ayuda. Ambos figuran como investigados; la declaración de Martínez Martínez estaba citada para el martes 21 de julio. Son avances de estrategias procesales previstas, pendientes de ejecutarse; la causa sigue en instrucción. Rige la presunción de inocencia.

La UCO documenta que Servinabar —la empresa de Antxon Alonso— cobró 181.492 euros de Cycasa, integrante de la UTE adjudicataria de la cárcel de Zubieta

Según el informe patrimonial sobre Santos Cerdán que la UCO presentó ante el Tribunal Supremo, al que tuvo acceso EFE —recogido por The Objective— y cuyos contenidos publican también elDiario.es, Crónica Vasca (El Español) y Moncloa el 17 y 18 de julio, Joseba Antxon Alonso Egurrola —dueño de Servinabar 2000, la empresa de la que la UCO sospecha que Cerdán era socio— avisó en octubre de 2018 a un directivo de Acciona de la futura construcción de la cárcel de Zubieta (Donostia-San Sebastián) y, tras publicarse la licitación en noviembre de 2020 (43,7 millones de euros), medió con Juan Sumelzo, presidente de Sumelzo SA. A la obra se presentó una UTE formada por Acciona (50%), Murias (25%) y Cycasa (25%); en un mensaje de Alonso citado por la UCO —«de ese 25, ellos son el 15% y nosotros el 10%»— el instituto armado infiere una participación no declarada de Alonso y Sumelzo dentro del tramo de Cycasa. La UTE resultó adjudicataria en febrero de 2021 y Cycasa transfirió a Servinabar 181.492,74 euros en tres anualidades (30.248 € en 2021, 131.078 € en 2022 y 20.165 € en 2023). La cárcel se inauguró el 15 de junio de 2026. Son indicios de una instrucción activa en el Tribunal Supremo, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“De ese 25, ellos son el 15% y nosotros el 10%.”

La UCO sospecha que el renting del coche que usó Cerdán —13.455 euros en dos años— se pagó con efectivo que el delegado de Acciona en Navarra habría hecho llegar a través de Koldo García

El mismo informe patrimonial de la UCO documenta que Santos Cerdán pagó 13.455 euros por el renting de un Toyota RAV4 que utilizó entre mayo de 2017 y abril de 2019, con ingresos en efectivo en su cuenta realizados por Koldo García (600 euros en septiembre de 2017, entre otros). Los investigadores sostienen que el origen de esos fondos «se podría asociar a una entrega de dinero por parte de Fernando Merino» —Fernando Agustín Merino Vera, entonces delegado de Acciona en Navarra y La Rioja—, identificación que apoyan en una conversación interceptada en la que Koldo señala a su exmujer que «el dinero lo tiene Fernando en Bilbao». Acciona despidió a Merino en abril de 2021; hoy es uno de los cuatro exdirectivos de la constructora imputados en la causa. Son hipótesis e indicios de una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“el dinero lo tiene Fernando en Bilbao”

La directora de la Guardia Civil niega ante Pedraz todo vínculo con la trama Leire y afirma ser «víctima» de Santos Cerdán

En su declaración del 17 de julio como investigada ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025), Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil, negó haber colaborado en ninguna maniobra para desestabilizar causas judiciales sensibles para el PSOE o el Gobierno, y afirmó que tanto Santos Cerdán como la investigada Leire Díez la habrían utilizado sin su conocimiento —dijo estar «en el listado de víctimas de Santos Cerdán»—. González reconoció solo dos de las tres reuniones con Díez que la UCO le atribuye (las de septiembre de 2024 y de abril de 2025) y dijo no recordar ningún encuentro en un aparcamiento. Admitió haber intercambiado mensajes de WhatsApp con Díez durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, pero lo enmarcó como parte de sus funciones ordinarias como delegada. La declaración duró más de hora y media. Es una diligencia de instrucción en curso, no un hecho probado; rige la presunción de inocencia.

“En el listado de víctimas de Santos Cerdán”

El DAO Llamas revela en el Senado que Marlaska le llamó por el correo de Begoña Gómez, critica la «vanidad» de la UCO y rechaza dimitir

El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil e investigado en el caso Leire (DP 150/2025, Audiencia Nacional), compareció el 17 de julio ante la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, un día después de declarar ante el juez Pedraz. Llamas reveló que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le telefoneó para advertirle del «pernicioso efecto» de la difusión de correos electrónicos de Begoña Gómez; según Llamas, esa llamada fue el motivo por el que él abrió una información reservada a agentes de la UCO en diciembre de 2024. Añadió que Marlaska considera «injusta» su imputación y que por ello le mantiene en el cargo. Llamas criticó la «vanidad» y el «exceso de protagonismo» de los investigadores de la UCO, defendió que su instrucción de no ser «proactivos» buscaba evitar que la policía asumiera el papel de los jueces, y descartó dimitir por considerar que hacerlo sería contrario a su presunción de inocencia. La imputación de Llamas se acordó el 2 de julio a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Rige la presunción de inocencia.

La UCO cifra en 323.178 euros los ingresos sin justificar de Santos Cerdán y su entorno familiar entre 2015 y 2024

Según Euronews (17 de julio de 2026), un nuevo informe de la UCO cuantifica en 323.178 euros los ingresos sin justificar que Santos Cerdán y su entorno familiar habrían obtenido entre 2015 y 2024. El informe recoge además el ingreso de 18.000 euros en efectivo de origen desconocido entre 2014 y 2017, y que Servinabar —la empresa navarra en la que Cerdán habría tenido el 45% de las participaciones— llegó a entregar una señal para la compra de una vivienda valorada en cerca de un millón de euros. Cerdán permanece investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Rige la presunción de inocencia.

La directora de la Guardia Civil declara ante el juez Pedraz como investigada en el caso Leire un día después de lo previsto, mientras el DAO comparece en el Senado

Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil, ha comparecido este viernes 17 de julio ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) en calidad de investigada por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Su declaración estaba prevista para el jueves 16 pero el propio juez la aplazó al viernes tras la declaración del director adjunto operativo Manuel Llamas, que se prolongó dos horas y media. Pedraz investiga si González mantuvo tres reuniones presenciales con la investigada Leire Díez cuando ya conocía la presunta trama, y si se abrieron expedientes administrativos contra mandos de la UCO relacionados con esas investigaciones. En paralelo, el DAO Llamas comparece esta misma mañana ante la comisión de investigación del caso Koldo del Senado —sesión número 110 de esa comisión—, un día después de declarar como investigado ante Pedraz. Es una diligencia de instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

La Audiencia de Madrid mantiene el jurado para Begoña Gómez solo por tráfico de influencias y malversación, deja a Cristina Álvarez con malversación y excluye del juicio a Barrabés

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, en pleno de cinco magistrados, resuelve los recursos contra el auto de apertura de juicio oral del juez Peinado: Begoña Gómez irá a juicio con jurado popular únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación — la sala descarta la apropiación indebida (se comete sobre patrimonios privados) y la corrupción en los negocios (hipótesis de beneficio potencial, no contraprestación concreta)—. Su asesora María Cristina Álvarez Rodríguez queda solo con la presunta malversación, como cooperadora necesaria, al retirarle la sala el tráfico de influencias; el empresario Juan Carlos Barrabés queda excluido del procedimiento por falta de pruebas directas. La Audiencia levanta además las medidas cautelares de Gómez y Álvarez (prohibición de salida, retirada de pasaporte y firmas quincenales). Rige la presunción de inocencia.

El DAO Llamas declara ante el juez Pedraz como investigado en el caso Leire; la declaración de la directora de la Guardia Civil se aplaza al día 17

Manuel Llamas Fernández, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, compareció el 16 de julio durante dos horas y media ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) en calidad de investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia; negó haber presionado a mandos del cuerpo para interferir en investigaciones y haber ordenado «ponerse de perfil» en la causa que afecta a David Sánchez, y respondió durante hora y media al interrogatorio de las fiscales de Anticorrupción. La declaración de la directora general, Mercedes González Fernández, prevista para ese mismo día, quedó aplazada al 17 de julio. La imputación de ambos, acordada el 2 de julio a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se basa en indicios de que González Fernández mantuvo al menos tres reuniones presenciales con la investigada Leire Díez —el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025— pese a tener conocimiento de la presunta trama investigada contra miembros de la UCO; Llamas habría instado a exjefes de la unidad a no ser «proactivos» en investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno. Tanto la imputación como la declaración son diligencias de instrucción, no condenas; rige la presunción de inocencia.

El juez Calama rechaza retirar del sumario el informe de la UDEF que vincula los 200.000 euros de Zapatero a presuntas gestiones de influencia ante el Gobierno de Bolivia

En un auto dictado el 15 de julio, el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) desestimó la petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero para excluir del caso Plus Ultra el informe de la UDEF que atribuye al expresidente el cobro de 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria a cambio de mediar ante el Gobierno de Bolivia en favor de su filial cementera SOBOCE. La defensa alegaba que el informe —incorporado al sumario el 22 de junio— analizaba hechos ajenos al objeto de la investigación y que la UDEF había practicado una investigación prospectiva ilícita sobre la actividad profesional del expresidente. El juez desestimó ambos argumentos al considerar que la unidad policial actuó siempre bajo autorización judicial y que los indicios sobre las transferencias surgieron como consecuencia natural del análisis de pruebas obtenidas lícitamente; el auto no añade nuevas imputaciones ni prejuzga la culpabilidad. Rige la presunción de inocencia.

La defensa de Begoña Gómez entrega a Peinado los billetes de avión a Londres y le recuerda que el Reino Unido suprimió los sellos físicos en pasaportes

Dos días después de que el juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) concediera un plazo de cinco días para acreditar el uso del pasaporte recuperado, la defensa de Begoña Gómez presentó los billetes de avión y las tarjetas de embarque de su viaje a Londres para asistir a la graduación universitaria de su hija. El abogado Antonio Camacho explicó al juzgado que el Reino Unido ha suprimido la estampación de sellos físicos en los pasaportes como práctica ordinaria en su sistema digital de control fronterizo, por lo que la ausencia de sello no prueba que Gómez no entrara en el país. La defensa recurrió además la providencia del juez al entender que le exigía acreditar un hecho que por ley corresponde probar a la acusación. Peinado no se había pronunciado sobre el recurso en el momento de publicarse la información. Rige la presunción de inocencia.

Cristina Narbona admite ante el juez Pedraz haber hablado con Leire Díez y haberla derivado a Santos Cerdán, quien le dijo que era «intrascendente»

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, compareció el 15 de julio como testigo ante el juez Santiago Pedraz (Juzgado Central de Instrucción nº 5, Audiencia Nacional, DP 150/2025) en el caso Leire. En una declaración de media hora, Narbona admitió haber tenido contacto con la investigada Leire Díez y haberla derivado al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien le comunicó que la información era «intrascendente». Narbona negó tener «el menor conocimiento de la supuesta trama» de presuntas interferencias en causas judiciales sensibles para el Gobierno investigada por Pedraz. Su declaración había sido aplazada del 10 al 15 de julio por el fallecimiento de su madre. Comparece como testigo, no como investigada; rige la presunción de inocencia.

El primer juez del caso Leire prorroga seis meses la instrucción y condiciona su inhibición a favor de Pedraz a un informe pericial pendiente

El magistrado Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Plaza de Castilla), que investiga la primera pieza del caso Leire Díez sobre presuntas maniobras contra mandos de la UCO, ha prorrogado seis meses la instrucción con efecto desde el 24 de julio de 2026. El juez ha condicionado su eventual inhibición a favor del juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional) a recibir un informe pericial de la Brigada Provincial de Policía Científica que considera necesario para esclarecer los hechos. La Audiencia Nacional tiene previsto resolver el 24 de julio el recurso interpuesto por Santos Cerdán y Leire Díez para que la investigación salga de la AN; el sentido de esa resolución y el informe pericial determinarán la competencia definitiva. Rige la presunción de inocencia.

Los fiscales que se reunieron con Leire Díez admiten ante Pedraz que García Ortiz les citó en su despacho tras uno de los encuentros y les dijo que lo olvidaran

Diego Villafañe —entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y considerado mano derecha de García Ortiz— y su número dos, Beatriz López Pesquera, declararon el 15 de julio como testigos ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025). Admitieron que el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz les citó en su despacho nada más terminar uno de los encuentros que mantuvieron con la investigada Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo en la sede de la Fiscalía —el 6 de marzo de 2025 y a principios de abril de ese año— para conocer el contenido de la conversación, y que les dijo que «no se preocuparan» y que «lo olvidaran». Villafañe restó relevancia a las reuniones, que enmarcó en los encuentros habituales del cargo, y ambos reafirmaron que no constan registros de visitas en la sede de Fortuny; la propia Fiscalía General ya había reconocido ambos encuentros en respuesta a un requerimiento del instructor. Declararon como testigos, no como investigados; rige la presunción de inocencia.

La UCO documenta que el PSOE canalizó 43.225 euros a Leire Díez a través de empresas de Zarrías y del ex abogado de Koldo

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) cuantifica la ruta del dinero que habría llegado a Leire Díez desde el PSOE a través de dos vías: 16.000 euros —cuatro transferencias mensuales de 4.000— procedentes de Zaño Sociedad Consultora, firma vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías; y 27.225 euros adicionales canalizados a través del bufete del abogado Ismael Oliver, exdefensor de Koldo García en el caso mascarillas. La UCO señala que el coste total de contratar a Díez a través de la firma de Zarrías habría sido el doble de su nómina mensual, diferencia atribuida a un pago adicional del PSOE a la consultora. Son indicios de la investigación en curso; rige la presunción de inocencia.

La abogada de Koldo García niega ante Pedraz el intento de soborno a Carmen Pano y haber cobrado del PSOE por la defensa

Leticia de la Hoz Calvo, abogada de Koldo García e investigada en el caso Leire (DP 150/2025), compareció el 14 de julio ante el juez Santiago Pedraz en calidad de investigada. Negó haber recibido ningún pago del PSOE por la defensa de Koldo García y rechazó haber intentado sobornar a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión sobre la presunta entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz. De la Hoz sugirió ante el juez que la actitud de Pano podría deberse «posiblemente» a una desavenencia por una comisión en el sector de los hidrocarburos. Es una declaración como investigada en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

La defensa de David Sánchez anuncia recurso ante el TSJ de Extremadura y califica la sentencia de «absolutamente injusta»

Horas después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz dictara la sentencia condenatoria (nueve años de inhabilitación por cooperación necesaria en prevaricación administrativa), la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón ha anunciado que recurrirá el fallo ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La defensa califica la resolución de «absolutamente injusta» y señala «lagunas» en las 377 páginas del texto; las partes disponen de un plazo máximo de diez días para formalizarlo. Distintos medios informan de que el resto de los once condenados —entre ellos el expresidente de la Diputación y líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo— recurrirán también. La sentencia no es firme hasta que el TSJ resuelva; rige la presunción de inocencia.

La Audiencia Provincial de Badajoz condena a David Sánchez a 9 años de inhabilitación por prevaricación en la Diputación

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria el 14 de julio contra David Sánchez Pérez-Castejón —hermano del presidente del Gobierno— por la creación del puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación en 2017, puesto que, según el tribunal, «carecía de necesidad real y respondía a intereses particulares»: 9 años de inhabilitación especial para cargo público como autor por cooperación necesaria de prevaricación administrativa. El expresidente de la Diputación y líder del PSOE en Extremadura Miguel Ángel Gallardo recibe 18 años por dos delitos de prevaricación; el tribunal absuelve de tráfico de influencias —sin pena de prisión—; la sentencia, de 377 páginas, no es firme y es recurrible en apelación. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al exabogado de Koldo García para declarar el 9 de septiembre en el caso Leire

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha citado formalmente como investigados a Ana María Fuentes Pacheco —gerente federal del PSOE— e Ismael Oliver Romero —exabogado de Koldo García e investigado en la causa— para que declaren el 9 de septiembre (Fuentes a las 10:00 h, Oliver a las 10:30 h). Según el auto que cita Libertad Digital, Fuentes habría sido la encargada, «con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos», de falsear dos notas de encargo profesional —una con el despacho de Oliver y otra con el abogado Jacobo Teijelo— que darían cobertura a pagos del partido; Oliver habría prestado sus servicios a través de Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL. Es una citación a declarar en calidad de investigados, no una condena; rige la presunción de inocencia.

La exdirectora de la Agencia Tributaria reconoce ante la comisión SEPI del Senado que las alarmas fallaron con Julio Martínez durante cuatro años: «Fue un error»

Soledad Fernández Doctor, exdirectora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), compareció el 13 de julio ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI. Ante los senadores, admitió que los mecanismos automáticos de control del organismo no detectaron que Julio Martínez Martínez —empresario alicantino al que el juez Calama atribuye el papel de lugarteniente principal en la presunta red del caso Plus Ultra— habría dejado de presentar declaraciones fiscales durante varios años a pesar de percibir retribuciones como administrador: «Si ha ocurrido, es un lamentable error». Fernández Doctor desvinculó su salida del cargo de la inspección fiscal a Zapatero, alegando razones personales. Son declaraciones parlamentarias, no hallazgos judiciales; rige la presunción de inocencia.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid delibera hoy sobre si mantiene el juicio con jurado popular para Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés

Cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, reunidos en sala reforzada (pleno), deliberan este lunes 13 de julio sobre los recursos contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio con tribunal del jurado para Begoña Gómez, su asesora María Cristina Álvarez Rodríguez y el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. La sala resolverá también un recurso de la acusación popular contra el sobreseimiento del delito de intrusismo. El auto puede tardar días en publicarse; si la Audiencia confirma la decisión de Peinado, habrá juicio con jurado; si la revoca, la causa podría archivarse. Rige la presunción de inocencia.

El juez Peinado da cinco días a Begoña Gómez para acreditar que el pasaporte recuperado solo se usó para viajar a la graduación de su hija en el Reino Unido

El juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) ha dado un plazo improrrogable de cinco días a la defensa de Begoña Gómez para aportar documentación —billetes, tarjetas de embarque, reservas de hotel— que acredite que el pasaporte devuelto excepcionalmente el 8 de julio se usó únicamente para viajar al Reino Unido a la graduación universitaria de su hija. El instructor señala que no consta documentalmente la entrada y salida del país en las fechas autorizadas y advierte de que el incumplimiento podría constituir quebrantamiento de las medidas cautelares —prohibición de salir de España y retirada del pasaporte— que pesan sobre Gómez. Rige la presunción de inocencia.

El primer abogado de Ábalos, citado a declarar como testigo ante Pedraz por la presunta gestión de Leire Díez para que el PSOE pagara sus honorarios

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) toma declaración este lunes 13 de julio como testigo a José Aníbal Álvarez, primer letrado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, para aclarar las gestiones de Leire Díez a las que alude la UCO en uno de sus informes. Según los investigadores, Díez habría ofrecido que el PSOE abonase los honorarios de Álvarez y de Ismael Oliver —entonces defensor de Koldo García e imputado en la causa—; en el caso de Álvarez, según el atestado recogido por EFE, «no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire», y el letrado, según fuentes abiertas citadas por la UCO, acabó rechazando la defensa por incumplimiento de pagos. La testifical forma parte de la investigación sobre la presunta red de interferencias en causas judiciales sensibles para el Gobierno y el PSOE. Son deducciones de una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

El PP cita a Juanma Serrano ante la comisión de investigación de la SEPI en el Senado, dos días después de su imputación judicial en el caso Leire

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha acordado citar a comparecer a Juan Manuel Serrano Quintana —imputado el 10 de julio por el juez Santiago Pedraz en el caso Leire (DP 150/2025) por presunta participación en la trama de favorecimiento en la contratación de Correos y en la red investigada de cloacas— ante la comisión de investigación sobre la gestión de la SEPI. La citación parlamentaria añade la vía de control político a la vía judicial ya abierta; Serrano ya había comparecido el 15 de septiembre de 2025 ante la comisión del caso Koldo en la Cámara Alta. La fecha concreta de comparecencia no estaba fijada en el momento de publicarse la información. La citación es parlamentaria y sin efecto penal directo; rige la presunción de inocencia.

El juez Moreno y la Fiscalía Anticorrupción piden al jefe de la UCO que Balas siga al frente de la investigación del caso Koldo pese a su ascenso a coronel

El juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, pieza principal del caso Koldo) y la Fiscalía Anticorrupción han solicitado formalmente al coronel Pedro Merino, jefe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), que el teniente coronel Antonio Balas —responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO y director de los equipos que elaboraron los informes clave del caso Koldo y del caso Leire— continúe al frente de esas investigaciones pese a su inminente ascenso a coronel, previsto para julio o agosto de 2026. Un ascenso en la jerarquía militar suele conllevar cambio de destino y apartaría a Balas de los juzgados; la petición busca preservar la continuidad de la investigación económica. El fiscal anticorrupción Luis Pastor justificó la solicitud en que Balas «ha tenido un papel relevante en el curso de la misma». La petición es de naturaleza operativo-judicial y no afecta al estatuto procesal de ningún investigado; rige la presunción de inocencia.

Pedraz autoriza el volcado del móvil de Juanma Serrano y Ana Fuentes y cita como testigos a dos empleadas del PSOE en el caso Leire

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha autorizado el volcado y análisis de los teléfonos de Juan Manuel Serrano Quintana —imputado ese mismo 10 de julio— y de Ana María Fuentes Pacheco, gerente federal del PSOE e investigada en la causa. Al mismo tiempo, el magistrado cita como testigos a dos empleadas administrativas del partido, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, a quienes la UCO atribuye funciones logísticas de apoyo a la presunta trama. La petición de volcado fue remitida por la UCO en su informe fechado el 8 de julio; Pedraz la resolvió el 10 de julio. El volcado es una diligencia de instrucción, no una condena; San Pedro y Rodríguez son citadas como testigos, no como investigadas; rige la presunción de inocencia.

El policía 'Torrente' ratifica ante Pedraz tres contactos con Leire Díez para comprometer a la jueza de los ERE y revela: «A mí me manda quien más manda»

Rafael Salvador Moreno, el agente de Policía Nacional conocido en la causa como 'Torrente', declaró el 10 de julio como testigo ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) y ratificó haber tenido tres contactos con la investigada Leire Díez —el primero en 2020, dos más en 2024— encaminados a obtener información para comprometer a la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE andaluces. Según su testimonio, en uno de esos encuentros de 2024 Díez le dijo: «A mí me manda quien más manda»; el policía respondió que para él era «lo mismo que si le mandaba el Papa». Salvador afirmó haber guardado los contactos de teléfono de Díez «por protección». Son declaraciones de un testigo en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“A mí me manda quien más manda”

Pedraz imputa a Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos, en el caso Leire

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha acordado la imputación de Juan Manuel Serrano Quintana —presidente de Correos entre 2018 y 2023 y antes jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE— a petición de la Fiscalía Anticorrupción, un día después de que un informe de la UCO le atribuyera un papel «preeminente» en las dos patas de la causa: las presuntas irregularidades en la contratación de empresas públicas (pieza SEPI, con el «enchufe» de la investigada Leire Díez en Correos) y las presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. El juez autorizó además el acceso, volcado y análisis de su teléfono móvil, medida que consideró justificada para delimitar su «ámbito de responsabilidad». Según Vozpópuli, Pedraz le citará a declarar en calidad de investigado el 28 de julio; otros medios, como Libertad Digital, indican que la fecha aún no está fijada. La imputación permite ejercer el derecho de defensa y no implica culpabilidad: rige la presunción de inocencia.

Citado a declarar ante Pedraz el policía 'Torrente', al que Leire Díez habría acudido para comprometer a la jueza de los ERE, Mercedes Alaya

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) citó para este viernes 10 de julio, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la declaración como testigo de Rafael Salvador Moreno, el policía nacional al que los investigados denominaban 'Torrente' según la UCO. Según la previa de EFE, la tesis de los investigadores es que la también investigada Leire Díez se reunió con Salvador hasta en tres ocasiones —el 13 de febrero y el 14 de julio de 2020, en Sevilla y Madrid, y de nuevo en julio de 2024 en Zaragoza— con el fin de obtener información «que pudiera comprometer» a la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE andaluces; la Guardia Civil halló en poder de Díez grabaciones de esos encuentros. La citación culmina cuatro días consecutivos de testificales, en la misma jornada en que estaba prevista —y fue aplazada al 15 de julio por fallecimiento de su madre— la comparecencia de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

La UCO atribuye a Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos, un papel destacado en la trama del caso Leire y el «enchufe» de Leire Díez en Correos

Un informe de la UCO de más de 50 páginas, fechado el 8 de julio y remitido al juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025), atribuye a Juan Manuel Serrano Quintana —presidente de Correos entre 2018 y 2023 y antes jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE— un papel destacado en la presunta trama coordinada por la investigada Leire Díez para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Según el informe, Serrano habría pactado con el también investigado Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) la colocación de Díez en Correos —tras hablar con Serrano, Fernández escribió a Díez: «Ok, seguimos hablando. Tranquila, lo tuyo sale»— y los requisitos de los puestos se habrían adaptado a su medida (accedió a puestos de relevancia entre 2021 y 2024). Serrano NO estaba imputado en ese momento: seguía fuera de la lista de investigados y correspondía a Pedraz valorar el informe. (Actualización 10-jul: Pedraz acordó su imputación; ver el ítem del 10 de julio.) Rige la presunción de inocencia.

“Lo tuyo sale”

Pedraz aplaza al 15 de julio la declaración de Cristina Narbona como testigo en el caso Leire por el fallecimiento de su madre

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha aplazado del 10 al 15 de julio la declaración como testigo de Cristina Narbona —presidenta del PSOE y eurodiputada— al comunicar la dirigente el reciente fallecimiento de su madre. Narbona fue citada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en relación con una conversación de WhatsApp que la investigada Leire Díez mantuvo con ella el 24 de abril de 2024 —recogida en un informe de la UCO—, pocos días después de la apertura del procedimiento sobre Begoña Gómez, en la que Díez aludía a «reconducir los ataques al Presidente». Narbona comparece como testigo, no como investigada; rige la presunción de inocencia.

Pedraz cita al empresario de hidrocarburos que sostuvo ante la Guardia Civil que la abogada de Koldo le ofreció, en nombre de Leire Díez, ventajas procesales a cambio de información comprometedora sobre la UCO y Repsol

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) citó a declarar el 9 de julio a tres empresarios del sector de los hidrocarburos, testigos que ya comparecieron ante la Guardia Civil el 28 de mayo. Antonio Rodríguez Estepa sostuvo ante la Guardia Civil que la abogada Leticia de la Hoz —investigada en la causa y letrada de Koldo García— le propuso, actuando como intermediaria de la también investigada Leire Díez, ventajas procesales en el procedimiento por fraude de IVA que le afecta a cambio de suministrar información comprometedora sobre la petrolera Repsol, sobre el entonces comandante de la UCO Antonio Balas y sobre altos cargos del Ministerio de Hacienda; según su relato, rechazó la oferta por consejo de su abogado. Claudio Rivas —empresario del mismo sector e investigado junto a Víctor de Aldama por presunto fraude de IVA en hidrocarburos— negó ante la Guardia Civil conocer a Leire Díez o haber recibido oferta alguna a cambio de modificar su declaración; reconoció haber hablado con el abogado Jacobo Teijelo —investigado en DP 150/2025— sobre una posible coordinación de defensas en el caso Gaslow, conversación que según él no fructificó. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

El ex 'número 3' de Montero imputado por cohecho trabaja en el área de Hacienda que investiga la trama de Zapatero

José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC, 2018-2025) y considerado el 'número 3' de la vicepresidenta María Jesús Montero en Hacienda, está destinado como inspector en la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en la Comunidad Valenciana — el área que rastrea el entramado societario vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero —, según publica El Debate, sin que conste expediente interno ni suspensión cautelar. Marco Sanjuán dimitió del TEAC en junio de 2025 y está imputado por cohecho en el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción (marzo de 2026) que le atribuye además prevaricación, tráfico de influencias y malversación: la UDEF sostiene que su entorno societario cobró más de 1,2 millones de euros de un empresario al que el TEAC que él presidía anuló una deuda de 16 millones con la Agencia Tributaria. Su causa no forma parte de los documentos judiciales de este grafo; es información de prensa sobre una instrucción en curso, no hechos probados, y rige la presunción de inocencia.

Aldama declara en secreto ante el juez Ismael Moreno por «el sobre» de PDVSA sobre la presunta financiación irregular del PSOE

El empresario Víctor de Aldama —condenado en el caso mascarillas y cooperador con la Justicia— acudió el 8 de julio a declarar a puerta cerrada ante el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional), en la pieza bajo secreto que investiga la presunta financiación irregular del PSOE. La citación giró en torno a «el sobre» con membrete de la petrolera estatal venezolana PDVSA que Aldama entregó en marzo al juzgado y que, según su versión, le habría facilitado la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez con información sobre una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista; el documento habría permanecido bajo custodia de Luis Alberto Escolano mientras Aldama estuvo en prisión. Es la versión de un declarante en una instrucción bajo secreto, no un hecho probado, y la persona señalada lo niega; rige la presunción de inocencia.

El empresario Joaquín Parra declara ante el juez Pedraz que Leire Díez era «el tonto útil» del Gobierno y le pidió cambiar de abogado por uno «pro-PSOE»

Joaquín Parra Páez —empresario y expresidente del CD Badajoz, investigado desde 2021 en una causa por presunto fraude de IVA— declaró el 8 de julio como testigo ante el juez Santiago Pedraz (Juzgado Central de Instrucción nº 5, Audiencia Nacional, DP 150/2025). Según su relato, la investigada Leire Díez se le presentó como enviada «de parte de Pedro Sánchez» y también «de parte de Santos Cerdán», le trasladó mensajes sobre represalias a adversarios políticos, le aseguró tener acceso a fiscales y le pidió sustituir a su abogado por uno afín al PSOE (Jacobo Teijelo); Parra la describió como «el tonto útil» del Gobierno. Son manifestaciones de un testigo en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“el tonto útil”

El exjefe de seguridad de Correos declara ante Pedraz que oyó a Leire Díez decir que tenía mucho trabajo «entre lo de Badajoz y lo de la esposa»

Francisco Ortega, exjefe de seguridad de la empresa pública Correos y mediador en las reuniones de la investigada Leire Díez con el comandante Rubén Villalba, declaró el 8 de julio como testigo ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025). Ortega corroboró el relato de Villalba sobre las ofertas que Díez habría formulado a cambio de información para desestabilizar la UCO, y aportó un nuevo detalle: en el trayecto de vuelta de uno de los encuentros de marzo de 2025, escuchó a Díez hablar por teléfono y referirse a tener «mucho trabajo, entre lo de Badajoz y lo de la esposa», en alusión explícita a los procedimientos judiciales sobre David Sánchez y Begoña Gómez. Ortega señaló que fue Koldo García quien le presentó a Díez, alegando unos «problemas» de seguridad postal. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“mucho trabajo, entre lo de Badajoz y lo de la esposa”

Aagesen admite ante la comisión SEPI del Senado que el criterio de los directivos hoy imputados condicionaba los rescates: «Su criterio se cumplía»

La vicepresidenta tercera del Gobierno Sara Aagesen —ministra para la Transición Ecológica y exsecretaria de Estado de Energía— compareció el 8 de julio ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI, como exvocal del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Aagesen reconoció que el Consejo Gestor se guiaba por los criterios de los informes de la SEPI —cuyos directivos están ahora entre los imputados— y que «su criterio se cumplía»; al mismo tiempo negó haber recibido instrucciones de Moncloa para aprobar los rescates y aseguró no conocer al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, ahora investigado. El PP le reprochó que siendo secretaria de Estado hubiera emitido inicialmente un informe contrario al rescate de Tubos Reunidos (112,8 millones de euros, objeto de la investigación de Pedraz en DP 150/2025) y lo hubiera apoyado apenas tres semanas después; Aagesen rechazó esa lectura. La comparecencia es parlamentaria, sin efecto penal directo; rige la presunción de inocencia respecto de todos los investigados en el procedimiento.

“Su criterio se cumplía”

El juez Moreno reactiva el caso Koldo: citados a declarar el guardia civil del «acceso permanente» de Aldama y el propietario de Soluciones de Gestión

El juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, pieza principal del caso Koldo) reactivó el 8 de julio las declaraciones de la causa con dos comparecencias citadas para ese día. José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil destinado al complejo de Nuevos Ministerios —sede del Ministerio de Transportes— e investigado en la causa, ya había testificado en el juicio del Supremo sobre el «acceso permanente» de Víctor de Aldama al ministerio; según las acusaciones, habría permitido entradas de empresarios sin registrar visitas, y la Fiscalía Anticorrupción lo señala como nexo con Koldo García a través de un negocio compartido de pizarras que sitúa como presunta vía de retorno de beneficios. También estaba citado Iñigo Rotaeche, propietario de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL —mercantil central en la trama de las mascarillas—, a raíz de un nuevo informe del ONIF (dependiente de la AEAT) que le atribuye un presunto delito fiscal adicional al ya incorporado a la causa. Son diligencias en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

El comandante Villalba ratifica ante el juez Pedraz que Leire Díez le ofreció ser 'mano derecha' de la directora González a cambio de ayudar a 'purgar' la UCO

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnero —investigado en el caso Koldo por presunta protección a la trama— declaró el 7 de julio como testigo ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) y ratificó haber mantenido dos reuniones con la investigada Leire Díez los días 10 y 26 de marzo de 2025. Según Villalba, Díez se presentó ante él como alguien con vínculos con «los de arriba del Gobierno» y le ofreció, a cambio de ayudar a «purgar» la UCO: levantar su imputación en el caso Koldo, reintegrarle al cuerpo, un destino en el extranjero o un puesto de asesor en la Dirección General de la Guardia Civil como «mano derecha» de la directora Mercedes González Fernández. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“los de arriba del Gobierno”

Las acusaciones piden al juez Peinado que Begoña Gómez declare como testigo en la pieza del contrato de Barrabés con fondos europeos

Las acusaciones populares en el caso Begoña Gómez solicitaron el 6 de julio al juez Juan Carlos Peinado que cite a Gómez como testigo en la pieza separada abierta el 18 de junio sobre el contrato de 4 millones de euros adjudicado por Red.es a una UTE de Barrabés y KPMG financiado con fondos FEDER; en esa pieza, Gómez no figura aún como investigada, solo como acusada en la causa principal. Las acusaciones también solicitan que el técnico de Red.es que firmó el correo interno en el que ordenaba 'bajar la nota' a los competidores sea incorporado como investigado en la pieza separada. Son peticiones de parte pendientes de resolución por el instructor; rige la presunción de inocencia.

El juez sustituto de Peinado deniega a Begoña Gómez asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara y le permite viajar a Londres para la graduación de su hija

El juez Antonio Viejo, sustituto del titular Juan Carlos Peinado —de vacaciones—, resolvió el 6 de julio la petición de permiso temporal de pasaporte de Begoña Gómez: deniega su asistencia a la cumbre de la OTAN en Ankara los días 7-8 de julio, al considerar que la invitación era por «razones de cortesía institucional» sin que Gómez tenga «un rol activo», y que Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE, que facilita la cooperación policial y judicial. En cambio, el magistrado autoriza el viaje a Londres entre el 8 y el 10 de julio para la graduación de su hija, citando la «buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso tras el Brexit»; el pasaporte deberá ser devuelto al juzgado el 13 de julio. El Gobierno y el PSOE calificaron la distinción de «incomprensible». Rige la presunción de inocencia.

Delcy Rodríguez lleva a los tribunales a Aldama por atribuirle «el sobre» de la trama del PSOE

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado los trámites para querellarse por injurias contra Víctor de Aldama por atribuirle la entrega de «el sobre» con membrete de PDVSA sobre una supuesta financiación irregular del PSOE. Su defensa —a través del despacho Ilocad, del exjuez Baltasar Garzón— sostiene que las afirmaciones de Aldama, vertidas en dos entrevistas televisivas los pasados 4 y 5 de febrero, son falsas; el acto de conciliación previo quedó fijado para el 16 de julio. Es un litigio de parte pendiente de tramitación, en el que ambas versiones se niegan mutuamente; rige la presunción de inocencia.

Pedraz rechaza como extemporáneo el incidente de nulidad de Leire Díez para anular su detención y los registros del 10 de diciembre

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha inadmitido a trámite el incidente de nulidad presentado por la defensa de Leire Díez mediante un escrito de 37 páginas, en el que solicitaba declarar nulas su detención del 10 de diciembre de 2025 —calificada de injustificada y desproporcionada— y las entradas y registros practicados ese mismo día por la UCO en tres de sus domicilios, así como excluir del procedimiento los correos electrónicos intervenidos. El magistrado inadmitió la solicitud por dos razones: fue presentada fuera del plazo de 20 días que fija el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —los hechos habían ocurrido más de seis meses antes— y contravenía la buena fe procesal y la prohibición de utilizar ese instrumento para revisar cuestiones ya resueltas; el juez subrayó que la defensa no planteó la cuestión en su momento ni recurrió por los mecanismos procesales previstos (habeas corpus ni recursos de la instrucción). La Fiscalía Anticorrupción apoyó la inadmisión. La resolución es irrecurrible. Rige la presunción de inocencia.

El juez Pedraz ordenó a la UCO ocultar su investigación de las cloacas a la cúpula política de la Guardia Civil antes de los registros del 27 de mayo

Vozpópuli y Esdiario revelaron el 4 de julio que el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) emitió, días antes de los registros practicados el 27 de mayo de 2026 en la Dirección General de la Guardia Civil, una orden reservada en la que instruyó a la Unidad Central Operativa (UCO) para que no informara de sus investigaciones a la cúpula del cuerpo —ni a la directora Mercedes González Fernández ni al director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, ambos citados como investigados desde el 2 de julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia—. La orden confirma que Pedraz anticipó desde el inicio de la instrucción el riesgo de interferencia desde el propio mando institucional: al excluir a la cúpula del flujo de información, el juez protegió la independencia operativa de la UCO antes de autorizar la entrada en la sede central de la Guardia Civil. La Fiscalía Anticorrupción ha establecido paralelamente una 'correlación directa' entre las reuniones de la investigada Leire Díez en las instalaciones del cuerpo y las presiones que los exjefes de la UCO atribuyen al DAO para no avanzar en causas sensibles para el Gobierno. Son indicios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

Pedraz exime al exdirector de la Guardia Civil que calificó de 'prospectivo y malicioso' el informe de la UCO sobre David Sánchez

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha acordado no citar como investigado a Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, al no apreciar por ahora indicios suficientes de delito en su conducta, aunque deja expresamente abierta la puerta a reconsiderar su situación 'en función de lo que resulte de las actuaciones'. El auto de Pedraz se refiere a una reunión del 12 de julio de 2024 en la que Marcos calificó el informe de la UCO sobre la actividad de David Sánchez en la Diputación de Badajoz como 'totalmente prospectivo y malicioso', expresando así sus reservas frente a las líneas de investigación de la unidad. Marcos, actualmente consejero de Información en la Embajada española en Washington, continúa sin estar formalmente investigado. Rige la presunción de inocencia.

Calama ordena a la UDEF limitar sus informes al objeto del procedimiento y excluir datos personales ajenos a la causa

El juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, caso Plus Ultra / DP 77/2024) ha dictado un auto en respuesta al escrito de urgencia presentado el 25 de junio por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que el magistrado ordena a la UDEF-BBCA que los anexos de sus informes policiales «se ciñan estrictamente a los hechos objeto de la investigación, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como datos personales ajenos a los hechos investigados». El juez compartió «la preocupación» del expresidente por la filtración de su agenda de 2024-2025 y del volcado de WhatsApp con su secretaria Gertrudis Alcázar, incluidos en el informe UDEF 2910/26 y publicados por medios de comunicación. La resolución no excluye la prueba ya incorporada al sumario ni adopta medida disciplinaria contra la unidad policial; se limita a trazar límites para futuros informes. Rige la presunción de inocencia.

Moreno cita como investigados a Jésica Rodríguez, al hermano de Koldo y a un exdirector de Adif por la contratación irregular en empresas públicas

El juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, pieza de obra pública del caso Koldo) ha acordado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y tras analizar la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio, citar como investigados para el 20 de julio a Jésica Rodríguez García —expareja del exministro José Luis Ábalos—, a Joseba García Izaguirre —hermano de Koldo García— y a Ignacio Zaldívar —exresponsable de Gestión Administrativa de Adif—. Los tres responderán por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias vinculados a la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec entre 2019 y 2021 (34.450 € de Ineco y 9.500 € de Tragsatec, aproximadamente 43.950 € en total). Según la instrucción, Joseba García habría orientado a Rodríguez sobre cómo cumplimentar los partes de trabajo y qué responder cuando se le solicitaban justificaciones; Zaldívar habría gestionado su traslado a Tragsatec —sin entrevista previa— al finalizar su contrato en Ineco. La citación es en una instrucción en curso, no una condena; rige la presunción de inocencia.

La Agencia Tributaria comunica al juez Calama que investiga las obligaciones fiscales de Zapatero, su mujer, sus hijas y Julio Martínez entre 2021 y 2025

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha comunicado al juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, caso Plus Ultra / DP 77/2024) que ha abierto una actuación de comprobación sobre las obligaciones tributarias de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer María Sonsoles Espinosa Díaz, sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, y el empresario Julio Martínez Martínez, para el período 2021-2025; la investigación abarca el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, el Patrimonio y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. La comunicación se produjo en el marco de la personación de la AEAT como potencial perjudicada en la pieza separada de las joyas, acordada el 2 de julio a través de la Abogacía del Estado. La apertura de actuaciones tributarias es paralela al procedimiento penal e independiente de él; no prejuzga la existencia de infracción fiscal ni condena alguna. Rige la presunción de inocencia.

Ábalos admite desde la cárcel por primera vez haberse reunido y discutido «acaloradamente» con Leire Díez

En una entrevista mediante cuestionario publicada por El País desde la prisión de Soto del Real —su primera intervención pública desde la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio que le condena a 24 años; recogida también por El Español, de cuya pieza proceden las citas entrecomilladas—, el exministro José Luis Ábalos reconoce por primera vez haber tenido encuentros y una discusión acalorada con la investigada Leire Díez, contradiciendo su versión anterior (en mayo de 2025 había declarado en televisión que no la veía desde febrero de 2024). Sin concretar el número ni el contenido de los encuentros, afirma: «El asunto ha acabado peor de lo que intuía». Reconoce además que mantener el acta de diputado tras su cese fue un error, porque la causa habría ido a la Audiencia Nacional —con más recursos procesales a su disposición—; y califica de «repugnante» la reducción de pena aplicada a Víctor de Aldama por su colaboración con la justicia. La declaración es a medios, no en sede judicial; rige la presunción de inocencia.

“El asunto ha acabado peor de lo que intuía”

El presunto 'testaferro' de Zapatero decide colaborar con la justicia en el caso Plus Ultra

Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino al que el juez Calama atribuye el papel de 'lugarteniente principal' de la presunta red del caso Plus Ultra (Audiencia Nacional, DP 77/2024), ha decidido colaborar con la justicia, según informaron el 1 y 2 de julio The Objective y otros medios, que citan fuentes próximas al empresario. La decisión, impulsada según esas fuentes por la presión de su entorno familiar, se produjo tras cambiar de abogado —ahora le representa la exfiscal de la Audiencia Nacional Dolores Márquez de Prado—; está perfilando el alcance de su colaboración, que según las mismas fuentes podría ser «total». Está citado a declarar como investigado ante el juez Calama el 21 de julio. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO Llamas en el caso Leire

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha acordado este 2 de julio citar como investigadas a Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil, y al director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Ambos deberán comparecer ante el magistrado el 16 de julio. El juez estima que hay indicios de que González Fernández, pese a ser informada de la presunta trama contra la UCO, mantuvo contactos con la investigada Leire Díez; Llamas habría instado a los exjefes de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo a 'no ser proactivos' en causas que afectaban al Gobierno. El Ejecutivo declaró mantener plena confianza en González Fernández. La imputación es una citación a declarar en una instrucción en curso, no una condena; rige la presunción de inocencia.

La Abogacía del Estado se persona en nombre de Hacienda en la pieza de las joyas de Zapatero

La Abogacía del Estado ha presentado ante el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, pieza separada del caso Plus Ultra) un escrito de personación en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) como potencial perjudicada en la causa que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto contrabando y delito contra la Hacienda Pública. La AEAT podrá ejercer acciones penales y civiles en relación con las joyas valoradas en 1.323.915 euros intervenidas el 19 de mayo en el despacho del expresidente en Ferraz sin documentación aduanera. La personación materializa la invitación que el juez Calama cursó el 26 de junio a la AEAT para que se uniera al procedimiento como parte activa. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz requiere al PSOE que identifique quién contrató a Teijelo como asesor jurídico del partido

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha requerido formalmente al PSOE que identifique al dirigente del partido que firmó el contrato de asesoría jurídica con Jacobo Teijelo —abogado de Santos Cerdán e investigado en la causa— por el que el partido abonó al letrado 125.000 euros en tres facturas (75.000 euros en enero de 2025 y dos de 25.000 euros en febrero y marzo). El requerimiento exige que se indique el cargo y el apoderamiento habilitante de quien suscribió el contrato. Según la documentación incorporada al sumario, la responsable de gestión del PSOE Ana María Fuentes —también investigada— habría firmado la orden de trabajo. La respuesta del partido será incorporada como diligencia instructora. Rige la presunción de inocencia.

La Sala Penal de la Audiencia Nacional fija el 24 de julio para resolver si Pedraz retiene la competencia del caso Leire

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado el 24 de julio para resolver el recurso de apelación interpuesto por Santos Cerdán y Leire Díez contra el auto del 15 de junio de 2026 en el que el juez Santiago Pedraz avaló la competencia del Juzgado Central de Instrucción nº 5 (Audiencia Nacional, DP 150/2025) para investigar las presuntas 'cloacas' del PSOE. La defensa de ambos investigados sostiene que el mismo objeto ya era instruido por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid (juez Arturo Zamarriego) y pide la inhibición a favor de esa instancia. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso e insta a confirmar la competencia de Pedraz. La magistrada ponente designada es Ana María Rubio Encinas. Si la Sala estimara el recurso, la instrucción pasaría fuera de la Audiencia Nacional, con importantes consecuencias para el alcance y la velocidad de la investigación. Rige la presunción de inocencia.

Peinado consulta a las partes si debe autorizar a Begoña Gómez viajar a la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres

Begoña Gómez solicitó el 30 de junio al juez Juan Carlos Peinado autorización para salir de España entre el 7 y el 10 de julio —con devolución temporal del pasaporte retirado el 20 de junio— a fin de acompañar a la delegación oficial española a la cumbre de la OTAN en Ankara (con invitación de la primera dama turca Emine Erdoğan) y asistir después a la graduación de su hija en Londres. El 1 de julio, Peinado trasladó la petición a las partes para que se pronuncien antes de resolver; la acusación popular (Hazte Oír) ya presentó escrito oponiéndose al apreciar «fundado riesgo de fuga». La decisión judicial está pendiente. Rige la presunción de inocencia.

La primera de las 25 imputadas en la pieza SEPI del caso Leire dimite de Isdefe

María Teresa Castillo Paslodos, directora de Desarrollo Corporativo de la empresa pública Isdefe (Ministerio de Defensa), dimitió tras ser una de las 25 personas citadas como investigadas el 29 de junio por el juez Santiago Pedraz en la pieza de presuntos amaños de contratación pública del caso Leire Díez (DP 150/2025). Según The Objective y Vozpópuli, Castillo puso su cargo a disposición de la empresa para no perjudicarla durante el procedimiento; es la única de las 25 que ha tomado esa decisión. Antes de Isdefe ejerció la dirección corporativa de Mercasa —otra sociedad SEPI— de 2020 a 2025. La imputación es una citación a declarar en una instrucción en curso, no una condena; rige la presunción de inocencia.

El PP pide al juez Pedraz que impute a la directora de la Guardia Civil y al DAO Llamas en el caso Leire

El Partido Popular, en su condición de acusación popular en la causa DP 150/2025, ha presentado ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional) un escrito en el que solicita la citación como investigadas de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, del director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas y del exdirector Leonardo Marcos, por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y obstrucción a la justicia. El PP considera «acreditada» la relación personal entre González y la investigada Leire Díez —al menos tres encuentros presenciales y múltiples contactos por mensajería— y señala que González habría incurrido en «sucesivas contradicciones» ante el Senado y ante el propio juez sobre esos contactos. La petición no equivale a imputación: el juez Pedraz deberá resolver si la admite. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz cita como testigos para el 15 de julio a los dos fiscales de García Ortiz que se reunieron con Leire Díez

El juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha citado como testigos para el 15 de julio a los dos fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General —Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera— que participaron en los encuentros de marzo y abril de 2025 con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo en la sede del Ministerio Público. Pedraz investiga si esas reuniones formaron parte de la presunta red de interferencia en causas judiciales sensibles para el PSOE. La citación es en calidad de testigos, no de investigados. Rige la presunción de inocencia.

Marlaska admite ante el Senado que González le informó de una reunión con Leire Díez y sitúa la trama 'fuera de Interior'

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska compareció el 30 de junio ante la comisión de investigación del Senado (caso Koldo) y reconoció que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, le había informado de uno de sus encuentros con la investigada Leire Díez —el de abril de 2025, relativo según el ministro al expediente del comandante Rubén Villalba—, en aparente contradicción con la negativa inicial del Ministerio. Marlaska defendió a González, negó que la cúpula de la Guardia Civil presionara a la UCO, situó la trama investigada por el juez Pedraz «fuera de Interior» y rechazó dimitir. El PP denunció un «baile de versiones»; el ministro respondió: «No engañé a nadie». Rige la presunción de inocencia.

“No engañé a nadie”

El Senado cita a la vicepresidenta Aagesen por el rescate de Tubos Reunidos y al DAO Llamas para que explique las presiones a la UCO

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI ha acordado citar para el 6 de julio a Sara Aagesen —vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica— para que explique por qué, cuando era secretaria de Estado de Energía, emitió un informe desfavorable sobre el rescate de 112 millones de euros concedido a Tubos Reunidos y en apenas tres semanas cambió de posición y lo aprobó. Esa operación es objeto de investigación por el juez Santiago Pedraz en la causa DP 150/2025 (caso Leire Díez). El 7 de julio comparecerá ante la comisión del caso Koldo el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, a quien los exjefes de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo atribuyen en su declaración ante Pedraz haberles pedido 'no ser proactivos' en causas que afectaban al Gobierno. El PP también ha registrado una segunda citación de José Luis Rodríguez Zapatero ante la comisión SEPI, sin fecha fijada aún. Son comparecencias parlamentarias, sin efecto penal directo; rige la presunción de inocencia.

Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y a otras 24 personas por los presuntos amaños en la contratación de empresas públicas

El juez Santiago Pedraz dictó el 29 de junio una providencia en la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, cita como investigadas a 25 personas en la pieza de presuntos amaños de la contratación pública del caso Leire Díez/'cloacas' (DP 150/2025). Entre las imputadas figura María Belén Gualda González, presidenta de la SEPI desde marzo de 2021, junto a otros directivos de la sociedad estatal. La instrucción atribuye a una presunta trama —con Antxón Alonso, Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) y Leire Díez entre sus integrantes— delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación e intermediación ilícita en la contratación pública para favorecer a determinadas empresas en operaciones de Mercasa, Enusa, el fondo de rescate FASEE gestionado por la SEPI (rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros en julio de 2021) y proyectos en Asturias y de Forestalia. Según la instrucción, Vicente Fernández habría actuado como nexo de influencia y recibido 40.000 euros de Tubos Reunidos, y Leire Díez habría intentado sin éxito ser colocada como jefa de gabinete de Gualda. La imputación es una citación a declarar en una instrucción en curso, no una condena; rige la presunción de inocencia.

Carmen Pano confirma ante Pedraz los 90.000 € entregados en Ferraz y el soborno de 250.000 € para que callara

La empresaria Carmen Pano compareció el 29 de junio como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la causa DP 150/2025 (caso Leire Díez/'cloacas'), sosteniendo en sede judicial haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Ratificó además el intento de soborno que ya relató a la UCO: la abogada Leticia de la Hoz —investigada en la misma causa— le habría ofrecido en torno a 250.000 euros a cambio de negar la entrega del dinero, suma de lo pedido por ella y su chófer (25.000 euros para la boda de su hija, entre 2.500 y 2.800 euros del alquiler mensual de su casa y 15.000 euros para un coche que quería su chófer, Álvaro Gallego). Gallego, que también declaró como testigo, señaló que llegaron a contemplar aceptar la oferta, aunque terminaron rechazándola; ambos ratificaron lo que declararon ante los agentes de la UCO. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, se niega a declarar en la comisión SEPI del Senado: «Mi silencio no debe interpretarse como un desaire»

María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero durante más de dos décadas e investigada en el caso Plus Ultra (presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales ante el juez Calama), compareció el 29 de junio ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI e invocó su condición de investigada para no responder ninguna pregunta. Ante los senadores declaró: «Espero que comprendan que debo ser coherente con el consejo legal. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire, sino como coherente con mi situación procesal». Es la segunda compareciente en esa comisión que se niega a declarar por estar investigada —el 22 de junio lo hizo el empresario Manuel Aarón Fajardo García (caso Plus Ultra). Rige la presunción de inocencia.

“Mi silencio no debe interpretarse como un desaire, sino como coherente con mi situación procesal”

La defensa de Begoña Gómez pide a Peinado una nueva declaración y la paralización de la causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva

La defensa de Begoña Gómez ha presentado ante el juez Juan Carlos Peinado un escrito en el que solicita simultáneamente que se le conceda una nueva declaración —alegando indefensión por la acumulación de diligencias incorporadas en el tramo final de la instrucción— y que el procedimiento quede suspendido hasta que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación pendientes, entre ellos el que impugna el auto de apertura del juicio oral del 20 de junio y el que cuestiona las medidas cautelares de retirada de pasaporte y prohibición de salir de España. La Audiencia Provincial tiene prevista una sesión para el 13 de julio. La Fiscalía mantiene que no aprecia delito en la causa y solicita el archivo. Rige la presunción de inocencia.

Calama ofrece a la AEAT personarse como 'potencial perjudicada' en la pieza de las joyas de Zapatero

El juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, pieza separada del caso Plus Ultra sobre presunto contrabando y delito fiscal) ha dictado un auto en el que ofrece a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, la posibilidad de personarse como 'potencial perjudicada' y ejercer las acciones penales y civiles que correspondan. El magistrado considera que los hechos investigados —las joyas valoradas en 1,3 millones de euros intervenidas en mayo en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero sin documentación aduanera que acredite su origen o liquidación fiscal— revelan «un daño patrimonial directamente conectado con los ingresos del Estado cuya gestión corresponde a la AEAT». El auto de personación es un paso distinto de las diligencias informativas ya dirigidas a Hacienda y Aduanas el 18 de junio, formalizando ahora la condición de parte activa de la administración en la causa. Rige la presunción de inocencia.

La UCO halla correos internos de Red.es que apuntarían al amaño de las adjudicaciones a Barrabés que avaló Begoña Gómez

Un informe de la UCO incorporado a la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado (caso Begoña Gómez) sostiene, según El Español, que correos internos extraídos de las cuentas Office 365 de trece empleados de la entidad pública Red.es probarían una 'arbitrariedad decisoria' en la valoración de las ofertas de dos contratos de más de 10 millones de euros adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Según los investigadores, las puntuaciones no habrían sido fruto de un análisis objetivo sino fijadas de antemano —con instrucciones explícitas de 'bajar la nota' a competidores como Everis— y los informes técnicos se habrían redactado después para justificarlas. Begoña Gómez avaló los proyectos de Barrabés mediante cartas de recomendación presentadas en esas licitaciones. Son indicios de un informe policial en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“Hay que bajarles la nota a los otros”

Yuste y López Malo matizan ante Pedraz que el DAO no concretó ningún partido y desmienten que la directora de la Guardia Civil les hablara de Leire Díez

En su declaración como testigos ante el juez Santiago Pedraz (causa DP 150/2025), los exjefes de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo introdujeron, según elDiario.es, dos precisiones sobre su denuncia de presiones: preguntados por la fiscal, aclararon que cuando el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas les pidió en julio de 2024 'no ser proactivos' lo hizo respecto a 'causas políticas' en general, sin concretar ningún partido ni el PSOE; y desmintieron a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, al asegurar que en la reunión que mantuvieron con ella el 29 de mayo de 2025 no mencionó en ningún momento a Leire Díez ni encuentros con ella. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

Los exjefes de la UCO ratifican ante Pedraz las presiones para 'ponerse de perfil' en causas que afectaban al entorno del Gobierno

Los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, exjefes de la UCO, declararon como testigos ante el juez Santiago Pedraz en la causa DP 150/2025 y se ratificaron en lo que ya contaron en mayo en la información reservada interna: las indicaciones del director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas para «ponerse de perfil» en investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno, como la del hermano de Pedro Sánchez. Para ese mismo día estaban citados como testigos los generales Antonio Cortés (instructor de expedientes internos de la Guardia Civil contra la UCO) y Leonardo Sánchez Peláez (jefe del Estado Mayor). Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

La defensa de Zapatero pide al juez Calama la nulidad general del caso Plus Ultra por vulneración del derecho a un proceso justo

El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, presentó un escrito ante el juez José Luis Calama solicitando formalmente la «nulidad general de las actuaciones» del caso Plus Ultra, alegando que el procedimiento ha vulnerado el derecho a un proceso justo, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. La defensa pide excluir toda la prueba obtenida en registros y entradas practicados tanto por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid como por la Audiencia Nacional, y denuncia «maniobras dirigidas a reconducir el procedimiento hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, eludiendo al juez natural competente». Este escrito va más allá de la amenaza de nulidad parcial avanzada el 23 de junio en relación con el disco duro «Crucial»: solicita la invalidación de toda la instrucción. Rige la presunción de inocencia.

El juez Calama abre investigación penal por la filtración de los WhatsApp y la agenda privada de Zapatero al caso Plus Ultra

El juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, caso Plus Ultra) ha adoptado un auto acordando deducir testimonio para que un juzgado de Madrid investigue quién filtró a los medios los mensajes de WhatsApp de José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria Gertrudis Alcázar y su agenda personal —contenidos en el informe UDEF incorporado el 22 de junio—, y ha creado una pieza de 'información sensible' que limita el acceso a las grabaciones de los interrogatorios al Ministerio Fiscal y al propio instructor. El magistrado aprecia que la difusión de esos datos puede revestir carácter delictivo conforme a los artículos 466 y 417 del Código Penal, relativos a la revelación de actuaciones declaradas reservadas. El PSOE calificó la filtración de 'escándalo' y 'cacería'. Rige la presunción de inocencia.

Teijelo admite ante Pedraz cobrar 125.000 € del PSOE para una 'prospectiva sentimental' de las causas y confirma reuniones en la Fiscalía junto a Leire Díez

En su declaración como investigado ante el juez Santiago Pedraz, el abogado Jacobo Teijelo reconoció haber percibido 125.000 euros del PSOE a cambio de lo que describió como una «prospectiva sentimental de sus causas» —un análisis jurídico sobre la evolución previsible de los procedimientos que afectaban al partido— y confirmó haber accedido a la sede de la Fiscalía General junto a la investigada Leire Díez, contradiciendo la versión pública de la fiscal general Teresa Peramato, si bien invocó el secreto profesional para no desvelar los motivos de esas reuniones. Dos facturas adicionales por 50.000 euros no fueron cobradas por «incompatibilidad», según el letrado, cuando asumió la defensa penal de Santos Cerdán. La declaración, de algo más de una hora, fue descrita por los presentes como tensa. Rige la presunción de inocencia.

“prospectiva sentimental de sus causas”

Jacobo Teijelo declara como investigado ante el juez Pedraz en el caso de las presuntas 'cloacas' del PSOE

El abogado Jacobo Teijelo —representante de Santos Cerdán y presente en las reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General— comparece ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional como investigado en la causa de las presuntas 'cloacas' (DP 150/2025). El juez le atribuye presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado, y estima que habría percibido al menos 125.000 euros procedentes del PSOE por su participación en la red investigada. Rige la presunción de inocencia.

El informe UDEF revela que Zapatero agendó una reunión con Leire Díez cuatro días después de que ella declarase ante el juez

El informe de la UDEF de 1.084 páginas incorporado al caso Plus Ultra que instruye el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional) desvela, según Libertad Digital e Infobae, que la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero recogía una reunión con Leire Díez programada para el 21 de noviembre de 2025, cuatro días después de que la investigada hubiera comparecido ante la justicia en el marco de la causa sobre las presuntas 'cloacas' del PSOE. El dato —extraído del volcado de WhatsApp entre el expresidente y su secretaria Gertrudis Alcázar— establecería una conexión directa entre la trama investigada en el caso Plus Ultra y la red investigada por el juez Santiago Pedraz (DP 150/2025). Según los propios mensajes que recoge la fuente, la cita se aplazó finalmente y no consta que llegara a celebrarse. Son indicios de un informe policial en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia y ninguno de los citados está condenado.

La UDEF vuelca más de mil páginas de WhatsApp entre Zapatero y su secretaria 'Gertru': 'Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad'

Un informe de la UDEF fechado el 22 de junio e incorporado al 'caso Plus Ultra' que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional incorpora como anexos la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero de 2024 y 2025 y un volcado de más de mil páginas de su conversación de WhatsApp con su secretaria personal de máxima confianza, María Gertrudis Alcázar Jiménez ('Gertru'), también investigada. Entre los mensajes destacan los cruzados tras la rueda de prensa de Leire Díez del 4 de junio de 2025 —en la que irrumpió el empresario Víctor de Aldama—: Zapatero escribió 'Me ha gustado Leire' y Alcázar respondió, tres horas después, 'Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda. Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad'. La Policía sitúa además a Alcázar —junto a Cristóbal Cano Quiles— como una 'pieza operativa esencial' encargada de 'coordinar y dotar de cobertura formal la documentación que sustenta las actuaciones de la red', y recoge un mensaje suyo sobre el importe de una factura: 'ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada'. Son indicios de un informe policial en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia y ninguno de los citados está condenado.

“Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad”

La UDEF atribuye a Zapatero el cobro de 200.000 € del Grupo Gloria por mediar ante el Gobierno de Bolivia en favor de la cementera SOBOCE

Un nuevo informe de la UDEF incorporado al 'caso Plus Ultra' que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el cobro de 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria a cambio de mediar ante el Gobierno de Bolivia (presidente Luis Arce) para que su filial cementera SOBOCE evitara una sanción de unos 107 millones de dólares en su litigio de competencia desleal con la cementera estatal FANCESA. Según la Policía, el pago se canalizó mediante un 'contrato simulado' de asesoría —fechado el 10 de mayo de 2024, con 10.000 euros por día de viaje— suscrito con la 'sociedad interpuesta' peruana Focus Social Research SAC, en tres entregas (100.000 € en julio de 2024 y dos de 50.000 € en junio de 2025). La UDEF enmarca los hechos en una presunta 'dinámica de intermediación e influencias' y revela que en la comitiva del viaje a Bolivia de septiembre de 2024 figuraban el entonces secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, y los empresarios venezolanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón. Son indicios de un informe policial en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia y Zapatero no está condenado.

“una dinámica de intermediación e influencias, orientada a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros”

La UCO identifica al 'topo' de la SEPI en el caso Leire: un exdirector habría filtrado el expediente del rescate de Tubos Reunidos

Un informe de la UCO incorporado a la causa que instruye el juez Santiago Pedraz (caso Leire Díez, Audiencia Nacional) señala a Miguel Ángel Figueroa, exdirector de Participadas III de la SEPI, como el presunto 'topo' que habría filtrado nueve archivos confidenciales del expediente del rescate de 112,8 millones de euros a la siderúrgica alavesa Tubos Reunidos. Los archivos habrían llegado a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y socio del llamado 'Grupo Hirurok' junto a Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. Los investigadores se apoyan en una libreta incautada a Leire Díez, fechada el 3 de abril de 2021, en la que se anota sobre Figueroa: 'Va a ser nuestros ojos en la SEPI', y que 'los directores de participadas tienen acceso a todo de todos'. La SEPI aprobó el rescate el 13 de julio de 2021. Son indicios de un informe policial en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“Va a ser nuestros ojos en la SEPI”

Begoña Gómez, citada a entregar su pasaporte, recurre las medidas cautelares ante la Audiencia Provincial

Begoña Gómez está citada este miércoles 24 de junio ante el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid para entregar su pasaporte, conforme a las medidas cautelares acordadas el 20 de junio por el juez Juan Carlos Peinado al abrir el juicio oral. Su defensa ya había presentado un recurso de apelación ante la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación de las tres medidas —retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales—, argumentando que el riesgo de fuga es inexistente dado el dispositivo de seguridad permanente de la Policía Nacional que acompaña a la esposa del presidente del Gobierno. La asesora Cristina Álvarez entregó su pasaporte con antelación al plazo marcado. La Audiencia Provincial deberá resolver el recurso. Rige la presunción de inocencia.

Koldo García formaliza el incidente de nulidad ante el Supremo y pide suspender su condena; Ábalos anuncia el mismo paso

La defensa de Koldo García presentó el 24 de junio ante el Tribunal Supremo el incidente de nulidad de actuaciones —paso previo obligatorio al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional— alegando vulneración de la presunción de inocencia, indefensión por falta de acceso a dispositivos incautados y duplicidad con causas pendientes en la Audiencia Nacional; el escrito incluye la petición expresa de suspender la ejecución de la condena de 19 años y ocho meses de cárcel mientras el tribunal lo resuelve. Al día siguiente, el 25 de junio, la defensa de José Luis Ábalos anunció un escrito análogo calificando la sentencia de 'retroceso de derechos grave' y cuestionando el criterio favorable aplicado al colaborador Víctor de Aldama. El Supremo deberá resolver ambos incidentes antes de que quede expedita la vía del amparo constitucional. Rige la presunción de inocencia.

Dos exjefes de la UCO admiten presiones de la cúpula de la Guardia Civil para 'ponerse de perfil' en causas del Gobierno

Los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, exmandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reconocieron ante agentes de la propia UCO haber recibido presiones del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, para no avanzar en investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. Según The Objective, las presiones habrían consistido en órdenes de 'ponerse de perfil'. Ambos están citados como testigos ante el juez Santiago Pedraz (DP 150/2025) el viernes 26 de junio. Son indicios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia y ninguno de los citados está investigado formalmente en este procedimiento.

La UCO vincula al PNV con la 'trama Leire': habría mediado para el rescate de 112 millones de Tubos Reunidos por la SEPI

Un informe de la UCO incorporado a la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional (caso Leire Díez), al que ha tenido acceso The Objective, sostiene que el llamado «Grupo Hirurok» —Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— realizó labores de intermediación con el PNV para impulsar el rescate de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI (Fasee) a la siderúrgica alavesa Tubos Reunidos en 2021. La UCO documenta una reunión el 28 de enero de 2025 entre el consejero delegado de la empresa, Carlos López de las Heras, y el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con la presencia del responsable de Organización y senador Joseba Aurrekoetxea. Según los investigadores, la trama habría percibido una presunta comisión ilegal de al menos 114.950 euros canalizada a través de la sociedad zaragozana Mediaciones Martínez SL, y Vicente Fernández habría sido recompensado con un contrato de 40.000 euros. Todo son indicios de un informe policial en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia y ninguno de los citados está condenado.

“la trama Leire concertó una reunión entre el CEO de la empresa Tubos Reunidos y Andoni Ortuzar, celebrada en enero de 2025”

El general de Información de la Guardia Civil ratifica ante Pedraz que González Fernández fue informada de la operación contra la UCO; la acusación popular pedirá su imputación

El general jefe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil declaró este martes ante el juez Santiago Pedraz en la causa de las presuntas 'cloacas' (DP 150/2025) y ratificó haber enviado a la directora Mercedes González Fernández una nota en la que le informaba de que existía una operación destinada a desestabilizar las investigaciones de la UCO. Tras la declaración, la asociación Hazte Oír anunció que pedirá a su letrado de la acusación popular que solicite a Pedraz la citación de González como investigada. González Fernández no está investigada y el juez aún no ha dictado resolución alguna en ese sentido. Rige la presunción de inocencia.

La defensa de Zapatero pide al juez Calama que acredite la autorización judicial para analizar chats del 'caso Plus Ultra' y amenaza con incidente de nulidad

El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, presentó dos escritos ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional: en el primero exige acreditar qué resolución judicial autorizó a la UDEF a examinar las conversaciones de WhatsApp almacenadas en un disco duro intervenido —denominado 'Crucial'—, y advierte que si no existe tal autorización esas pruebas 'tienen que ser excluidas del procedimiento', anunciando un posible incidente de nulidad; en el segundo recurre el auto del 18 de junio que denegó ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para esclarecer la cadena de custodia del teléfono de Rodolfo Reyes, cuyo contenido fundamentó la imputación del expresidente. Rige la presunción de inocencia.

Las defensas de Ábalos y Koldo preparan recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo

Tras la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 22 de junio —24 años para José Luis Ábalos y 19 años para Koldo García—, sus equipos de defensa anuncian la preparación de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los abogados alegan falta de motivación, vulneración de derechos fundamentales e indefensión, y sostienen que la causa debería haber retornado a la Audiencia Nacional. El amparo es la única vía recursal disponible dado que el Supremo actúa como instancia única para aforados. El bloque progresista del Constitucional es mayoritario (7 frente a 5), aunque ello no garantiza el éxito. La sentencia del Supremo es firme desde su pronunciamiento. Rige la presunción de inocencia.

El CGPJ abre vía disciplinaria contra Peinado con el voto de calidad de Perelló

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, con empate a cuatro votos resuelto por el voto de calidad de su presidenta Isabel Perelló, acuerda remitir al promotor de acción disciplinaria un auto del juez Juan Carlos Peinado en el que sugerió que los escoltas de Begoña Gómez podrían facilitarle la fuga —expresión que los cuatro vocales propuestos por el PP califican de crítica procesal legítima—. Los vocales del PP anuncian voto particular. Rige la presunción de inocencia.

El 'hombre de Zapatero en Venezuela' se niega a contestar en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI

Manuel Aarón Fajardo García, empresario canario residente en Venezuela e identificado por el auto del juez Calama como presunto enlace entre la aerolínea Plus Ultra y el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, compareció el 22 de junio ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI. Fajardo leyó una declaración inicial en la que negó haber realizado «actuación alguna relacionada con ayudas públicas» y se negó a responder ninguna pregunta al conjunto de los senadores, calificando el relato que lo implica como «digno de Netflix». El juez Calama no le atribuye formalmente la condición de imputado en los documentos públicos conocidos; su rol aparece como elemento indicativo en la instrucción del caso Plus Ultra. Rige la presunción de inocencia.

“El relato es digno de Netflix”

La defensa de Begoña Gómez denuncia a Peinado ante el CGPJ por comunicar el auto de apertura de juicio a la prensa antes que a su abogado

El letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, presenta ante el Consejo General del Poder Judicial una queja contra el juez Juan Carlos Peinado por haber divulgado el auto del 20 de junio —que acuerda la apertura de juicio oral con jurado popular y decreta la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España— a los medios de comunicación antes de notificarlo formalmente a la defensa, impidiendo así el ejercicio inmediato de los recursos. La revisión de las medidas cautelares, en su caso, corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz abre el martes la ronda de veinte interrogatorios en el caso Leire: el general de Información y Barco Mostazo, los primeros

El juez Santiago Pedraz inicia el martes 23 de junio la tanda de aproximadamente veinte declaraciones —la mayoría testigos— señaladas en la causa de las presuntas 'cloacas'. Abren la ronda el general jefe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el comandante Juan Manuel del Barco Mostazo (10:00 y 10:30 horas). La presidenta del PSOE Cristina Narbona está citada para el 10 de julio. El abogado Jacobo Teijelo, en calidad de investigado, deberá comparecer el 25 de junio. Rige la presunción de inocencia.

Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España

El juez Juan Carlos Peinado dicta este sábado un auto de 84 páginas por el que acuerda la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez y su asesora en Moncloa Cristina Álvarez —por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida— y contra el empresario Juan Carlos Barrabés —por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sin medidas cautelares—. El magistrado impone a Gómez y a Álvarez la retirada de todos sus pasaportes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente a firmar durante toda la tramitación de la causa. La Fiscalía había pedido el archivo. Rige la presunción de inocencia.

Leire Díez sondea abogados para desmarcarse del PSOE y plantea, según The Objective, una estrategia de colaboración con la justicia

Según fuentes citadas por The Objective, la investigada Leire Díez está consultando a nuevos letrados con intención de distanciarse del PSOE ante la previsión de que el partido le atribuya toda la responsabilidad en la causa instruida por el juez Santiago Pedraz. Las mismas fuentes señalan que Díez baraja una estrategia de colaboración con la justicia similar a la adoptada por Víctor de Aldama en el caso mascarillas, y que su decisión final dependería del alcance de la sentencia del Tribunal Supremo. Rige la presunción de inocencia.

Peinado abre pieza separada por presunto fraude a la UE en un contrato de 4 M€ adjudicado a Barrabés

El juez Juan Carlos Peinado abre una nueva pieza separada dentro del caso Begoña Gómez para investigar un contrato de 4 millones de euros —financiado con fondos FEDER y adjudicado a una UTE de Barrabés y KPMG— tras recibir un informe de la UCO remitido por la Fiscalía Europea (EPPO). El auto, fechado el 18 de junio, aprecia indicios de presunta prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea: el mismo funcionario habría firmado los informes de evaluación de tres contratos de Red.es adjudicados a Barrabés, ocultando la ausencia de un requisito técnico esencial. Rige la presunción de inocencia.

Peramato niega las purgas en la Fiscalía y se ofrece a dar más información sobre Leire Díez al juez Pedraz

La fiscal general Teresa Peramato comparece en la Comisión de Justicia del Senado —llamada por el PP para explicar las dos reuniones que el número dos de la Fiscalía mantuvo con la investigada Leire Díez— y niega las acusaciones de purgas en el ministerio público. Afirma que trasladó a Pedraz toda la información disponible y que, si el juez la considera insuficiente, facilitará cuanto se le requiera. El PP la acusa de 'silencio cómplice'; Peramato responde que 'no ha habido purga alguna'. Rige la presunción de inocencia.

La sentencia del caso mascarillas se retrasa a la semana del 22 de junio: sin unanimidad sobre la pena de Aldama

Según OKDIARIO, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no logrará esta semana una resolución unánime en el caso mascarillas: aunque los magistrados ya acordaron las condenas de José Luis Ábalos y de Koldo García, persisten discrepancias sobre la pena a imponer a Víctor de Aldama —colaborador de la justicia—, lo que aplaza el fallo previsiblemente a la semana del 22 de junio. El Debate confirma que el tribunal seguía en deliberación el 18 de junio, examinando también la causa por testimonios falsos durante el juicio. La sentencia, que el Supremo calificó de 'inmediata' el 5 de junio, permanece sin fecha concreta. Rige la presunción de inocencia.

Calama amplía la causa: imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria Gertrudis Alcázar

Tras la declaración del expresidente, el juez José Luis Calama acuerda citar como investigadas a sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa —administradoras de la agencia Whathefav SL— y a su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar Jiménez, por su presunto papel en la red de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra. Según el auto citado por El Independiente, Whathefav aparece «vinculada indiciariamente al entramado investigado», con un «papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones» relevantes para la causa, y Alcázar habría desempeñado un papel relevante en la «gestión documental y en la elaboración de facturas». Rige la presunción de inocencia.

Zapatero no da explicaciones sobre las joyas en su segunda jornada; Calama redirige la investigación a Hacienda y Aduanas

En la segunda jornada de declaración como investigado ante el juez José Luis Calama, José Luis Rodríguez Zapatero no facilita explicaciones sobre las joyas valoradas en 1,3 millones intervenidas en su despacho de Ferraz, alegando que aún recopila documentación sobre su origen y situación fiscal. El magistrado responde con diligencias dirigidas a la Agencia Tributaria y a Aduanas para rastrear cualquier registro de entrada de las piezas en España. Rige la presunción de inocencia.

Calama: la declaración de Zapatero 'no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad'

Tras la primera jornada de comparecencia como investigado —casi tres horas, de 9:12 a 12:28—, el juez José Luis Calama concluye que el testimonio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no ha despejado los indicios contra él por presunta organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El magistrado rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción y del PP de retirarle el pasaporte e imponerle comparecencias quincenales, argumentando que la notoriedad pública y el arraigo territorial del expresidente excluyen el riesgo de fuga. La segunda jornada está prevista para el 18 de junio. Rige la presunción de inocencia.

Zapatero declara como investigado ante el juez Calama, primer expresidente ante un juez en democracia

José Luis Rodríguez Zapatero llegó a las 8:49 horas a la Audiencia Nacional y desde las 9:12 respondió ante el magistrado José Luis Calama como investigado en el caso Plus Ultra —donde se le atribuye presunta organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales por el rescate de 53 M€—; sobre la pieza separada de las joyas valoradas en 1,3 M€ intervenidas en su despacho rechazó declarar. Es el primer expresidente del Gobierno que declara como investigado en un procedimiento penal en democracia. La declaración concluyó en torno a las 12:28, tras casi tres horas ante el magistrado, sin necesidad de la segunda jornada convocada para el 18 de junio. Rige la presunción de inocencia.

El Supremo ya tiene unanimidad en las condenas de Ábalos y Koldo pero sigue deliberando la de Aldama

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha alcanzado unanimidad sobre las penas a imponer a José Luis Ábalos y a Koldo García, y continúa deliberando para cerrar la condena de Víctor de Aldama —cuya colaboración con la justicia es el punto de mayor discrepancia—. La sentencia definitiva aún no ha sido publicada. Rige la presunción de inocencia.

Calama deniega aplazar la declaración de Zapatero: comparecerá el 17 y 18 de junio

El juez José Luis Calama rechaza la petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero de suspender su comparecencia como investigado —tanto por las joyas valoradas en 1,3 millones intervenidas en su despacho como por su presunto papel en el rescate de Plus Ultra— y mantiene las fechas del martes 17 y miércoles 18 de junio. Rige la presunción de inocencia.

La directora de la Guardia Civil contradice a la UCO en el Senado: sus contactos con Leire Díez fueron 'cafés', nunca reuniones en su sede

Mercedes González Fernández comparece en la comisión de investigación del Senado (caso Koldo) y niega haber recibido a la investigada Leire Díez en la sede de la Dirección General —contradiciendo el informe de la UCO—, afirmando que los contactos se limitaron a encuentros en una cafetería próxima. González Fernández no está investigada. Rige la presunción de inocencia.

La UCO acredita que la directora de la Guardia Civil siguió mensajeándose con Leire Díez tras el aviso interno sobre la trama

Según la UCO, Mercedes González Fernández intercambió mensajes con Leire Díez el 9 y el 11 de mayo —al menos trece días después de que la Guardia Civil alertara internamente de los presuntos planes de Díez para desacreditar a la UCO— y activó la eliminación automática del chat horas antes de que se ordenara una investigación interna contra la unidad. González compareció ese mismo día en la Comisión de Interior del Senado, en lugar de ante la comisión de investigación del caso Koldo. Rige la presunción de inocencia.

El Supremo delibera la sentencia del caso mascarillas: fallo inminente con condenas por debajo de lo pedido por Fiscalía

La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebra hoy la deliberación final sobre la sentencia del caso mascarillas —que enjuició a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama— y el fallo podría conocerse en las próximas horas o mañana. Según OKDIARIO, el tribunal votará de forma unánime y las condenas quedarían muy por debajo de las penas reclamadas por Anticorrupción (24 años para Ábalos, 19 y medio para Koldo, 7 para Aldama). Rige la presunción de inocencia.

Pedraz rechaza los recursos de Cerdán y Leire Díez que pedían tumbar la causa de las cloacas

El juez Santiago Pedraz desestima los recursos de reforma de Santos Cerdán y Leire Díez —que alegaban nulidad de actuaciones e incompetencia de la Audiencia Nacional— y avala la competencia del tribunal para investigar la presunta estructura de interferencia en procedimientos judiciales. En el auto recoge además que Cerdán dio 'instrucciones verbales' en el PSOE para que se autorizara y pagara cualquier desplazamiento de Leire Díez. Rige la presunción de inocencia.

Zapatero pide aplazar su declaración sobre las joyas ante la falta de certificados de países árabes

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero solicita al juez José Luis Calama un nuevo aplazamiento de su declaración como investigado en la pieza separada de contrabando y delito fiscal —las joyas valoradas en 1,3 millones intervenidas en su despacho—, alegando que aún no ha recibido los certificados de origen y precio de dos países de Oriente Próximo. La comparecencia principal por el rescate de Plus Ultra sigue prevista el 17 y 18 de junio. Rige la presunción de inocencia.

Begoña Gómez comparece en la audiencia previa ante el posible juicio con jurado

Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés acuden ante el juez Juan Carlos Peinado a la audiencia previa que cierra la instrucción y abre la puerta al juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Madrid. Hazte Oír pide 24 años para Gómez, 22 para Álvarez y seis para Barrabés por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida; la Fiscalía mantiene que no ve delito y pide el archivo. Rige la presunción de inocencia.

El juez Calama abre pieza separada e investiga a Zapatero por contrabando y delito fiscal por joyas de 1,3 millones

El juez José Luis Calama abre una pieza separada dentro del caso Plus Ultra para investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto contrabando y delito contra la Hacienda Pública. Las joyas —valoradas en 1.323.915 euros— fueron intervenidas el 19 de mayo en su despacho de Ferraz sin documentación aduanera que justifique su origen; su valor supera con creces el umbral de 150.000 euros que determina el tipo de contrabando. Zapatero está citado a declarar como investigado el 17 y 18 de junio. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán por su papel en las cloacas del PSOE

El juez Santiago Pedraz cita a Jacobo Teijelo —abogado penalista de Santos Cerdán y partícipe en reuniones con Leire Díez en la Fiscalía General— para declarar como investigado el 25 de junio en la Audiencia Nacional. Los cargos presuntos son revelación de secretos y cohecho; la Fiscalía señala que habría percibido unos 125.000 euros de cuentas del PSOE entre 2021 y 2023 por trabajos ahora bajo investigación. Rige la presunción de inocencia.

La Fiscalía califica las cloacas de 'organización criminal permanente' y bloquea la nulidad de Leire Díez

El Ministerio Fiscal se opone a la batería de recursos de la defensa de Leire Díez —que pedía la nulidad de actuaciones y la inhibición a favor de un juzgado de Madrid— calificando la presunta estructura como una 'organización criminal permanente y estructurada' y apoyando la competencia del juez Pedraz en la Audiencia Nacional. Rige la presunción de inocencia.

Vox presenta querella contra el ex fiscal general García Ortiz por su papel en el caso Leire

Vox interpone querella ante un juzgado de Madrid contra Álvaro García Ortiz —ex fiscal general del Estado— por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias, al amparo de las dos reuniones que el número dos de su Fiscalía General mantuvo con Leire Díez en la sede del ministerio público. Rige la presunción de inocencia.

El PP cita a Marlaska y a la fiscal general Peramato al Senado para explicar las reuniones con Leire Díez

El PP impulsa en el Senado las comparecencias del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska (30 de junio, comisión Koldo) y de la fiscal general Teresa Peramato (19 de junio, Comisión de Justicia) para que expliquen qué sabían de los encuentros de la investigada Leire Díez en sus respectivas sedes. Rige la presunción de inocencia.

La UCO detecta 52 facturas presuntamente falsas del PSOE en la causa de financiación irregular

En la causa sobre la presunta financiación irregular del PSOE —bajo secreto, instruida por el juez Ismael Moreno—, la UCO identifica 52 facturas presuntamente elaboradas para justificar pagos vinculados a la trama de Ábalos y las 'cloacas'. Rige la presunción de inocencia.

Cerdán pidió a Sánchez la destitución de Marlaska por 'no controlar la UCO', según The Objective

Fuentes de Moncloa y Ferraz citadas por el medio afirman que Santos Cerdán exigió desde finales de 2024 la salida del ministro del Interior y de la directora de la Guardia Civil por las investigaciones de la UCO que le afectaban; Sánchez no accedió. Versión no confirmada oficialmente.

Leire Díez lanza una ofensiva judicial para tratar de anular la causa de la Audiencia Nacional

La defensa de Leire Díez presenta ante el juez Pedraz un conjunto de recursos que piden la nulidad de actuaciones —incluido el auto que autoriza a la UCO a acceder a cinco años de sus comunicaciones— y cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional alegando que un juzgado de Madrid investiga los mismos hechos. Rige la presunción de inocencia.

La Fiscalía General se reunió dos veces con Leire Díez, que entregó denuncias contra el fiscal Grinda

El teniente fiscal Diego Villafañe participó en dos reuniones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo en las que se entregó documentación contra el fiscal Anticorrupción José Grinda. El juez Pedraz ha requerido información a la Fiscalía General. Rige la presunción de inocencia.

El juez del caso Koldo cita como investigado al guardia civil que señaló a Aldama

El juez Ismael Moreno cita a declarar como investigado al subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos, que declaró haber visto a Víctor de Aldama entrar y salir del ministerio con libertad. Rige la presunción de inocencia.

“Yo he visto al señor Aldama entrando y saliendo sin nadie decirle nada.”

La defensa de Zapatero impugna el volcado del móvil de Reyes, prueba base de su imputación

El abogado del expresidente, Víctor Moreno Catena, pide al juez Calama que exija a EEUU ocho puntos sobre la obtención y cadena de custodia del teléfono de Rodolfo Reyes —cuyas conversaciones sitúan a Zapatero al frente de la presunta trama de influencias en el rescate de Plus Ultra— cuestionando la licitud de esa prueba. La declaración como investigado está fijada para el 17 y 18 de junio. Rige la presunción de inocencia.

Las asociaciones de fiscales exigen explicaciones 'completas y verificables' por las reuniones de la Fiscalía con Leire Díez

La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) califican de 'grave' que Leire Díez accediera a la sede de la Fiscalía General para reunirse con el número dos de la entonces cúpula de García Ortiz, y exigen a la fiscal general Teresa Peramato que aclare quién autorizó los encuentros y por qué el fiscal Anticorrupción no fue informado. Rige la presunción de inocencia.

La directora de la Guardia Civil comparecerá el 16 de junio en el Senado por sus reuniones con Leire Díez

El PP cita a Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil, para explicar en el Senado sus tres encuentros con la investigada Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025; González no está investigada. La comparecencia, prevista para el 11 de junio, se aplaza al martes 16 por el operativo de seguridad del Papa en Canarias. Rige la presunción de inocencia.