Desarrollos recientes

El PSOE deja pasar el plazo de 48 horas que le dio Pedraz para entregar la relación de abogados y consultoras contratados entre 2021 y 2025 y pide más tiempo, al invocar el secreto profesional

Según Infobae y The Objective (22 de octubre de 2026), el PSOE no aportó dentro del plazo de 48 horas que le dio el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la relación de letrados, despachos y consultoras contratados entre 2021 y 2025 por sus órganos centrales y territoriales, y remitió en su lugar un escrito, presentado por el coordinador de su asesoría jurídica, en el que pide más tiempo. El partido alega el secreto profesional y la confidencialidad entre abogados y clientes (ha pedido amparo al Consejo General de la Abogacía Española) y que, en periodo electoral, su capacidad de respuesta está «mermada»; propone entregar primero información económica agregada y anonimizada. Pedraz había acordado el requerimiento el 6 de octubre, según Infobae, y lo reiteró el 20 de octubre con un plazo de dos días, al no haber recibido contestación, según Europa Press. Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

Acciona entrega al juez Moreno las facturas que Servinabar emitió a la UTE Variante de Logroño: 1.957.000 euros, IVA incluido

Según EFE (22 de octubre de 2026), Acciona Construcción ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el presunto amaño de contratos de obra pública en el caso Koldo, todas las facturas, por un importe total de 1.957.000 euros con IVA, emitidas por Servinabar (presuntamente vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán) a la UTE Variante de Logroño, junto con albaranes y partes de trabajo del personal de Servinabar. El juez había pedido a la constructora esas facturas, según la providencia a la que tuvo acceso EFE. Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

La defensa de Santos Cerdán recurre la decisión de Pedraz de remitir al juez Moreno el material intervenido en su domicilio y denuncia una investigación «general y prospectiva»

Según EFE y Europa Press (vía The Objective) (21 de octubre de 2026), la defensa de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha presentado un recurso de reforma ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra su decisión de facilitar al juez Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo, copia del material intervenido en el domicilio de Cerdán. Alega que el «único punto de conexión» entre ambas causas es la persona investigada, que ese material forma parte de su «más estricta intimidad domiciliaria» y que la medida equivale a una investigación «general y prospectiva». Según EFE, la documentación aún no se ha incorporado a la causa de Pedraz «por estar en fase de volcado, clonado y análisis». Cerdán está investigado en ambas causas. Son alegaciones de una parte. Rige la presunción de inocencia.

Simon Leendert Verhoeven niega el blanqueo ante Calama y dice que prestó 2,1 millones a Plus Ultra sin saber que la aerolínea recibiría un rescate público de 53 millones

Según El Español y Europa Press (16 de octubre de 2026), el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, a quien la UDEF señala como presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra, declaró como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Negó el delito de blanqueo de capitales y, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, dijo que sus empresas se dedican al «trading» y a los metales preciosos y que los relojes, joyas y lingotes intervenidos en su domicilio proceden de actividades legales. Explicó que prestó 2,1 millones de euros a la aerolínea atraído por los intereses, tras la oferta de otro de los investigados, y que desconocía el rescate de 53 millones que concedería el Gobierno; afirmó que la firma que figura en la versión del contrato que menciona esa ayuda, aportada por directivos de la aerolínea, no es la suya. Rige la presunción de inocencia.

El juez Moreno pide a Pedraz copia de la documentación intervenida a Santos Cerdán y de la entregada por el PSOE para determinar el origen de los ingresos del exdirigente socialista

Según EFE (15 de octubre de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la pieza del caso Koldo sobre presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, ha dictado una providencia en la que solicita al juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, copia de las evidencias digitales y la documentación intervenida en el domicilio de Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la entregada por el PSOE en cumplimiento del requerimiento de Pedraz del 27 de mayo, para «determinar con precisión las fuentes de ingreso» de Cerdán. Lo hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que «todavía no se ha podido determinar ni el origen, ni la totalidad» de sus ingresos y apunta a una posible fuente de efectivo vinculada a Servinabar y a las adjudicaciones de obra pública a Acciona (El Independiente). Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

El director adjunto operativo de la Guardia Civil dice por escrito a Pedraz que Marlaska y la directora general le llamaron tras filtrarse el correo de Begoña Gómez

Según EFE y Europa Press (15 de octubre de 2026), el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha respondido por escrito a un requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general del cuerpo, Mercedes González, le llamaron tras filtrarse el correo electrónico de Begoña Gómez. En el escrito sitúa a la directora general en la génesis de una de las informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO: «estuvo en la génesis de la misma a través de una llamada, así como otra del ministro del Interior». Añade que ninguno de los cuatro expedientes disciplinarios abiertos a agentes de la UCO «ha sido motivado directamente por hechos que guarden relación directa con investigaciones judiciales». Según EFE, Llamas y González figuran entre los investigados de la causa; según Europa Press, el juez indaga si la apertura de esas informaciones reservadas tuvo como objetivo presionar a los agentes. Rige la presunción de inocencia.

El Supremo desestima por unanimidad los incidentes de nulidad de Ábalos y Koldo García, mantiene sus condenas de 24 y 19 años de prisión y les impone las costas

Según EFE y The Objective (14 de octubre de 2026), la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado sendos autos en los que desestima por unanimidad todas las alegaciones de los incidentes de nulidad de actuaciones promovidos por las defensas del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García contra la sentencia que los condenó por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias a 24 años y tres meses y a 19 años y ocho meses de prisión, respectivamente. Según The Objective, el tribunal impone a ambos las costas de los incidentes; la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a los incidentes, según Europa Press. Con esta resolución se agota la vía de la jurisdicción ordinaria y queda abierta la del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Pedraz cita como investigado el 28 de octubre al exjuez Luis José Sáenz de Tejada por organización criminal, calumnias, coacciones y un delito contra la integridad moral

Según EFE, elDiario.es y The Objective (13 de octubre de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire, ha dictado una resolución en la que cita a declarar como investigado, el 28 de octubre a las 10.30 horas, al exjuez Luis José Sáenz de Tejada por presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. La citación llega horas después de que la magistrada Beatriz Biedma, que declaró el 8 de octubre ante Pedraz, pidiera su declaración como investigado. Según Europa Press, una testigo declaró a la UCO que el exjuez contactó con ella y le habló de «eliminar» a la magistrada; Sáenz de Tejada lo niega y, en un escrito a la Audiencia Nacional, lo califica de «rotundamente falso» y de «imputación falsa de hechos sin investigación alguna». Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz descarta por ahora imputar al PSOE como persona jurídica en el caso Leire y espera a practicar más diligencias, entre ellas la declaración de Santos Cerdán

Según Europa Press (9 de octubre de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha descartado por el momento, en un auto, atribuir la condición de investigado al PSOE como persona jurídica, como pedía la acusación popular unificada que lidera el PP. Argumenta que, aunque los hechos «pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE», no se incorpora aún «un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad». Sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró prematura la imputación y subrayó la necesidad de completar antes diligencias como la declaración de Santos Cerdán; el juez añade que hay que analizar antes la documentación requerida al partido. Según Libertad Digital, el auto dice: «Una vez practicadas diligencias oportunas se acordará lo oportuno a tal efecto». Rige la presunción de inocencia.

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Jéssica Rodríguez y de Ignacio Zaldívar y confirma sus imputaciones en la pieza del caso Koldo sobre la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec

Según EFE (9 de octubre de 2026), la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sendos autos en los que rechaza los recursos de las defensas de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, y de Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, contra las imputaciones acordadas por el juez Ismael Moreno en el caso Koldo. Respecto de Rodríguez, la Sala considera que el juicio celebrado contra Ábalos, en el que declaró como testigo, no implica cosa juzgada y apunta a su eventual responsabilidad en los hechos relativos a sus contratos en Ineco y Tragsatec; sostiene que «el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara». Respecto de Zaldívar, mantiene su imputación conforme a la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que pudo participar en un delito de tráfico de influencias al trasladar a su subordinada las presiones recibidas para que Rodríguez fuera contratada y mantenida en su puesto. El 20 de julio ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Rige la presunción de inocencia.

La defensa de David Sánchez recurre su condena por prevaricación y pide la absolución al denunciar una «investigación prospectiva»

Según Europa Press y El Debate (8 de octubre de 2026), la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que lo condena, como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, a nueve años de inhabilitación por su contratación en la Diputación de Badajoz; el escrito, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tiene 104 páginas. Pide su absolución por vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, y sostiene que la causa fue una «investigación prospectiva». La sentencia no es firme. Son alegaciones de una parte. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz cita como investigado a Nervis Villalobos por presunta falsificación documental, reclama al PSOE la relación de abogados y consultoras que contrató entre 2021 y 2025 y pide a Anticorrupción que informe sobre la petición del PP de imputar al partido

Según Estrella Digital y Europa Press (vía Infobae), que recogen dos providencias conocidas el 6 de octubre de 2026 (la primera, fechada ese mismo día), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cita a declarar como investigado el 28 de octubre, por un presunto delito de falsificación documental, al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, al que requiere la documentación original que presentó en su expediente de nacionalidad española por la Ley de Memoria Histórica (certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela). Ese mismo día declaran como testigos dos responsables del área de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia: el subdirector general desde marzo de 2025 y la subdirectora adjunta hasta esa fecha. Tras la declaración como investigada de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, el juez requiere a los servicios jurídicos del partido la relación completa de letrados, despachos y consultoras contratados entre 2021 y 2025 por sus órganos centrales y territoriales, con las notas de encargo o contratos y la documentación que justificó los servicios, sin perjuicio del secreto profesional y del derecho a no autoincriminarse (Estrella Digital, Libertad Digital). En otra providencia, cuya fecha no precisan las fuentes, según Libertad Digital y Estrella Digital traslada a la Fiscalía Anticorrupción, para que informe, el escrito de la acusación popular unificada que lidera el PP en el que pide citar al PSOE como investigado; el partido no tiene por ahora esa condición procesal. Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

Leire Díez recurre la personación de la jueza Biedma como perjudicada por calumnias en la causa que instruye Pedraz

Según EFE (vía Infobae, 1 de octubre de 2026), la defensa de Leire Díez ha recurrido ante el juez Santiago Pedraz la personación de la magistrada Beatriz Biedma, que envió a juicio a David Sánchez, como perjudicada por un delito de calumnias. Su abogada sostiene que ese delito no está acreditado, que el archivo de las denuncias presentadas contra la jueza no implica la falsedad de los hechos que se le atribuían y que tampoco está acreditado que fuera Leire Díez quien las promovió ante la Fiscalía General del Estado. Pedraz había citado a Biedma a declarar el 8 de octubre. Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

Calama cita el 16 de octubre como investigado al financiero holandés Simon Leendert Verhoeven, al que dejó en libertad con cautelares tras guardar silencio

Según The Objective (1 de octubre de 2026), el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigado el 16 de octubre, a las 9 horas, a Simon Leendert Verhoeven, financiero holandés que concedió préstamos a Plus Ultra. Según EFE (vía Infobae, 25 de septiembre de 2026), Verhoeven, detenido en Alemania y entregado a España, guardó silencio en su primera comparecencia alegando que no había podido leer la causa, y Calama lo dejó en libertad con prohibición de salir de España, obligación de comparecer en un juzgado cada dos días y de comunicar un domicilio. Según el sumario citado por ambos medios, los investigadores le atribuyen la presunta gestión, junto a Luis Felipe Baca Arbulu, de una organización dedicada al blanqueo de capitales. Rige la presunción de inocencia.

La jueza Biedma aporta a Pedraz unos 90 vídeos del canal de YouTube de Sáenz de Tejada y afirma tener testigos de las presiones para apartarla del caso David Sánchez

Según COPE (30 de septiembre de 2026), la magistrada Beatriz Biedma presentó ante el juez Santiago Pedraz un escrito en el que aporta una relación de en torno a 90 vídeos publicados contra ella en el canal de YouTube del exjuez Sáenz de Tejada, con copias y certificación digital, después de que el juez dejara en suspenso el análisis específico de ese canal. En el mismo escrito afirma disponer de testigos de las supuestas injerencias y presiones que habría sufrido, cuya identidad no revela por ahora. Biedma está citada a declarar como perjudicada el 8 de octubre. Son alegaciones de una parte en una instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

La Fiscalía rechaza que las gestiones de Zapatero en Bolivia queden fuera del caso Plus Ultra y pide mantener en la causa el informe de la UDEF sobre los 200.000 euros de Focus Social Research

Según El Independiente (29 de septiembre de 2026), que ha tenido acceso al escrito, la fiscal Elena Lorente pide al juez José Luis Calama (Audiencia Nacional) que mantenga en la causa el informe de la UDEF sobre los 200.000 euros que Rodríguez Zapatero recibió de la empresa peruana Focus Social Research. La defensa del expresidente, a cargo de Víctor Moreno Catena, había pedido expulsarlo por considerar que la Policía abrió una investigación prospectiva sobre unos pagos ajenos al objeto de las diligencias y sin indicios delictivos. La fiscal responde que esas transferencias ya figuraban en el informe inicial de la UDEF del 22 de abril, que Zapatero fue preguntado por ellas en su declaración del 18 de junio y que la investigación no puede quedar limitada a los hechos descritos en el auto que autorizó las entradas y registros. Según la UDEF, el contrato de asesoría con Focus canalizaba pagos por gestiones de Zapatero ante autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, en favor del Grupo Gloria, cuya filial cementera SOBOCE litigaba con FANCESA. El escrito fue remitido al juez el 18 de septiembre (Moncloa.com, 1 de octubre). Son conclusiones policiales en una instrucción abierta; rige la presunción de inocencia.

“sirve de excusa para encubrir su persistente deseo de limitar la actuación judicial”

Calama inadmite la recusación de Zapatero contra Joyería Yanes y mantiene el encargo de tasar las joyas intervenidas en su despacho

Según Infobae y Libertad Digital (29 de septiembre de 2026), el juez José Luis Calama inadmitió la recusación que la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero presentó el 24 de septiembre contra Joyería Yanes, designada el 21 de septiembre para una nueva pericial sobre las joyas intervenidas en el despacho del expresidente. La defensa alegaba falta de imparcialidad por las declaraciones televisivas del director general de la firma, Juan Yanes, que estimó el conjunto en «un par de millones» de euros; la tasación anterior de Ansorena lo situó en 1.323.915 euros. Calama considera la recusación precipitada porque aún no se ha designado a los profesionales que harán el examen y sostiene que las manifestaciones de un directivo de la entidad no constituyen causa legal de recusación del perito. La resolución es recurrible. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz admite a la jueza Biedma como perjudicada en el caso Leire, «al menos por el delito de calumnia», y la cita a declarar el 8 de octubre

Según Estrella Digital y El Español (28 de septiembre de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió, en una providencia de ese día y en línea con la Fiscalía, la personación como acusación particular de la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz que instruyó el caso David Sánchez, al considerarla perjudicada «al menos por el delito de calumnia», y la citó a declarar el 8 de octubre a las 10:15 horas. El juez rechazó por ahora abrir una línea de investigación sobre una anotación de las agendas de Leire Díez y no acordó incorporar los vídeos del canal de YouTube del exjuez Luis José Sáenz de Tejada, al no constar datos que los vinculen con indicaciones de Díez, sin perjuicio de lo que arrojen las diligencias pendientes. Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

“al menos por el delito de calumnia”

La defensa de Equipo Económico pide al Tribunal Supremo que traslade a Madrid la causa del caso Montoro

Según EFE (vía Infobae, 28 de septiembre de 2026), la defensa de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha pedido al Tribunal Supremo que traslade a los juzgados de Madrid la causa que instruye el juez Rubén Rus (Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona), después de que la Audiencia de Tarragona concluyera que ni ella ni el TSJ de Cataluña son competentes para decidirlo. Las defensas alegan que Equipo Económico y la asociación de empresas gasistas AFGIM tienen su sede en Madrid y que allí se presentaron ante las Cortes Generales las propuestas legislativas que se investigan. Rige la presunción de inocencia.

La Audiencia Nacional investiga cientos de mensajes de Threema entre Aldama y Delcy Rodríguez sobre operaciones de petróleo venezolano en la pieza secreta de la financiación del PSOE, según El Mundo

Según El Mundo (26 de septiembre de 2026), el Juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, que dirige Ismael Moreno, ha encomendado a la UCO rastrear cientos de mensajes intercambiados durante años por la aplicación de mensajería Threema entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela y hoy presidenta encargada, dentro de la pieza secreta sobre la supuesta financiación irregular del PSOE. Los mensajes forman parte de la documentación entregada por Aldama en los últimos meses y recogen negociaciones de compraventa de crudo de PDVSA en las que Aldama actuaba en representación de la suiza Pegaso Energy, aliada con la rusa Kvarta Ltd, con pagos en cuentas rusas que, según el diario, permitían eludir las sanciones internacionales; en un mensaje de junio de 2021 anuncia «una propuesta de Pegaso con la carta de los rusos». Aldama sostiene, en dos declaraciones que se mantienen en secreto, que entregó dinero en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García procedente de esos negocios, al menos 300.000 euros el 3 de enero de 2020. Son afirmaciones de un colaborador con la Justicia en una pieza bajo secreto, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

El BOE publica, cinco días después del auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, la jubilación forzosa por edad del juez Peinado, que cumple 72 años el día 27

Según Infobae (26 de septiembre de 2026), el BOE publicó el sábado 26 la jubilación forzosa por edad, acordada por el CGPJ, de Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que cumple 72 años el domingo 27. Su última resolución, firmada el lunes 21, fue el auto de apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Según la parte dispositiva del auto (p. 65), Gómez es acusada de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y su asesora Cristina Álvarez solo de malversación, como cooperadora necesaria y exclusivamente en relación con el desvío del software de la cátedra. La instrucción se abrió en abril de 2024, cuando una denuncia de Manos Limpias recayó en su juzgado; la Audiencia Provincial de Madrid ratificó que Gómez será juzgada por un tribunal del jurado. El juzgado queda sin titular y está pendiente de concretarse qué magistrado asume la causa (Moncloa.com). La apertura de juicio oral no declara culpabilidad; rige la presunción de inocencia.

La Fiscalía Europea preguntó a la UCO si hay fondos de la UE afectados en el caso Leire; Pedraz responde que los hechos ya los investiga su juzgado

Según EFE (vía Infobae, 24 de septiembre de 2026), el fiscal europeo delegado Luis Miguel Jiménez trasladó a la UCO, en un escrito de 7 de julio, la denuncia de un particular que pedía investigar si fondos de la campaña del PSOE a las elecciones europeas de 2024 pudieron desviarse a actividades vinculadas a Leire Díez, y preguntó si constan fondos europeos afectados en la causa. Informado por la UCO, el juez Santiago Pedraz respondió el 23 de septiembre que esos hechos «están siendo conocidos e investigados por este órgano» y que cualquier solicitud de información debe dirigirse directamente a su juzgado. Rige la presunción de inocencia.

Testigos de la agencia de publicidad del PSOE declaran ante la UCO que el equipo de comunicación del partido decidió incluir a Crónica Libre en el plan de medios de las europeas de 2024

Según El Español y EFE (vía Infobae, 24 de septiembre de 2026), responsables de Grupo IKI, la agencia contratada por el PSOE para la campaña de las europeas de 2024, declararon ante la UCO que la inclusión de Crónica Libre —el medio vinculado a Leire Díez— entre los beneficiarios de publicidad la decidió el equipo de comunicación del partido, entonces dirigido por Ion Antolín, y que la agencia no la habría recomendado. Una directiva de IKI declaró que esos servicios no estaban justificados por tratarse de un medio pequeño con «escaso impacto»; el importe ejecutado fue de 14.980 euros netos (18.125 con IVA). La misma testigo dijo no haber recibido presiones de ningún alto cargo del PSOE para agilizar el pago. Son testimonios recogidos en un atestado de una instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

“escaso impacto”

Un informe de la UCO al juez Pedraz recoge correos de 2020 en los que la Dirección General de Seguridad Jurídica preguntaba por el expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos

Según El Debate (24 de septiembre de 2026), la UCO ha entregado al juez Santiago Pedraz un informe sobre la tramitación del expediente de nacionalidad del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, cuya solicitud fue denegada, en el que constan dos correos de julio de 2020 dirigidos a responsables del Área de Nacionalidad con el asunto «Expediente nacionalidad pregunta la Directora: Nervis Villalobos», cuando la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública era Sofía Puente. Según el mismo medio, los investigadores sospechan que Leire Díez pudo intervenir en ese expediente. Las informaciones publicadas no atribuyen a Sofía Puente ningún delito ni la sitúan como investigada. Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

Libertad Digital publica un chat de agosto de 2024 entre Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el exjuez Sáenz de Tejada sobre una estrategia contra altas instituciones

Según Libertad Digital (23 de septiembre de 2026), que afirma haber tenido acceso al grupo de WhatsApp, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada formaban parte de un chat creado en agosto de 2024. El medio reproduce un mensaje atribuido a Sáenz de Tejada que habla de una estrategia y un «relato» y de «atacar a gente metida en las más altas instituciones (Consejo, Supremo, Constitucional, Fiscalía)», y otro atribuido a Pérez Dolset sobre la «munición» disponible. La causa la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Son mensajes publicados por un medio. Rige la presunción de inocencia.

“atacar a gente metida en las más altas instituciones (Consejo, Supremo, Constitucional, Fiscalía)”

La Audiencia de Tarragona deja en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre si el caso Montoro sigue en Tarragona o pasa a Madrid

Según EFE (vía Infobae) e infoLibre (22 de septiembre de 2026), la Audiencia Provincial de Tarragona, en un auto, rechaza resolver la cuestión de competencia planteada por varias defensas —entre ellas la del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro— al considerar que se trata de una controversia entre órganos de instrucción de distintas comunidades autónomas que debe dirimir el Tribunal Supremo; ni ella ni el TSJ de Cataluña son competentes. La causa la abrió en 2018 el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona y siguen pendientes diligencias y la declaración de los principales investigados. Rige la presunción de inocencia.

Calama fija el 30 de noviembre la declaración como investigadas de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en el caso Plus Ultra

Según Infobae (21 de septiembre de 2026), el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha fijado, en una providencia dictada ese lunes tras un informe de la Fiscalía, que Laura Rodríguez Espinosa (9:00) y Alba Rodríguez Espinosa (12:00) declaren como investigadas el 30 de noviembre en la causa del caso Plus Ultra, en la que se investiga un posible delito de blanqueo de capitales y en la que la UDEF ha examinado a su empresa, What The Fav, por su relación con sociedades del entramado investigado. La condición de investigadas ya se había acordado en junio; ahora se fija la fecha. Las valoraciones de la UDEF son hipótesis policiales, no conclusiones judiciales. Rige la presunción de inocencia.

HazteOír recurre ante el TSJ de Extremadura la sentencia del caso David Sánchez, pide seis años de prisión por tráfico de influencias en concurso con prevaricación y denuncia de nuevo a Gallardo por la plaza de Luis Carrero

Según EFE (vía Infobae, 17 de septiembre de 2026), la acusación popular HazteOír ha recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que condenó por prevaricación y absolvió del tráfico de influencias. Sin discutir los hechos probados, sostiene que la absolución «no descansa en una valoración de la prueba, sino en un concepto de influencia que la ley no contiene», y pide una condena conjunta por tráfico de influencias en concurso con prevaricación de seis años de prisión para David Sánchez y cuatro para Miguel Ángel Gallardo. Según Europa Press (vía Infobae), reclama también la devolución de los salarios percibidos por David Sánchez y Luis Carrero. La asociación ha presentado además una denuncia por presunta prevaricación contra Gallardo por la creación de la plaza que ocupó Carrero, hecho por el que no fue juzgado y sobre el que la Audiencia reservó expresamente la posibilidad de ejercer acciones. La sentencia no es firme. Rige la presunción de inocencia.

“no descansa en una valoración de la prueba, sino en un concepto de influencia que la ley no contiene”

Pedraz rechaza limitar las cuentas bancarias que analizará la UCO en el caso Leire: hasta 81 del PSOE, Zarrías, Oliver y Teijelo

Según EFE (vía Infobae, 17 de septiembre de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, siguiendo el criterio de la Fiscalía, rechazó en un auto tres recursos contra el requerimiento para rastrear hasta 81 cuentas del PSOE, de la sociedad Zaño Consultores y de tres investigados —el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo—, que pedían limitar el análisis a las cuentas desde las que se pagó a Leire Díez. El objetivo es determinar si el PSOE la pagó a través de los abogados y de Zarrías. Zarrías ha recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal: su defensa califica el rastreo de «diligencia prospectiva» y sostiene que solo contrató a Díez en 2024. Rige la presunción de inocencia.

La jueza Biedma pide personarse como perjudicada en el caso Leire por las supuestas maniobras para apartarla de la causa de David Sánchez

Según El Español (16 de septiembre de 2026), la magistrada Beatriz Biedma, que envió a juicio a David Sánchez, ha pedido al juez Santiago Pedraz personarse como perjudicada en el caso Leire. Su escrito sostiene que fue objeto, «según los indicios actualmente existentes», de actuaciones para obtener información sobre ella, desacreditarla y apartarla de procedimientos concretos, e invoca una anotación de las agendas de Leire Díez fechada el 25 de marzo de 2025 para pedir que se investiguen supuestos contactos con personas de un clan de Badajoz. Pedraz dio traslado a la Fiscalía para que se pronunciara. Son alegaciones de una parte. Rige la presunción de inocencia.

La Audiencia de Badajoz aclara la inhabilitación de David Sánchez: pierde la plaza ligada a su condena pero conserva su condición de empleado público

Según Infobae (16 de septiembre de 2026), la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz dictó un auto de aclaración de la sentencia del caso David Sánchez. La inhabilitación especial impuesta a David Sánchez comporta la pérdida de la plaza cuya transformación dio lugar a su condena, aunque ya hubiera cesado voluntariamente en ella, y le impide obtener ese u otro puesto electivo o discrecional en cualquier Administración durante la condena, pero no le priva de su condición de empleado público. El auto precisa en términos equivalentes la situación del resto de condenados, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación cuando ocurrieron los hechos. La sentencia no es firme. Rige la presunción de inocencia.

La Diputación de Badajoz pide al Tribunal de Cuentas archivar las diligencias y no reclamará por ahora los 427.000 euros cobrados por David Sánchez y Luis Carrero

Según The Objective (16 de septiembre de 2026), la Diputación de Badajoz ha comunicado que pidió al Tribunal de Cuentas el archivo de la diligencia abierta tras varias denuncias sobre presuntas responsabilidades por alcance derivadas de la sentencia, y que no reclamará el reintegro de los unos 427.000 euros cobrados por David Sánchez y su colaborador Luis Carrero. La institución alega que la sentencia aún no le ha sido formalmente notificada y es recurrible ante el TSJ de Extremadura, por lo que «en el actual estado procesal» no procede actuación alguna sobre el reintegro. La sentencia no es firme. Rige la presunción de inocencia.

La UCO acude a la sede de Adif por orden del juez Moreno para requerir información sobre una obra de emergencia adjudicada a Levantina en Asturias

Según Libertad Digital (15 de septiembre de 2026), agentes de la UCO se personaron el 11 de septiembre en la sede de Adif, por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, para requerir información sobre los contratos con Levantina, sociedad que el medio vincula a la pieza de obra pública del caso Koldo. Adif remitió un informe sobre los trabajos de emergencia de refuerzo de taludes tras un desprendimiento en 2020 en la línea Gijón–Pravia (Asturias), con un coste final de 373.400 euros frente a 489.300 previstos, y concluyó que las mediciones «serían coherentes» con la documentación justificativa. Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

La defensa de Zapatero pide a la Sala de lo Penal que saque de la causa Plus Ultra la investigación de sus negocios en Bolivia y acusa al juez de dar a la UDEF una «patente de corso»

Según El Español (14 de septiembre de 2026), la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de investigar sus negocios en Bolivia, recogidos en un informe de la UDEF de 22 de abril. Su abogado, Víctor Moreno Catena, sostiene que esos ingresos son «ajenos a la organización que la UDEF atribuye al señor Zapatero», que la línea de investigación es prospectiva y vulnera el principio de especialidad, y pide que el informe se aparte del procedimiento y las pesquisas se limiten al caso Plus Ultra. Rige la presunción de inocencia.

“ajenos a la organización que la UDEF atribuye al señor Zapatero”

El Tribunal de Cuentas entrega al juez Moreno un pendrive con los donantes del PSOE de 2017 a 2024 en la pieza secreta sobre su financiación

Según El Mundo (vía Qué!, 14 de septiembre de 2026), el Tribunal de Cuentas ha entregado a la Audiencia Nacional, en un sobre lacrado, un pendrive con los nombres de los donantes del PSOE entre 2017 y 2024. El juez Ismael Moreno había pedido el listado al partido y al Tribunal de Cuentas en una pieza secreta que busca comprobar si las comisiones que Víctor de Aldama dice haber entregado se camuflaron como aportaciones de apariencia legal. El PSOE sostiene que todas sus donaciones son legales. Son diligencias de una instrucción bajo secreto. Rige la presunción de inocencia.

La Audiencia de Tarragona aplaza al 21 de septiembre la decisión sobre si el caso Montoro se traslada a Madrid por la baja de la magistrada ponente

Según Europa Press (vía Infobae) y Catalunyapress (14 de septiembre de 2026), la Audiencia Provincial de Tarragona ha aplazado hasta el 21 de septiembre la deliberación y el fallo sobre el recurso de apelación de la defensa de Equipo Económico contra la decisión del juez Rubén Rus (Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona), que en abril rechazó ceder a un juzgado de Madrid la causa en la que se investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Según el escrito al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada ponente, Susana Calvo, está de baja laboral y, acordada su sustitución por la magistrada María del Prado Escoda, «se deja sin efecto la votación y fallo prevista para el día de hoy y se señala para la deliberación y fallo el próximo 21 de septiembre». La decisión puede impugnarse en reposición ante el letrado de la Administración de Justicia en un plazo de tres días. Ningún hecho está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“se deja sin efecto la votación y fallo prevista para el día de hoy y se señala para la deliberación y fallo el próximo 21 de septiembre”

Peinado no dicta en el plazo legal de tres días el auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento tras la audiencia preliminar de Begoña Gómez: la defensa cuestionó la validez del escrito de acusación de Hazte Oír

Según Infobae y El Plural (13 de septiembre de 2026), el juez Juan Carlos Peinado (Sección de Instrucción 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, causa 1146/2024) no notificó el viernes 11 el auto que debe decidir si Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez van a juicio con jurado por presuntos tráfico de influencias y malversación, pese a que la Ley del Jurado fija tres días desde la audiencia preliminar del 8 de septiembre. Ambos medios vinculan el retraso a la cuestión planteada en esa vista por el abogado de Gómez, Jaime Campaner: el escrito de conclusiones de Hazte Oír —única acusación que pide juicio, ya que la Fiscalía y las defensas piden el sobreseimiento— sería ineficaz por incorporar referencias a atestados de la UCO y a declaraciones de la instrucción en lugar de limitarse a narrar los hechos punibles, como exige el procedimiento del jurado; según Infobae, Manos Limpias ha mostrado discrepancias con el resto de acusaciones. Según El Plural, Peinado está de vacaciones del 9 al 18 de septiembre y se jubila el 27; los escenarios van desde declarar ineficaz el escrito, lo que abocaría al sobreseimiento por el principio acusatorio, hasta considerar subsanables los defectos. A 13 de septiembre no consta resolución. Ningún hecho está judicialmente probado. Rige la presunción de inocencia.

Cueto y Rotaeche declaran voluntariamente como investigados ante el juez Moreno y niegan haber pagado o conocido las comisiones por los contratos de mascarillas de Soluciones de Gestión

Según EFE (vía Infobae) y The Objective (11 de septiembre de 2026), Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche comparecieron el viernes 11 de septiembre, a petición propia, como investigados ante el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional), que instruye la parte del caso Koldo que no juzgó el Tribunal Supremo. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, Rotaeche, administrador único de Soluciones de Gestión, y Cueto, a quien los investigadores atribuyen el control real de la empresa, negaron ante la Fiscalía y sus defensas haber pagado comisiones o haberlas conocido: sostuvieron que se limitaron a aceptar una propuesta de negocio de Víctor de Aldama y a presentar las ofertas que resultaron adjudicatarias. La sentencia del Supremo dio por probado que Aldama recibió 6,6 millones de euros de Soluciones de Gestión por los contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif (20 y 12,5 millones). Ambos atribuyeron a un error de otro investigado, José Ángel Escorial, que los contratos entre Soluciones de Gestión y el Grupo Cueto aparezcan fechados el 16 de marzo de 2020, antes de la orden ministerial del 20 de marzo; Cueto pidió aportar una pericial sobre las fechas, denegada en esta fase, y negó ejercer el control de la sociedad, con la que compartía sede como espacio de trabajo. Era la segunda declaración de Cueto y la primera de Rotaeche. Según EFE, con estas declaraciones Moreno ultima las pesquisas de esta pieza. Los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El juez Moreno cita a Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche como investigados en la pieza de las mascarillas del caso Koldo en la Audiencia Nacional; Libertad Digital informa de que el instructor ultima esa causa

Según Moncloa.com (10 de septiembre de 2026) y Libertad Digital (11 de septiembre), el juez Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional) recibe este viernes 11 de septiembre la declaración como investigados de Íñigo Rotaeche —que entró en Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL comprando participaciones, fue apoderado y es su administrador desde 2021, único accionista cuando se adjudicaron los contratos, según Moncloa.com— y de Juan Carlos Cueto, dueño del Grupo Cueto, al que el auto del juez atribuye, según ese medio, «control de hecho sobre todas las sociedades que conforman el grupo Cueto, y concretamente sobre Soluciones de Gestión». La empresa facturó 53 millones de euros en material sanitario a varias administraciones del Estado y a las comunidades de Baleares y Canarias durante la pandemia; esta pieza se instruye en la Audiencia Nacional para los investigados sin condición de aforado. Según Libertad Digital, el juez Moreno ultima la instrucción y la Fiscalía prepara ya el escrito de acusación. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La defensa de Gallardo pide a la Audiencia de Badajoz que su inhabilitación se limite al cargo de presidente de la Diputación y se opone a la extensión a todo el empleo público que reclama HazteOír

Según COPE y El Mundo (10 de septiembre de 2026), la defensa de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario general del PSOE de Extremadura, presentó el jueves 10 de septiembre ante la Audiencia Provincial de Badajoz un escrito de alegaciones en el trámite de aclaración de la sentencia del caso David Sánchez, oponiéndose a la petición de HazteOír —una de las acusaciones populares de la causa, según la propia sentencia— de que la inhabilitación especial se extienda, conforme al artículo 42 del Código Penal, a puestos análogos, al empleo como funcionario, a contratar o trabajar con cualquier Administración o a cualquier cargo público. La defensa sostiene que esa petición «rebasa con creces» el ámbito de la pena, que debe conectarse con «la función raíz o la actividad que está en el origen del delito», y cita una sentencia del Tribunal Supremo de 2018. El mismo escrito rechaza la petición de Manos Limpias de que la sentencia recoja una reserva de acciones contra Gallardo por la creación del puesto adjudicado a Luis Carrero. Según El Mundo, la defensa de David Sánchez presentó ese mismo día otro escrito en el que sostiene que no participó en la adjudicación del puesto de coordinador de los conservatorios y se opone a que esa cuestión se revise en aclaración; la sentencia declaró prescrito para él ese bloque de hechos (p. 69) y lo condenó por el posterior cambio de nomenclatura del puesto (p. 360). Según la sentencia 152/2026 de la Audiencia Provincial de Badajoz (14 de julio de 2026, incorporada al grafo), Gallardo fue condenado por dos delitos de prevaricación administrativa a nueve años de inhabilitación especial por cada uno (fallo, p. 374); no es firme y cabe apelación ante el TSJ de Extremadura (p. 376). Rige la presunción de inocencia.

“rebasa con creces”

El exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos niega ante Pedraz haber presionado a la UCO por la investigación de David Sánchez, aunque admite que pidió rapidez con el siguiente informe; el fiscal jefe de Badajoz declara como testigo

Según EFE (vía Infobae) y The Objective (10 de septiembre de 2026), Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, declaró el 10 de septiembre como investigado ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025), imputado a petición de la acusación popular unificada que ejerce el PP. El exjefe de la UCO Rafael Yuste había sostenido como testigo que, en una reunión del 12 de julio de 2024, Marcos calificó de «totalmente prospectivo y malintencionado» el informe sobre David Sánchez e instó a que el siguiente estuviera «analizado» y «sin nada». Según fuentes jurídicas citadas por EFE, Marcos negó haber presionado o interferido en el trabajo de la UCO y haber calificado así el informe: sostuvo que se reunió con los mandos para aclarar filtraciones a la prensa —una «cultura de la filtración»—, admitió que pidió a la UCO acabar con rapidez el siguiente informe por considerar «atípico y llamativo» que una investigación sobre Badajoz se encargara a esa unidad, negó haber dado indicaciones sobre el contenido y dijo no conocer a Antonio Balas. Marcos es el tercer responsable del instituto armado imputado en la causa, tras la directora Mercedes González y su número dos. El mismo día declaró como testigo el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, que explicó que remitió por WhatsApp una querella contra Leire Díez al entonces número dos de la Fiscalía General, Diego Villafañe, y negó haber recibido instrucciones sobre el caso de David Sánchez. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“atípico y llamativo”

La Fiscalía suiza responde a Calama que no encuentra cuentas de Kingsfield Consulting Corp en UBS ni en Crédit Agricole; la comisión rogatoria se incorpora a la causa Plus Ultra sin cerrar la investigación

Según Infobae (10 de septiembre de 2026) y Moncloa.com (11 de septiembre), la Fiscalía suiza —la de Berna, según Moncloa.com— comunicó al juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) que no ha localizado ninguna cuenta vinculada a Kingsfield Consulting Corp en UBS ni en Crédit Agricole Switzerland, y que la sociedad no figura como titular económica ni beneficiaria de ninguna cuenta ni consta que tuviera poder para operar sobre ellas; la respuesta se incorporó a las diligencias mediante una diligencia de ordenación de ese 10 de septiembre. El nombre de la sociedad figuraba en la documentación que maneja el juzgado, lo que llevó al juez a pedir las comprobaciones. Según Moncloa.com, el juez sospecha y trata de probar que parte del rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra se destinó a saldar deuda de la aerolínea con fondos radicados en Suiza y Panamá, y ya en mayo una comisión rogatoria a Zúrich había dado resultado negativo. El resultado cierra esta pista de cooperación internacional pero no implica el archivo de la causa, que sigue en instrucción. Ningún hecho está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La gerente del PSOE Ana María Fuentes declara ante Pedraz que autorizó los pagos a los abogados Teijelo y Oliver después de que Cerdán validara sus servicios; Oliver declara que fue Leire Díez quien le contrató en nombre del partido

Según EFE (vía Infobae, 9 de septiembre de 2026) y Moncloa.com, Ana María Fuentes Pacheco, gerente federal del PSOE y único cargo orgánico del partido imputado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025), declaró el 9 de septiembre como investigada ante el juez Santiago Pedraz. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, descargó en el exsecretario de Organización Santos Cerdán la responsabilidad de la contratación de los dos abogados investigados —Jacobo Teijelo e Ismael Oliver— y explicó que autorizó el pago de sus facturas después de que Cerdán validase la prestación de sus servicios; dijo no conocer a Leire Díez. Está investigada por un presunto delito de falsedad en documento mercantil por haber emitido las notas de encargo que justificaban esos pagos, que el juez considera «mendaces» al sospechar que eran una fórmula para retribuir a Leire Díez y a terceros. A continuación declaró Ismael Oliver, abogado penalista y exdefensor de Koldo García, que señaló que fue Leire Díez quien le contrató en nombre del PSOE en concepto de asesoría jurídica sobre la comisión parlamentaria de la «operación Cataluña». Según el informe de la UCO recogido por Moncloa.com, Cerdán «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido». Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“mendaces”

El ex consejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli ratifica ante Calama que la aerolínea pagó 530.000 euros —el 1 % del rescate— a las empresas de Julio Martínez Martínez por supuestas gestiones de Zapatero, cuyas gestiones concretas dice desconocer

Según Europa Press (vía Infobae) y COPE (8 de septiembre de 2026), Roberto Roselli Miele, ex consejero delegado de Plus Ultra Líneas Aéreas, declaró el martes 8 de septiembre durante unas tres horas como investigado ante el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) y ratificó el escrito de colaboración que presentó en julio: la aerolínea pagó 530.000 euros —el 1 % de los 53 millones del rescate de la SEPI— a las empresas de Julio Martínez Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por supuestas «gestiones» de este; según COPE, afirmó que en la compañía «conocían que el destino final de esa comisión era Zapatero», aunque dijo desconocer qué gestiones concretas habría hecho el expresidente y que nunca habló con él. Según Europa Press, los directivos reconocieron que contrataron con Martínez Martínez «como medida desesperada» a sabiendas de su relación con Zapatero; los pagos se repartieron entre Análisis Relevante (249.000 euros), Voli Analítica (98.617) y Domotic Europe (110.799), con unas cuarenta facturas por «Honorarios mensuales. Elaboración de informe» que, según su escrito, correspondían a informes «irrelevantes» que servían de «actividad encubridora». Roselli declaró un día después que el expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola, con quien coincide en el relato de la llamada de Zapatero del 30 de abril de 2020. La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente y Zapatero niega cualquier gestión. Rige la presunción de inocencia.

“conocían que el destino final de esa comisión era Zapatero”

Peinado celebra la audiencia preliminar de la Ley del Jurado: las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez y la Fiscalía piden la absolución, Hazte Oír mantiene los 13 años y el juez debe decidir sobre la apertura del juicio oral antes de jubilarse

Según Infobae y The Objective (8 de septiembre de 2026), el juez Juan Carlos Peinado (Sección de Instrucción 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, causa 1146/2024) celebró ese martes la audiencia preliminar del procedimiento del jurado contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, una vista de apenas media hora que empezó con más de una hora de retraso por la llegada tardía del abogado de Gómez, Jaime Campaner; ninguna de las dos compareció personalmente, al no estar obligadas. Los letrados pidieron la absolución al entender que «los hechos investigados no son constitutivos de delito», posición que también sostuvo la Fiscalía; la acusación popular dirigida por Hazte Oír mantuvo su petición de apertura de juicio y las penas ya anunciadas: «13 años de cárcel» para Gómez por presuntos tráfico de influencias y malversación y seis para Álvarez por presunta malversación, tras dejar la Audiencia Provincial fuera de la causa en julio los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios. Según The Objective, Peinado rechazó además la petición de la defensa de citar como testigo al profesor José Manuel Ruano. La Ley del Jurado da al instructor tres días para decidir si abre juicio oral —en cuyo caso la causa se elevaría a la Audiencia Provincial de Madrid— o archiva; Peinado inicia el miércoles diez días de vacaciones y se jubila el 27 de septiembre, cuando cumple 72 años. Ningún hecho está judicialmente probado. Rige la presunción de inocencia.

“los hechos investigados no son constitutivos de delito”

El Tribunal de Cuentas notifica a la Diputación de Badajoz como «entidad pública presuntamente perjudicada» y le da cinco días para decidir si reclama las retribuciones de David Sánchez

Según COPE (7 de septiembre de 2026) y Que.es (8 de septiembre, a partir de El Periódico), el Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado una diligencia de ordenación, fechada el 2 de septiembre, que admite la personación de Iustitia Europa, Vox y HazteOír.org y concede «el plazo de cinco días a la Diputación Provincial de Badajoz, como entidad pública presuntamente perjudicada», para que alegue sobre el nombramiento de un delegado instructor o pida el archivo; después se dará traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas. El procedimiento examina si la creación de los puestos ocupados por David Sánchez (coordinador de los conservatorios y jefe de la Oficina de Artes Escénicas) causó un perjuicio a las arcas provinciales, tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz del 14 de julio de 2026 que lo condenó a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa —no firme— y que no ordenó devolver las nóminas al no considerar perjudicadas a las acusaciones populares. Según los escritos de Iustitia Europa citados por Que.es, Sánchez habría percibido unos 340.572 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025, y su colaborador Luis Carrero otros 86.988 euros. No existe orden de devolución: son actuaciones previas que pueden acabar en reclamación o en archivo. Rige la presunción de inocencia.

“entidad pública presuntamente perjudicada”

El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola ratifica ante Calama que asumió que el 1 % del rescate iba para el «grupo Zapatero» a cambio de labores de «acompañamiento», sin poder detallar qué gestiones hizo el expresidente

Según EFE (vía infoLibre) y Moncloa.com (7 de septiembre de 2026), Julio Martínez Sola, cofundador, expresidente y socio mayoritario de Plus Ultra Líneas Aéreas, declaró el lunes 7 de septiembre como investigado ante el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) y ratificó el escrito en el que aludió a la «pretensión de cobrar» del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente por mediar para conseguir el préstamo público. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, declaró que asumió que el pago de la comisión del 1 % iba para el «grupo Zapatero» a cambio de labores de «acompañamiento», pero no explicó qué labores concretas habría hecho Zapatero porque no hizo seguimiento: fue Martínez Martínez quien le pidió el 1 % de la ayuda de 53 millones de euros que la aerolínea obtuvo en 2021. Su escrito, ya recogido en piezas anteriores, sitúa el inicio de los contactos en una llamada de Zapatero desde un número oculto el 30 de abril de 2020. Según EFE, precisó que Roberto Roselli controlaba más los asuntos financieros y el día a día de la empresa; Roselli declaró al día siguiente. La causa sigue en instrucción y Zapatero niega cualquier gestión; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“grupo Zapatero”

El juez Peinado prevé dictar el auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez antes de jubilarse el 27 de septiembre; el caso pasaría a la Audiencia Provincial de Madrid para un juicio con jurado previsiblemente en 2027

Según fuentes jurídicas citadas por EFE (vía Infobae y Noticias de Álava, 6 de septiembre de 2026), el juez Juan Carlos Peinado (Sección de Instrucción 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, causa 1146/2024) prevé dictar el auto de apertura de juicio oral —que no es recurrible— antes de su jubilación el 27 de septiembre, cuando cumple 72 años. El trámite es posible una vez que la defensa de Begoña Gómez presentó el viernes 4 su escrito de conclusiones provisionales, el último que faltaba para convocar la audiencia preliminar. Según EFE, el auto de la Audiencia Provincial de julio «reordenó» el procedimiento y lo retrotrajo a abril, cuando el juez transformó la causa en procedimiento de jurado, de modo que las partes tuvieron que presentar de nuevo sus escritos y la audiencia preliminar se repite. Gómez se sentaría en el banquillo por presuntos tráfico de influencias y malversación y su asesora Cristina Álvarez por presunta malversación; la Fiscalía pedirá la absolución de ambas, la acusación popular liderada por Hazte Oír pide 13 y 6 años, y la Universidad Complutense reclama más de 113.000 euros de responsabilidad civil. El juicio sería previsiblemente en 2027. Ningún hecho está judicialmente probado. Rige la presunción de inocencia.

Calama acepta la personación de la asociación URVEX como acusación popular en el caso Plus Ultra con fianza de 5.000 euros y rechaza desbloquear una cuenta de Agropecuaria Lucena, vinculada a Julio Martínez Martínez

Según EFE (vía Infobae, 4 de septiembre de 2026) y Moncloa.com (5 de septiembre), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) ha acordado tener por personada como acusación popular a la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX), previa fianza de 5.000 euros, la misma cuantía exigida al resto de acusaciones populares. La asociación, constituida en 2024, se define como entidad española sin ánimo de lucro dedicada a la «denuncia de las estructuras de corrupción trasnacional vinculadas al régimen venezolano y la defensa de los derechos de la diáspora venezolana en España» y alegó que sus fines conectan con una causa que examina el accionariado venezolano de la aerolínea y posibles operaciones de blanqueo de fondos de ese origen; según Moncloa.com, anunció «la aportación de documentación y la proposición de diligencias relativas a la dimensión venezolana de los hechos investigados». En la misma resolución, según EFE, el juez rechazó desbloquear la cuenta bancaria de Agropecuaria Lucena SL, vinculada a Julio Martínez Martínez, por entender que autorizar pagos anularía la eficacia de la medida cautelar. La causa sigue en instrucción, sin juicio ni sentencia. Rige la presunción de inocencia.

El juez Calama rechaza el incidente de nulidad de Zapatero en el caso Plus Ultra al no ver vulnerados sus derechos: el auto no admite recurso y la instrucción sigue abierta

Según EFE (vía Infobae, 4 de septiembre de 2026), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) desestimó en un auto que no admite recurso el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía anular la investigación que se sigue contra él por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, al entender que no fueron vulnerados sus derechos. Calama, que según Europa Press (vía Infobae, 24 de julio de 2026) había inadmitido el incidente por extemporáneo y que según Infobae (31 de julio de 2026) rectificó para admitir a trámite parte de sus apartados, rechaza ahora las alegaciones de acuerdo con el criterio de la Fiscalía. La causa, relativa al rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra en marzo de 2021, sigue en fase de instrucción, sin juicio ni sentencia. Rige la presunción de inocencia.

“previamente obtenidos con la autorización de un tribunal francés y la cooperación de un tribunal español”

Cristina Álvarez y Begoña Gómez presentan sus escritos de defensa en la causa del juez Peinado y piden la absolución; la asesora sostiene que en lo relativo al software y al dominio «actuó siempre siguiendo instrucciones de Begoña Gómez»

Según Libertad Digital (3 de septiembre de 2026), la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, ha presentado su escrito de defensa en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado. Según ese medio, el escrito sostiene que el papel de Álvarez en las gestiones de Gómez no fue esencial, que se la acusa «por unos hechos que, aunque fuesen ciertos, nunca podrían ser constitutivos de delito» y que, «en todo lo relacionado con el software y con el dominio, Cristina Álvarez actuó siempre siguiendo instrucciones de Begoña Gómez y en el convencimiento de no estar realizando nada que sea ilegal o estuviera prohibido». Pide su absolución y que se impongan las costas a la acusación popular, cuya acusación califica de «una temeridad». Según EFE (vía Infobae, 6 de septiembre de 2026), el abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, presentó el viernes 4 de septiembre su escrito de conclusiones provisionales. En él Gómez solicita la absolución y niega que aprovechase «su vínculo matrimonial» con el presidente del Gobierno para conseguir una cátedra universitaria, que obtuviera beneficio económico en ella y que se apropiara de un software de la Universidad Complutense de Madrid. Según la misma agencia, la Fiscalía pedirá la absolución de ambas y la acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide 13 años de cárcel para Gómez y 6 para su asesora. Son alegaciones de las partes; ningún hecho está judicialmente probado. Rige la presunción de inocencia.

“actuó siempre siguiendo instrucciones de Begoña Gómez y en el convencimiento de no estar realizando nada que sea ilegal”

El juez Moreno pide a la UCO que informe sobre el estado y la custodia del teléfono intervenido a Joseba García, hermano de Koldo, tras denunciar este una incidencia con la tarjeta SIM

Según Europa Press (vía El Debate, 4 de septiembre de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, ha pedido en una providencia a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe «sobre el estado y custodia» de un teléfono intervenido a Joseba García Izaguirre, hermano del exasesor Koldo García. Según Infobae (3 de julio de 2026), Moreno había citado a Joseba García como investigado, junto a Jésica Rodríguez e Ignacio Zaldívar, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en relación con la contratación de Rodríguez en empresas públicas; según el escrito de la Fiscalía recogido por Libertad Digital (3 de julio de 2026), en su caso únicamente por la contratación en Ineco. Según la información de Europa Press, el juez accede así a una petición del propio Joseba, después de que la Fiscalía Anticorrupción diera el visto bueno «con el fin de alejar cualquier sombra de duda sobre la custodia y conservación de los efectos intervenidos». Según un escrito de Anticorrupción, Joseba denunció «una incidencia relativa a la tarjeta SIM de su teléfono intervenido judicialmente a la vista de la cual considera que se ha podido producir una violación en la cadena de custodia». En la misma providencia, Moreno rechaza devolver los dispositivos incautados al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, también investigado en la causa, aunque señala que se le puede facilitar una copia completa del volcado. Son diligencias de una instrucción en curso; rige la presunción de inocencia.

“con el fin de alejar cualquier sombra de duda sobre la custodia y conservación de los efectos intervenidos”

Pedraz rechaza incorporar el desmentido de Aldama a la pieza sobre la abogada de Koldo y requiere al chófer de Carmen Pano los WhatsApp con De la Hoz para fechar sus reuniones y conocer su contenido

Según Libertad Digital y El Debate (2 de septiembre de 2026), el juez Santiago Pedraz (Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, caso Leire, DP 150/2025) denegó en un auto las diligencias pedidas por la defensa de Leticia de la Hoz Calvo —abogada de Koldo García e investigada por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión sobre la entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz—, entre ellas incorporar la declaración de Víctor de Aldama en el caso Hidrocarburos en la que desmentía a Pano y citar como testigos a Jacobo Abad, Manel Sallés y Nuria Sorribas, según El Debate. El auto razona que «los hechos investigados respecto de la Sra. DE LA HOZ se ciñen al concreto hecho de si la misma ofreció una elevada cantidad de dinero a CARMEN PANO y ALVARO GALLEGO para que estos modificaran su testimonio en otros Procedimientos» y que «este juzgado no puede convertirse en una vía paralela de discusión o prueba sobre esas cuestiones». A petición de la Fiscalía, el juez requirió a Álvaro Gallego, chófer y persona de confianza de Pano, que aporte los WhatsApp «o cualquier otro soporte documental» que permitan fijar la fecha de sus reuniones con De la Hoz y, en su caso, su contenido. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“este juzgado no puede convertirse en una vía paralela de discusión o prueba sobre esas cuestiones”

Anticorrupción pide al Supremo desestimar los incidentes de nulidad de Ábalos y Koldo contra la sentencia del caso mascarillas: «están abocados al fracaso»; el PP y Aldama también se oponen

Según Europa Press (vía Infobae, 1 de septiembre de 2026), el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó ante el Tribunal Supremo un escrito en el que pide desestimar los incidentes de nulidad promovidos por las defensas del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García contra la sentencia del caso mascarillas de junio de 2026, que los condenó a 24 y 19 años de cárcel, respectivamente. Luzón sostiene que los incidentes «necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio», que se limitan «a reproducir pretensiones ya examinadas y decididas en la sentencia firme cuya nulidad se solicita» y que se aprovechan para propugnar «una alternativa e improcedente revisión de la valoración de la prueba». Según la misma agencia, la acusación popular que encabezó el PP presentó otro escrito en el que sostiene que «ninguno de los motivos de nulidad formulados por los condenados puede prosperar», y la defensa de Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de cárcel pero sin ingreso en prisión, también se opone porque considera que su «verdadera finalidad» es revisar la valoración de la prueba. Ábalos había pedido la nulidad de la sentencia, la suspensión de la condena y su puesta en libertad; según Europa Press, él y Koldo llevan en prisión provisional desde noviembre de 2025. Según elDiario.es (23 de junio de 2026), las defensas de ambos preparan recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia es firme; el 1 de septiembre de 2026 los incidentes seguían pendientes de resolución por la Sala.

“Necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio”

El PSOE pide a Pedraz que solo la Fiscalía acceda a la pieza separada con sus seis cuentas en el caso Leire y que se expurguen los datos ajenos a la investigación

Según EFE (vía Infobae, 1 de septiembre de 2026), el PSOE presentó ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) un escrito, adelantado por elDiario.es, en el que pide que solo la Fiscalía tenga acceso a la pieza separada en la que se analizan seis cuentas del partido y que se expurguen los datos no relacionados con la causa, al entender que las cuentas «contienen multitud de movimientos, que afectan a numerosas personas y entidades no vinculadas con los hechos». El escrito se envió después de que el juez ordenara rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE, a Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, ante la sospecha de los investigadores de que Santos Cerdán habría empleado los recursos del partido para costear una supuesta organización creada para boicotear causas judiciales y de que con fondos del partido se habría abonado a Leire Díez al menos 43.225 euros a través de intermediarios. El PSOE recuerda que ya identificó ante la UCO las cuentas desde las que se realizaron pagos a los investigados, apunta que posteriormente podrían «haber sido utilizadas de manera ilegítima» «al margen de la organización» y afirma que «no tiene nada que ocultar». Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“Extremar las cautelas para que no se produzca ninguna filtración a la opinión pública de aquellos datos no vinculados a la presente investigación”

La defensa de David Sánchez pide a la Audiencia de Badajoz que expulse de la sentencia las frases que le atribuyen conocimiento previo de que la plaza «se había creado para él»

Según EFE (24 de agosto de 2026), que tuvo acceso al escrito, la defensa de David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz (sentencia 152/2026) a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa como cooperador necesario— ha pedido al tribunal una «aclaración» de la sentencia para que sean expulsadas de su tenor las frases que le atribuyen tener «conocimiento previo de que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él» y haberse presentado a la convocatoria y hecho la entrevista «para simular la legalidad formal del procedimiento», así como haber sido el «principal beneficiario» del proceso. La defensa alega vulneración de su derecho de defensa: al quedar prescritos los hechos previos a la convocatoria, Sánchez no fue interrogado en el juicio sobre esos prolegómenos y no pudo ofrecer explicación exculpatoria. El propio escrito reconoce que la aclaración no es cauce para cuestiones de fondo y anuncia que, si no se estima, la petición se formalizará como recurso. La sentencia no es firme y hay recursos anunciados ante el TSJ de Extremadura. Rige la presunción de inocencia.

Según El Debate, la defensa de Begoña Gómez baraja alegar el vacío legal sobre la figura de la «primera dama» en España

Según El Debate (23 de agosto de 2026), Jaime Campaner, nuevo abogado de Begoña Gómez, baraja articular su defensa en torno a la inexistencia de un marco normativo específico que regule la figura del cónyuge o consorte del presidente del Gobierno a efectos de incompatibilidades. El diario señala que, según las fuentes que consultó, las previsiones de la Ley 50/1997, del Gobierno, y de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo, «solo se dirigen al propio alto cargo y no imponen restricciones directas a la actividad profesional del consorte», y recoge esta afirmación de su entorno jurídico: «No existe precepto alguno que prohíba al cónyuge del presidente del Gobierno desempeñar actividades laborales, académicas o empresariales, ni que le someta a un control previo de compatibilidad». Según el mismo medio, las acusaciones populares unificadas, bajo la dirección letrada de Hazte Oír, piden su condena por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, mientras que la Fiscalía de Madrid ha solicitado su absolución al no apreciar que cometiese ninguna infracción penal. Ningún hecho está judicialmente probado. Rige la presunción de inocencia.

Leire Díez recurre la providencia de Pedraz que unificó la causa y pide a la Sala de lo Penal que la anule

Según EFE (vía Infobae, 20 de agosto de 2026), la defensa de Leire Díez ha recurrido la providencia por la que el juez Santiago Pedraz incorporó a su instrucción la investigación que dirigía el magistrado Arturo Zamarriego en un juzgado de Madrid, y ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule esa decisión. En el recurso, al que tuvo acceso EFE, la defensa reitera que ambas investigaciones no son «conexas», sino que tienen una «identidad material de hechos y sujetos investigados», y subraya que la resolución por la que Pedraz reclamó la causa sigue recurrida, de modo que aceptar la investigación de Zamarriego supondría ejecutar una decisión cuestionada sobre la que la Sala de lo Penal aún no se ha pronunciado. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Más de 10.800 mensajes entre Serrano y Leire Díez en las conversaciones conocidas de la causa, según El Español

Según El Español (19 de agosto de 2026), las conversaciones conocidas entre Juan Manuel Serrano y Leire Díez superan los 10.800 mensajes. Serrano es exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, expresidente de Correos e investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, juez Santiago Pedraz). Del teléfono de Díez ya emergió una conversación de WhatsApp con Serrano de 9.355 mensajes, intercambiados entre el 5 de noviembre de 2020 y el 24 de diciembre de 2024, a la que se suman otros 1.487 mensajes por Signal desde el 28 de abril de 2024. El diario presenta el nuevo volcado del iPhone de Serrano como una «extracción decisiva» para la UCO, cuyo contenido está por analizar. Son diligencias de instrucción en curso; ningún hecho está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La Audiencia Nacional practica un nuevo clonado del móvil de Juan Manuel Serrano tras rechazar este el volcado de la UCO

Según EFE (vía Infobae, 18 de agosto de 2026), Juan Manuel Serrano acudió este martes con su abogado a la Audiencia Nacional. Serrano es expresidente de Correos, fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018 y está investigado en el caso Leire desde el 10 de julio. El juez Santiago Pedraz le había citado para «verificar» el clonado de su móvil o, en su caso, realizar uno nuevo. La letrada de la Administración de Justicia le preguntó si aceptaba el clonado que los agentes de la UCO de la Guardia Civil practicaron el 14 y 15 de julio. Tras rechazarlo Serrano, se procedió a un nuevo clonado, una diligencia prevista de unas ocho horas con el móvil en una sala precintada de la Audiencia Nacional. Serrano debía volver el miércoles con su abogado a recoger una copia en un disco duro. Su defensa había pedido anular el clonado y que se le devolviera el terminal sin volver a clonarlo, pretensiones que, según las fuentes de EFE, el juez rechazó días antes. Según El Español (19 de agosto), el primer clonado se hizo sin que Serrano estuviera presente. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz asume toda la investigación del caso Leire e incorpora las diligencias que instruía Zamarriego

Según EFE (vía The Objective, 17 de agosto de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido toda la investigación a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil: en una providencia a la que tuvo acceso EFE, acuerda que las diligencias practicadas desde hace más de un año por Arturo Zamarriego, juez de instrucción del tribunal de instancia número 9 de Madrid, se unan a las que él ha llevado a cabo en la Audiencia Nacional. Zamarriego, a instancias del fiscal, había aceptado la semana anterior inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, con lo que renunció a la investigación que inició en verano de 2025 a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Según El Periódico (vía que.es), la UDEF rastrea 290.400 euros de Camilo Ibrahim a Julio Martínez Martínez mediante un contrato de asesoramiento

Según un informe policial de la UDEF fechado el 9 de junio al que tuvo acceso El Periódico (recogido por que.es, 16 de agosto de 2026), la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal rastrea 290.400 euros abonados entre 2024 y 2025 por el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa —al que el auto de 18 de mayo de 2026 del juez José Luis Calama describe como «accionista de Plus Ultra a través de Snip Aviation» (p.54)— a Julio Martínez Martínez, a quien esa información describe como presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La causa la instruye el juez Calama en la Audiencia Nacional. Según la misma información, el rastreo parte de un documento («Detalle cobros 2011-2025») incautado en el ordenador de Martínez Martínez, en el que los agentes hallaron un contrato de asesoramiento firmado el 1 de diciembre de 2023 entre Análisis Relevante y Thabeh Iberian, representada por Ibrahim, con pagos de 12.100 euros mensuales durante 24 meses —exactamente 290.400 euros—; las seis primeras facturas aparecen anotadas como «Factura ASP Rentas». Según el informe, ASP Rentas SL movió casi dos millones de euros entre 2020 y 2025 pese a declarar ingresos de 89.540 euros, y los agentes la consideran una vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios; la UDEF pide al juez analizar el destino y la trazabilidad de esos fondos. Los agentes vinculan esas facturas con el rescate de Plus Ultra. Según el auto de 18 de mayo de 2026, el 6 de febrero de 2021 Rodolfo Reyes —«accionista de facto de la aerolínea», según el mismo auto (p.53)— escribió a Julio Martínez Sola que Camilo había estado con Zapatero y que «le dijo que todo va viento en popa» (p.22-23), y el 26 de febrero de 2021, antes de que se reuniera el Consejo Gestor el 2 de marzo, Julio Martínez Martínez comunicó a Camilo Ibrahim Issa la obtención de la ayuda pública (p.23). Según que.es, Zapatero declaró ante el juez Calama que conoció a Ibrahim cuando le pidió ayuda para liberar al tío de Juan Guaidó, que su relación fue «estrictamente personal» y que no habló de Plus Ultra con él. Ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El auto de inhibición de Zamarriego apunta que Cerdán «habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido» y que la trama alcanza a personas de mayor jerarquía que la propia Díez

Según Europa Press (vía The Objective e Infobae, 13 de agosto de 2026), el auto por el que el juez Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid) acordó el 11 de agosto inhibirse en favor del juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) desgrana los indicios que sustentan su decisión. Zamarriego señala que, tras los registros efectuados en viviendas y empresas, se constató que Leire Díez «habría contado con el impulso y soporte intelectual y/o financiero de Santos Cerdán, quien habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido»; que el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver «habrían prestado sus sociedades mercantiles como vehículo para canalizar dichos pagos»; y que la gerente del PSOE Ana María Fuentes «habría emitido las oportunas órdenes de encargo sobre las que se habrían emitido mendaces facturas» que permitieron transferir fondos a Díez y al empresario Javier Pérez Dolset. El magistrado añade que los investigados de su pieza —Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol— «podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado», mientras que la investigación de Pedraz «se dirige contra otras personas que podrían tener mayor nivel de jerarquía». Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido”

El juez Zamarriego acepta inhibirse en favor de Pedraz y la investigación del caso Leire Díez queda solo en manos de la Audiencia Nacional

Según El Español (12 de agosto de 2026), el magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid y el primero en interrogar como investigada a Leire Díez, aceptó en una resolución fechada el martes 11 de agosto que sea la Audiencia Nacional la que instruya la causa, de modo que a partir de ahora será únicamente el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, quien se encargue de ese procedimiento. Zamarriego investigaba presuntas maniobras de Díez para, supuestamente, tratar de boicotear causas judiciales que perjudicaran al Gobierno y al PSOE, asunto que también formaba parte de la instrucción de Pedraz, por lo que la Audiencia Nacional le había solicitado la inhibición. Según El Debate e Infobae (15 de julio de 2026), Zamarriego había supeditado su decisión sobre ese requerimiento de inhibición al resultado de un informe pendiente de la Policía Científica sobre las grabaciones aportadas a la causa por el fiscal Ignacio Stampa. Según El Español, la Fiscalía apoyó la inhibición en un informe del 6 de agosto en el que pidió acordarla sin esperar a esa pericial: la fiscal María Rosa Calvo sostuvo que los hechos investigados por Zamarriego «guardan identidad» con los analizados por Pedraz y que, «dada la íntima conexión entre ambas causas, debe acordarse la inhibición interesada». Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“el requerimiento de inhibición promovido por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5”

Peinado remite a la Fiscalía Europea la pieza del contrato de Red.es a la UTE de Barrabés y KPMG y acuerda el archivo de las actuaciones «sin más trámite»

Según Europa Press (vía The Objective, 4 de agosto de 2026), el juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) acordó en un auto remitir a la Fiscalía Europea la pieza separada del caso Begoña Gómez sobre supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos y adjudicado por Red.es a una Unión Temporal de Empresas formada por Innova Next —empresa de Juan Carlos Barrabés— y KPMG, y acordó además el archivo de las actuaciones «sin más trámite». Según El Español (19 de junio de 2026), ese contrato estaba valorado en cuatro millones de euros y lo financiaban fondos FEDER; según OKDIARIO, la providencia que abrió la pieza tiene fecha del 18 de junio de 2026. El magistrado expone que «resulta procedente», tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que apartó a Barrabés del juicio con jurado de la causa principal, «remitir el conocimiento de los hechos a la Fiscalía Europea», que según el mismo medio asumió en 2024 una investigación sobre una serie de contratos en UTE con participación de la sociedad de Barrabés, adjudicados por Red.es y financiados con fondos europeos. La pieza se apoyaba en un informe de la UCO según el cual en los informes de valoración de la licitación se obvió «deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar». Ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“remitir el conocimiento de los hechos a la Fiscalía Europea”

Calama encarga a la UDEF, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, un informe «exhaustivo» sobre la historia accionarial de Plus Ultra desde su constitución en 2011 para analizar la entrada de capital venezolano

Según El Independiente (4 de agosto de 2026), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) acordó en una providencia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y en los términos solicitados por la fiscal, que la UDEF elabore «un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa» de Plus Ultra «desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés». El escrito fiscal pone el foco a partir de 2017, año en que, según un informe previo de la UDEF de noviembre de 2025, entraron personas de origen venezolano en el capital social y en los órganos de gestión de la aerolínea, constituida el 25 de agosto de 2011. También pide analizar el alcance y el «eventual impacto» de ese capital «en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública». La causa investiga, entre otros presuntos delitos, un presunto tráfico de influencias vinculado a la ayuda de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra y que el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2021. Entre los investigados figura el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa”

Pardo de Vera niega ante el juez Moreno haber favorecido adjudicaciones ferroviarias o conocido el cobro de comisiones en la pieza de obra pública del caso Koldo y cuestiona el valor probatorio de las conversaciones de Koldo García

Según Europa Press (vía El Progreso y Noticias de Álava, 4 de agosto de 2026), la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera presentó ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional un escrito en el que niega haber favorecido adjudicaciones de obra ferroviaria o haber conocido el cobro de las presuntas comisiones ilegales que investiga la pieza de obra pública del caso Koldo, y cuestiona las conclusiones del informe de la UCO de la Guardia Civil. Sostiene que carecía de «capacidad autónoma, directa y eficaz para favorecer a determinadas empresas» al margen de la cadena ordinaria de informes, controles y autorizaciones; que las conversaciones de Koldo García recogen «preguntas, insinuaciones o expresiones» del exasesor con respuestas «evasivas» por su parte que «no revelan compromiso de resultado, orden de adjudicación, ni aceptación de una finalidad ilícita»; y que «el cargo no puede sustituir al acto, la conversación no puede sustituir al documento, la manifestación de Koldo no puede sustituir al expediente». Alega además que «no se identifica flujo patrimonial hacia ella, sociedad interpuesta, cuenta, bien, pago, promesa o ventaja económica asociada a su persona». La defensa solicita que el juez oficie a ADIF para que aporte la certificación final de los trabajos ejecutados por Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), una de las empresas investigadas; en una providencia, Moreno dio por recibido el escrito y preguntó a la Fiscalía Anticorrupción por la pertinencia de esa diligencia. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“el cargo no puede sustituir al acto, la conversación no puede sustituir al documento, la manifestación de Koldo no puede sustituir al expediente”

La defensa de Zapatero recurre la resolución de Calama que autorizó a la UDEF a acceder a las cuentas bancarias del expresidente y su entorno

Según El Español (3 de agosto de 2026), la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero recurrió la resolución del 29 de julio del juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) que autorizó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el acceso a numerosas cuentas bancarias —más de sesenta, según elDiario.es (29 de julio de 2026)— del expresidente, sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar y un conjunto de empresas de Julio Martínez Martínez. Según El Español, el letrado Víctor Moreno Catena no discute la potestad del instructor de recabar información bancaria, pero sostiene que la resolución «se extiende sin razón hasta la fecha presente, desbordando el período temporal objeto de la instrucción» y que la habilitación a la UDEF para «ampliar la información que se considere pertinente» sobre los productos bancarios «difumina el ámbito objetivo» de una medida restrictiva de derechos fundamentales, cuya delimitación «no es delegable en el funcionario encargado de ejecutarla»: los agentes «precisan de una previa autorización judicial mediante resolución motivada» para obtener documentación adicional. El recurso denuncia además una línea de investigación «ajena al perímetro de la investigación judicial» y cita como ejemplo el análisis del pago del grupo peruano Gloria, que califica de indagación «puramente prospectiva». Según El Español, en la resolución recurrida Calama reafirmó los indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo contra Zapatero y Martínez Martínez. La causa investiga el presunto tráfico de influencias en el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a Plus Ultra en marzo de 2021. Ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“ampliar la información que se considere pertinente”

El exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos pide a Pedraz que declare nulo el clonado de su móvil

Según EFE (vía Infobae, 31 de julio de 2026), la defensa de Juan Manuel Serrano pidió al juez Santiago Pedraz que declare nulos la incautación y el clonado de su teléfono móvil, y que se le devuelva el terminal sin que se pueda volver a clonar. Serrano es expresidente de Correos, fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018 y está investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional). Según EFE, la defensa cuestionaba que la UCO de la Guardia Civil incautase el teléfono el 27 de mayo «no existiendo autorización judicial» y cuando todavía no estaba investigado, y que lo clonase semanas después, ya imputado. Según El Español (19 de agosto), el primer clonado se hizo el 14 y 15 de julio sin que Serrano estuviera presente, aunque el juez había ordenado que pudiera asistir. La defensa reclamó de forma subsidiaria un nuevo volcado en presencia del investigado. Son alegaciones de la defensa en una instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“una restricción del secreto de las comunicaciones no amparada por autorización judicial válida”

Zarrías recurre el rastreo de ocho cuentas suyas y tres de su empresa en el caso Leire y pide ceñirlo a la cuenta desde la que se pagó a Leire Díez

Según EFE (vía Infobae, 31 de julio de 2026), el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías presentó un recurso de reforma contra el auto en el que el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ordenó rastrear desde 2022 ocho cuentas de Zarrías y tres de su empresa Zaño Consultores. Su defensa pide que el mandamiento se limite a la cuenta desde la que en 2024 se pagó a Leire Díez, y solo a los saldos y movimientos desde el 1 de enero de 2024. Considera que analizar el resto de sus movimientos bancarios es una investigación prospectiva. El recurso reprocha a la UCO que no haya concretado las cuentas relacionadas con la causa y que haya insistido en pedir la investigación de múltiples cuentas, lo que la defensa considera una «actuación que busca sencillamente mirarlo todo a ver si se encuentra algo». También sostiene que Zarrías se vio implicado en la causa «únicamente por haber empleado a esta señora», en referencia a Díez, en 2024. Según la misma información, la investigación de la Guardia Civil pone el foco en cuatro transferencias de Zaño Sociedad Consultores a Díez por un total de 16.000 euros. Los investigadores consideran que esos pagos partieron del PSOE y se hicieron empleando la empresa de Zarrías como intermediaria. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“mirarlo todo a ver si se encuentra algo”

Pedraz abre una «pieza separada económica» y ordena rastrear hasta 81 cuentas del PSOE, Zarrías, dos abogados y Crónica Libre en el caso Leire

Según El Independiente (31 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional) acordó en un auto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO, abrir una pieza separada económica y reclamar a una docena de entidades bancarias —entre ellas Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Deutsche Bank, Unicaja o Abanca— los movimientos, saldos, transferencias, titulares y personas autorizadas de cuentas del PSOE, de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y de las sociedades Oliver Gruppe S.L., Estudio Jurídico Oliver & Partners S.L., Zaño Sociedad Consultores S.L. y Grupo Crónica Libre S.L. Según el diario, el magistrado expone que la diligencia pretende esclarecer el origen y el destino de una serie de pagos que «aparecen sólo parcialmente justificados». Según EFE (vía Infobae, 31 de julio y 1 de septiembre de 2026), el rastreo alcanza hasta 81 cuentas: entre ellas, seis del PSOE, y ocho de Zarrías y tres de su empresa Zaño Consultores desde 2022. Según EFE (1 de septiembre de 2026), los investigadores sospechan que con fondos del partido se habrían abonado a Leire Díez al menos 43.225 euros a través de intermediarios como Zarrías u Oliver. Según Qué! (15 de julio de 2026), el oficio de la UCO desglosa esa cifra en cuatro transferencias de 4.000 euros de Zaño Sociedad Consultora entre junio y septiembre de 2024 y una de 27.225 euros de Oliver Gruppe, y recoge además que Leire Díez habría promovido el pago de 125.000 euros en tres facturas, desde una cuenta del partido, al abogado Jacobo Teijelo. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“pieza separada económica”

Calama rectifica y admite a trámite la impugnación de las ocho primeras resoluciones incluidas en el incidente de nulidad de Zapatero en el caso Plus Ultra

Según Infobae (31 de julio de 2026), el juez José Luis Calama rectificó en un nuevo auto la inadmisión por extemporáneo que dictó el 24 de julio y admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero respecto de las ocho primeras resoluciones impugnadas, entre ellas la apertura de la pieza, la incorporación de las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, varias autorizaciones de entradas y registros y la inhibición del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid en favor de la Audiencia Nacional. El juez reconoce un error en el cómputo del plazo: aunque las partes accedieron a la causa el 25 de mayo, las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción no estuvieron disponibles hasta el 29 de mayo, por lo que el escrito presentado el 25 de junio entró dentro de plazo. Quedan fuera del incidente, por haber sido recurribles en su momento, las resoluciones que autorizaron los registros en el despacho de Zapatero y en las empresas Whathefav (de sus hijas), Softgestor e Inteligencia Prospectiva, el bloqueo parcial de cuentas y la pieza por presunto delito contra la Hacienda Pública y contrabando. El juez da traslado a las partes por cinco días. La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Vox recurre ante el TSJ de Extremadura para que David Sánchez, Gallardo y Carrero sean condenados también por tráfico de influencias

Según The Objective (30 de julio de 2026), Vox —acusación popular en la causa— recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz del 14 de julio, que condenó a David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— a nueve años de inhabilitación por prevaricación y lo absolvió del tráfico de influencias. En un escrito de más de cien páginas firmado por la abogada Marta Castro, Vox sostiene que «el mismo acervo probatorio que sustentó la condena por prevaricación» acredita también el tráfico de influencias, con «un cuadro de 33 indicios convergentes», y considera que existen indicios de que la Diputación de Badajoz contrató a David Sánchez por ser hermano del presidente del Gobierno. Pide que se condene también por ese delito al expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y al exasesor de Moncloa Luis María Carrero. Según el medio, Vox sostiene que la absolución por tráfico de influencias impide imponerles penas accesorias como la prohibición de contratar con el sector público o la pérdida de subvenciones. Vox ya había anunciado el recurso el 20 de julio (The Objective, 20 de julio de 2026). La sentencia de la Audiencia condenó a Gallardo por dos delitos de prevaricación administrativa a sendas penas de nueve años de inhabilitación especial, y a Carrero, como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, a nueve años (fallo, pp. 373-374). La sentencia no es firme mientras se resuelven las apelaciones. Rige la presunción de inocencia.

“nutren con igual solidez”

Begoña Gómez sustituye a Antonio Camacho por Jaime Campaner y Peinado le concede plazo efectivo hasta septiembre para presentar su defensa

Según Libertad Digital (30 de julio de 2026), Begoña Gómez sustituyó al exministro Antonio Camacho por el penalista mallorquín Jaime Campaner. El medio informó de que Campaner pidió diez días para conocer la causa y presentar el escrito de defensa, y de que Peinado le concedió siete, frente a los cinco ordinarios. Según la providencia reproducida por Libertad Digital, el plazo se contaba desde el traslado inicial y agosto era inhábil a efectos procesales, por lo que la presentación podía realizarse en septiembre. La acusación popular unificada había solicitado 13 años de prisión para Gómez, según Libertad Digital (27 de julio de 2026). Rige la presunción de inocencia.

Calama rechaza suspender las inspecciones fiscales de la Agencia Tributaria a Zapatero, su familia y Julio Martínez en el caso Plus Ultra

Según The Objective (30 de julio de 2026), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) rechazó paralizar las inspecciones fiscales que la Agencia Tributaria ha abierto a José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer —que no está imputada—, sus hijas y el empresario Julio Martínez Martínez. La AEAT, que según Libertad Digital (3 de julio de 2026) había comunicado al juzgado esas actuaciones, pidió al magistrado suspenderlas para interrumpir los plazos de prescripción de una eventual deuda tributaria invocando la prejudicialidad penal; según The Objective, Hacienda comprueba IRPF, IVA e impuesto sobre el patrimonio entre 2021 y 2024 y, en el caso de Zapatero y su esposa, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Calama compartió el criterio de la Fiscalía Anticorrupción: la suspensión es una medida excepcional, en la causa no se investigan por ahora hechos constitutivos de delito contra la Hacienda Pública y no hay identidad entre los hechos aunque coincidan las personas; la única excepción es la pieza separada de las joyas halladas en la oficina del expresidente, valoradas en 1,3 millones de euros, cuya posible relevancia fiscal «abre un abanico de posibilidades que impide, por sí solo, justificar la suspensión de las actuaciones inspectoras». El juez pide a la AEAT que ponga en conocimiento del juzgado cualquier indicio de delito fiscal que halle. La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“una medida excepcional, de aplicación restrictiva”

La Fiscalía Europea pide información al juez Moreno sobre las obras del caso Koldo para determinar si hubo fondos de la UE

Según Libertad Digital (29 de julio de 2026), que ha tenido acceso a una providencia del juez Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional), la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid remitió un oficio interesándose por la pieza de adjudicaciones de obra pública del caso Koldo. En él pregunta si las «obras identificadas por la Comisión Europea» son objeto de investigación en esa causa y si se han hecho gestiones para determinar la procedencia de los fondos con que se pagaron las obras, «para la determinación de la posible competencia». Antes de contestar, Moreno le pidió que «amplíe los datos de las obras enumeradas y cuya información precisa» y le recordó que en esa pieza se investigan las obras correspondientes a la Causa Especial 20775/2020 del Tribunal Supremo. Según Moncloa.com (30 de julio de 2026), la providencia es del 28 de julio y el interés de la Fiscalía Europea se concreta en cuatro obras: la A-68 en el tramo Arrúbal- Navarrete (Logroño), el Puente del Centenario (Sevilla), la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat y los túneles de Belate (Navarra), incorporados a la causa esa misma semana. Según Libertad Digital, el juez indaga en esa pieza la relación de varias constructoras, principalmente Acciona, con Servinabar, sociedad que según ese medio habría sido instrumental para el cobro de las supuestas comisiones de la trama que atribuye a Santos Cerdán. Son diligencias de instrucción en curso, sin sentencia. Rige la presunción de inocencia.

“amplíe los datos de las obras enumeradas y cuya información precisa”

Pedraz rechaza apartar cautelarmente a la directora de la Guardia Civil y al DAO del mando de la UCO durante la instrucción del caso Leire

Según El Debate (29 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional) rechazó («no ha lugar») en una providencia las medidas cautelares que pedían las acusaciones populares para la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, ambos ya investigados. Con esas medidas se pretendía evitar que, mientras sigan imputados, puedan dar órdenes desde sus cargos a los mandos y miembros de la UCO. El magistrado razona que la UCO, como policía judicial, «solo habrá de dar cuenta a este instructor» y que, si «se considera inquietada en sus funciones», habría de ponerlo en conocimiento del juzgado. En la misma providencia, Pedraz descartó por el momento tomar declaración a Leire Díez hasta recibir la causa de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 9. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“solo habrá de dar cuenta a este instructor”

Pedraz cita como investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos para el 10 de septiembre en el caso Leire

Según Infobae (29 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz acordó citar como investigado al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos —en el cargo entre junio de 2023 y septiembre de 2024— para el 10 de septiembre de 2026, en la investigación sobre las presuntas maniobras para interferir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pedraz había rechazado semanas antes esa imputación; según el medio, cambió de criterio tras nuevas diligencias y las peticiones de la acusación popular unificada. Infobae recoge que Rafael Yuste había declarado que Marcos le trasladó la conveniencia de mantener una actitud pasiva respecto a determinadas investigaciones, entre ellas la relativa a David Sánchez. La providencia no concreta los delitos atribuidos; Marcos se suma a los responsables de la Guardia Civil investigados en la causa, junto a Mercedes González y Manuel Llamas. En la misma resolución, Pedraz citó como testigo para el 10 de septiembre al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, y reclamó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz el expediente íntegro y las comunicaciones relacionadas con la denuncia contra Leire Díez. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El colaborador de la Guardia Civil que organizó la reunión Díez–Villalba declara ante Pedraz que Díez decía actuar «en nombre del one», según El Independiente

Según El Independiente (29 de julio de 2026), Daniel Mateo, colaborador de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, declaró ese día como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas citadas por el diario, Mateo organizó e informó a la Jefatura de la reunión de marzo de 2025 en un bar de Leganés entre Leire Díez y el comandante Rubén Villalba. Relató que Díez se presentó como colaboradora de Santos Cerdán y decía actuar «en nombre del one», expresión con la que, según el periódico, se referiría a Pedro Sánchez. También sostuvo que Díez le trasladó que en Moncloa había enfado por no poder frenar determinadas investigaciones judiciales y que, en su presencia, mantuvo una llamada con una mujer a la que saludó como «Mercedes». Mateo interpretó que se trataba de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, que figuraba como investigada en la causa según la misma información. Preguntado por la credibilidad de Díez, afirmó que sus palabras le inspiraban credibilidad y miedo. Es la versión de un testigo en una instrucción en curso, referida por fuentes jurídicas a los medios; nada de ello está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“en nombre del 'one'”

Calama autoriza a la UDEF a acceder a más de 60 cuentas bancarias de Zapatero, su familia, su secretaria y sociedades del caso Plus Ultra

Según elDiario.es (29-07-2026), el juez José Luis Calama autorizó a la UDEF a acceder a más de sesenta cuentas bancarias a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar y sociedades investigadas en el caso Plus Ultra. El medio, que afirma haber accedido al auto, recoge que el juez, apoyándose en un informe policial, describe indicios de «una estructura jerarquizada» con Zapatero «como beneficiario principal» y Julio Martínez Martínez «como gestor y canalizador». Sobre Alcázar, el artículo señala que adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023; también recoge expresamente que no se habían detectado ingresos de las sociedades investigadas hacia ella y que el análisis patrimonial se justificaba por el papel funcional que le atribuían los investigadores. Estas apreciaciones pertenecen a una instrucción en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad. Rige la presunción de inocencia.

La Fiscalía comunica a Peinado que no formulará acusación contra Begoña Gómez y anuncia un escrito de conclusiones absolutorias

Según Libertad Digital (28 de julio de 2026), la Fiscalía comunicó por escrito al juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid), «a fin de evitar equívocos», que «no se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio». En el mismo escrito interesó un traslado posterior «a fin de formular escrito de conclusiones absolutorias a la vista de las pretensiones que puede ejercer la acusación popular unificada». Según el mismo medio, la Fiscalía no acusa en este proceso. Peinado dio en una providencia cinco días a las defensas de Begoña Gómez y de su asesora Cristina Álvarez para presentar su escrito de defensa, y les pidió que indicaran si renunciaban a la audiencia preliminar sobre la procedencia de la apertura del juicio oral. Según Infobae (13 de septiembre de 2026), en la audiencia preliminar celebrada el 8 de septiembre la Fiscalía y las defensas de Gómez y Álvarez solicitaron el archivo de la causa, mientras que Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, mantuvo su petición de apertura de juicio oral. Los hechos investigados no están judicialmente probados. Rige la presunción de inocencia.

“No se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio”

Dos trabajadoras del PSOE declaran ante Pedraz que Cerdán autorizaba los gastos y viajes de Leire Díez; la UCO clona sus dispositivos tras la declaración

Según Europa Press (vía Infobae, 28 de julio de 2026), Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE, comparecieron ese día como testigos ante Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas citadas por la agencia, declararon que gestionaban los viajes y billetes de Leire Díez por indicación de Santos Cerdán, que autorizaba los gastos, y que Díez accedió al aparcamiento de la sede de Ferraz en más de una decena de ocasiones enviando un mensaje para que le dieran acceso. Relataron asimismo algunas reuniones de Cerdán con Díez, sin reflejo en su agenda oficial, en las que también habrían participado el empresario Javier Pérez Dolset y el exjefe de gabinete Juan Manuel Serrano. Al término de la declaración, agentes de la UCO de la Guardia Civil clonaron los dispositivos de ambas testigos. Según la agencia, el auto de citación les había requerido aportar sus comunicaciones de abril de 2024 a junio de 2025 con Díez, Cerdán, Serrano y la gerente del PSOE Ana María Fuentes. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La acusación popular reformula su escrito en el caso Begoña Gómez, pide 13 años de prisión y la comparecencia como testigo de Pedro Sánchez

Según Libertad Digital (27 de julio de 2026), la acusación popular unificada que lidera Hazte Oír reformuló su escrito de acusación en el caso Begoña Gómez después de que la Audiencia Provincial de Madrid eliminara los tipos delictivos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Pide 13 años de prisión para Begoña Gómez: dos por un delito de tráfico de influencias, tres por un delito continuado de malversación y ocho por un segundo delito de malversación. Para su asesora Cristina Álvarez pide seis años, en concepto de cooperadora necesaria de la malversación del software. Entre más de cien testificales, solicita que comparezcan como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro Félix Bolaños; el rector de la Complutense, Joaquín Goyache; y el empresario Juan Carlos Barrabés. Según el mismo medio, el Ministerio Fiscal no acusa en este proceso. Según EFE (vía Infobae, 6 de septiembre de 2026), ese auto de la Audiencia supuso «reordenar» el proceso y retrotraerlo hasta abril, por lo que las partes tuvieron que presentar de nuevo sus escritos. Según Infobae (13 de septiembre de 2026), en la audiencia preliminar del 8 de septiembre la Fiscalía y las defensas de Gómez y Álvarez solicitaron el archivo de la causa y Hazte Oír mantuvo su petición de apertura de juicio oral, que el juez Peinado debía decidir aún. Los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La UCO sitúa a Cerdán y Koldo García en un Kia Sportage cuya financiación atribuye a Servinabar para desplazarse juntos al Congreso de los Diputados

Según edatv.news, que atribuye la información en origen a ABC (27 de julio de 2026), el informe patrimonial de la UCO de la Guardia Civil remitido al juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional) sitúa a Santos Cerdán y Koldo García en un Kia Sportage cuya financiación atribuye la UCO a Servinabar 2000 —la empresa de Joseba Antxon Alonso—, utilizado para acudir al Congreso de los Diputados: en un episodio reconstruido del 15 de febrero de 2017, Koldo García viajó hasta Milagro (Navarra), donde residía Cerdán, y ambos siguieron viaje hasta Madrid en ese vehículo, localizado después frente al Congreso. Los investigadores sostienen que asumir el coste de ese turismo «formaría parte de las ventajas que, presuntamente, recibió Cerdán» por su vínculo con la empresa navarra. Según Infobae (17 de julio de 2026), el informe patrimonial de la UCO sobre Cerdán ya había hallado vínculos entre pagos en efectivo de un directivo de Acciona y el renting de un Toyota Rav 4 de Cerdán, y cifraba en 323.178,41 euros lo que Cerdán y su familia habrían recibido de Servinabar o de otras compañías de Antxon Alonso entre 2015 y 2024. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El juez del caso Montoro prorroga seis meses una instrucción «sumamente compleja» con 17 investigados aún por citar, entre ellos el exministro

Según EFE (vía Infobae, 27 de julio de 2026), el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus, acordó en un auto prorrogar otros seis meses la instrucción del caso Montoro, abierta en 2018 y mantenida en secreto hasta el 19 de junio de 2025. Según el auto citado por EFE, la causa investiga «la existencia de una presunta trama» en torno al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando no estaba en el Gobierno y del que, según Europa Press (vía Infobae, 27 de julio de 2026), se desvinculó al entrar en él, que «mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes»; se instruye por presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. El juez justifica la prórroga en que la investigación es «sumamente compleja»: de los quince investigados ya citados solo uno declaró —el resto se acogió a su derecho a no responder a la espera de que la Audiencia de Tarragona resuelva recursos de apelación sobre la nulidad de pruebas—, quedan 17 por citar, entre ellos el propio Montoro, y faltan informes policiales, incluido el análisis del Fichero de Titularidades Financieras autorizado a los Mossos d'Esquadra. Los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“sumamente compleja”

Pedraz cita el 28 y el 29 de julio a cuatro testigos del caso Leire —dos administrativas del PSOE, un ex alto cargo de la Xunta y un supuesto enlace con la Guardia Civil— para cerrar la ronda de interrogatorios de julio

Según EFE (vía Infobae, 26 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional) cerrará la ronda de interrogatorios programada este verano con la declaración como testigos de cuatro personas. El martes 28 declararán dos administrativas de la Secretaría de Organización del PSOE, cuya imputación levantó el juez semanas antes al no apreciar «indicios suficientes» de que conocieran «la finalidad última» de las gestiones que realizaban, y que deberán aportar sus comunicaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con Santos Cerdán, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, Juan Manuel Serrano y Leire Díez. El miércoles 29 están citados José Norberto Uzal, ex alto cargo de la Xunta de Galicia y exdirector general de Hafesa, al que la UCO ya había interrogado como testigo en mayo, y un supuesto colaborador de la Guardia Civil que habría actuado de enlace entre Leire Díez y el comandante Rubén Villalba. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El juez Moreno mantiene la imputación de Jésica Rodríguez y rechaza que la sentencia del Supremo a Ábalos impida investigarla

Según Infobae (24 de julio de 2026), que tuvo acceso a la resolución, el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, caso Koldo) rechazó en un auto del 23 de julio el recurso de reforma presentado por la defensa de Jésica Rodríguez García —expareja del exministro José Luis Ábalos— y confirmó su imputación por indicios de un presunto delito de malversación relacionado con los sueldos que percibió de las empresas públicas Ineco y Tragsatec entre 2019 y 2021 sin desempeñar función alguna —aproximadamente 43.950 euros en total según los datos de la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio de 2026—. La defensa alegó tres motivos: falta de motivación de la providencia del 3 de julio que la citaba como investigada, cosa juzgada por cuanto los hechos habrían sido ya objeto de la sentencia condenatoria a Ábalos y Koldo García, y prescripción de la acción penal. El juez rechazó los tres: la citación se apoyaba en el informe del Ministerio Fiscal del 1 de julio, el Supremo no juzgó a Rodríguez —declaró solo como testigo— y el delito que se le atribuye es la malversación, no la obtención de los contratos. La resolución no es firme: cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Son diligencias de instrucción en curso; los hechos no están probados judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra tras reconocer ante el juez un pago de 530.000 euros por «acompañamiento» en el rescate de la SEPI; Hugo Castaño asumirá la presidencia ejecutiva

Según adelantó ABC y confirmaron a EFE fuentes cercanas a los accionistas (teletipo recogido por Infobae), y según The Objective y El Independiente, Julio Martínez Sola —cofundador y presidente de la aerolínea— y Roberto Roselli —consejero delegado— dimitieron de sus cargos el 24 de julio, días después de entregar al juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) sendos escritos en los que reconocen que Plus Ultra pagó 530.000 euros —el 1% del rescate de 53 millones de la SEPI— por labores de «acompañamiento» en el préstamo, repartidos entre tres sociedades vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez (Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe), y el mismo día en que el juez los citó como investigados para declarar en septiembre. Hugo Castaño, accionista minoritario, asumirá la presidencia ejecutiva concentrando ambas funciones, nombramiento pendiente de aprobación de la SEPI al seguir la compañía bajo su supervisión tras el rescate. La causa, en la que también está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sigue en instrucción y ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La acusación popular pide a Pedraz apartar cautelarmente del mando de la UCO a la cúpula de la Guardia Civil y reitera la imputación del exdirector Leonardo Marcos

Según Libertad Digital (24-07-2026), la acusación popular pidió al juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) prohibir cautelarmente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas —ambos investigados en la causa desde el 2 de julio—, «ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la UCO». Su argumento es que «quienes presuntamente utilizaron sus potestades administrativas como instrumento de presión conservan íntegramente esas mismas potestades sobre la unidad afectada». Pidió también imputar al exdirector general Leonardo Marcos, cuya imputación el juez había rechazado el 2 de julio (The Objective, 02-07-2026). Para ello, el escrito invoca el informe de la UCO en el que su entonces jefe, Rafael Yuste, denunció presiones de Llamas y de Marcos para que la unidad «se pusiera de perfil» en la investigación sobre David Sánchez. Según El Debate (29-07-2026), Pedraz rechazó («no ha lugar») la medida cautelar porque la UCO, como policía judicial, «solo habrá de dar cuenta a este instructor». Según Infobae (29-07-2026), el juez acordó imputar a Marcos, citado a declarar como investigado el 10 de septiembre. Son escritos de parte y diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

El Supremo inadmite el incidente de nulidad de Pardo de Vera contra la sentencia del caso mascarillas por no haber sido parte en la causa

Según EFE (vía Infobae, 23 de julio de 2026), la Sala del Tribunal Supremo que condenó a José Luis Ábalos rechazó, en una providencia, admitir a trámite el incidente de nulidad planteado por la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera —investigada en la Audiencia Nacional y que declaró como testigo en el juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama—, que alegaba que la sentencia vulneraba su derecho a la presunción de inocencia al contener afirmaciones sobre ella que, a su juicio, «prejuzgan su intervención». El Supremo responde que «no ha lugar a la admisión a trámite del incidente planteado» porque no ha sido parte en esta causa, y que las afirmaciones de la sentencia se limitan a valorar su declaración como testigo, junto a otras pruebas, «en relación exclusivamente con los hechos enjuiciados en el presente procedimiento, con todas las garantías». En la misma providencia la Sala rechaza también otras peticiones, entre ellas la del empresario Manuel Contreras, dueño de AZVI, que había vuelto a pedir licencia para querellarse contra Víctor de Aldama por considerar que mintió al atribuirle el pago de una comisión. La causa que afecta a Pardo de Vera sigue en instrucción. Rige la presunción de inocencia.

Iustitia Europa pide al Tribunal de Cuentas investigar las retribuciones percibidas por David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Según Libertad Digital (23 de julio de 2026), Iustitia Europa había presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas para reclamar la devolución de las retribuciones percibidas por David Sánchez en la Diputación de Badajoz. El escrito, al que tuvo acceso el medio, estima que habría cobrado aproximadamente 340.572,36 euros brutos entre 2017 y 2025, tomando como referencia información publicada, y solicita recabar documentación para determinar qué cantidades carecieron total o parcialmente de contraprestación real y acreditada y quiénes serían responsables. Se trata de una petición de parte, no de una orden de devolución. La sentencia penal del 14 de julio no es firme. Rige la presunción de inocencia.

El juez Moreno pide a cinco bancos información sobre las cuentas de la esposa, hija, hermana y cuñado de Santos Cerdán por su posible vinculación con los fondos de Servinabar

En un auto al que tuvo acceso EFE el 22 de julio, el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, caso Koldo) requirió a BBVA, CaixaBank, Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra los datos de una veintena de cuentas y otros productos financieros de la esposa, la hija, la hermana y el cuñado de Santos Cerdán, al considerar que también pudieron haber sido beneficiarios —directa o indirectamente— de fondos procedentes de Servinabar 2000, como las nóminas de la esposa y la hermana soportadas por la empresa. El auto atendió una petición de la UCO de la Guardia Civil apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, y se adoptó días después de que el magistrado recibiera el informe patrimonial de la UCO que cifró en 323.178 euros los beneficios presuntamente irregulares obtenidos por Cerdán y su entorno familiar entre 2015 y 2024. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Narbona niega ante la comisión Koldo del Senado ser la «madrina» de Leire Díez y abre la puerta a que el PSOE presente una querella contra ella

Según elDiario.es (22-07-2026), Cristina Narbona, presidenta del PSOE, compareció ante la Comisión de Investigación del caso Koldo del Senado y desmintió haber sido la «madrina» de la investigada Leire Díez. Afirmó que nunca tuvo conocimiento de las reuniones que se mantuvieron en la sede del PSOE en Ferraz y que la remitió a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. Sobre una eventual querella del PSOE contra Díez, dijo que la decisión «se adoptará en su momento y según la evolución de la causa». Negó asimismo que el PSOE haya cobrado «contrapartidas económicas» de empresas privadas o tenga una «caja B». Es una comparecencia parlamentaria; los hechos investigados no están judicialmente probados. Rige la presunción de inocencia.

La fiscal Anticorrupción ve necesario volver a citar a los directivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli tras sus escritos sobre Zapatero, según Infobae

Según Infobae (21 de julio de 2026), durante la declaración como investigado de Julio Martínez Martínez ('Julito') en el caso Plus Ultra (DP 77/2024), la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente expresó en su turno que ve necesario volver a llamar a declarar a Julio Martínez Sola y a Roberto Roselli —«director y CEO de Plus Ultra durante el rescate», según ese medio— para que profundicen en los escritos presentados el lunes 20 de julio. Según El Español (20 de julio de 2026), Martínez Sola relata en su escrito que el 30 de abril de 2020 recibió una llamada desde un número oculto que resultó ser de José Luis Rodríguez Zapatero, quien le manifestó «que su intervención [para conseguir ayuda financiera para Plus Ultra] podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas». Según el mismo medio, el escrito detalla que se firmaron contratos de asesoramiento con sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, con pagos que sumaron el 1% del rescate, es decir, 530.000 euros. Según El Español, Zapatero había negado de forma vehemente esa llamada en su declaración ante Calama. Según Infobae, en la comisión de investigación del Senado del 2 de marzo dijo que no había «cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna». La causa sigue en instrucción y ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

'Julito' ratifica ante el juez Calama su escrito sobre Zapatero y admite que Análisis Relevante siguió pagando a la sociedad de las hijas del expresidente cuando ya no prestaba servicios, según The Objective e Infobae

Según The Objective (21 de julio de 2026), Julio Martínez Martínez ('Julito') compareció el 21 de julio como investigado ante el juez José Luis Calama en el caso Plus Ultra (DP 77/2024), durante más de tres horas. Ratificó el escrito que había remitido la víspera, en el que explica que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero medió en la ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra y que pactaron el 1% de comisión, aunque admitió que desconoce con quién habló para su concesión. Según Infobae (21 de julio de 2026), en ese escrito señalaba a Zapatero como quien «marcaba los pasos a seguir» para encontrar financiación para la aerolínea y quien «lideraba» Análisis Relevante, la empresa que Martínez administraba. Según The Objective, también reveló que Zapatero le presentó a Delcy Rodríguez, que se convirtió en su interlocutora para las gestiones administrativas que realizó en Venezuela. Según el mismo medio, dijo que las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, facturaron unos 240.000 euros a Análisis Relevante entre 2020 y 2025 y que Whathefav recibió pagos mensuales de 3.000 euros; la mayor parte se cobró entre 2022 y 2025, cuando no desarrollaron trabajo alguno para la consultora. Infobae recoge igualmente que Análisis Relevante siguió pagando a las hijas de Zapatero aunque su empresa dejó de prestar servicios en 2022. Según Infobae, Zapatero dijo en la comisión de investigación del Senado, el 2 de marzo, que no había «cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna». La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

“por ser quienes son”

'Julito' Martínez declara como investigado ante el juez Calama sobre la presunta implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra

Según Infobae (21 de julio de 2026), Julio Martínez Martínez ('Julito') llegó a la Audiencia Nacional unos minutos antes de las 09:00 del martes 21 de julio para declarar como investigado ante el juez José Luis Calama en la causa Plus Ultra (DP 77/2024). Tras un interrogatorio del juez de alrededor de hora y media, llegó el turno de la fiscal de Anticorrupción. La víspera había presentado un escrito, al que tuvo acceso Infobae, en el que se comprometía a «colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos». En él señalaba a José Luis Rodríguez Zapatero como quien «marcaba los pasos a seguir» para encontrar financiación para la aerolínea y quien «lideraba» Análisis Relevante, la empresa que administraba. Según The Objective (21 de julio de 2026), en ese escrito explica que el expresidente medió en la ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra y que pactaron el 1% de comisión. Según Infobae, Zapatero dijo en la comisión de investigación del Senado, el 2 de marzo, que no había «cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna». La causa sigue en instrucción; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

Jésica Rodríguez, el hermano de Koldo e Ignacio Zaldívar se acogen a su derecho a no declarar ante el juez Ismael Moreno

Según elDiario.es (20 de julio de 2026), Jésica Rodríguez García —expareja del exministro José Luis Ábalos— se acogió ese día a su derecho a no declarar ante el juez Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional. Según el mismo medio, también estaban citados como investigados por esos contratos de Rodríguez Joseba García —hermano de Koldo García— e Ignacio Zaldívar de la Rica —exdirector de Gestión Administrativa de Adif—, y ambos se acogieron igualmente a su derecho a no declarar, aunque Joseba García quiso aclarar que no conocía a Rodríguez antes de que fuera contratada en Ineco. Según Infobae (3 de julio de 2026), el juez los citó por un presunto delito de malversación y tráfico de influencias por la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec. Según Telemadrid (3 de julio de 2026), la Fiscalía indica, con base en la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio de 2026 que condenó a Ábalos y a Koldo García, que Rodríguez recibió 34.450 euros de Ineco y 9.500,54 de Tragsatec. Según elDiario.es, ella misma reconoció ante el Supremo, donde declaró como testigo, que estuvo contratada sin realizar tarea alguna. Es una instrucción en curso; rige la presunción de inocencia.

Vox anuncia recurso de apelación ante el TSJ de Extremadura para que David Sánchez sea condenado también por tráfico de influencias

Según The Objective (20 de julio de 2026), el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, anunció ese lunes que el partido interpondrá recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz de absolver a David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— del delito de tráfico de influencias. La sentencia del 14 de julio lo condenó a nueve años de inhabilitación como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa (fallo, p. 374). Fúster afirmó que los servicios jurídicos de Vox están convencidos de que hay pruebas suficientes para esa condena adicional por participar en un proceso «destinado a simular su legalidad». La sentencia no es firme mientras estén abiertos los plazos de apelación para todas las partes. Rige la presunción de inocencia.

“Es evidente que hay un tráfico de influencias.”

La UCO sitúa en más de 181.000 euros lo que Servinabar —la empresa de Antxon Alonso— cobró de Cycasa, integrante de la UTE adjudicataria de la cárcel de Zubieta, según The Objective

Según The Objective (17 de julio de 2026), que se basa en un informe de la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán al que tuvo acceso EFE, Joseba Antxon Alonso Egurrola —dueño de Servinabar, empresa de la que la Guardia Civil sospecha que Cerdán era socio— remitió el 10 de octubre de 2018 a un directivo de Acciona una noticia de prensa sobre la futura construcción de una nueva cárcel en San Sebastián (Zubieta). La licitación se publicó el 13 de noviembre de 2020, con un presupuesto de 43,7 millones de euros, y cinco días después Alonso informó a Juan Sumelzo, presidente de Sumelzo S.A., de que un amigo suyo estaba interesado en la adjudicación. A la obra se presentó una UTE formada por Acciona (50%), Construcciones Murias (25%) y Cycasa (25%). Alonso escribió a Sumelzo en un mensaje citado por la UCO: «De ese 25, ellos son el 15% y nosotros el 10%». De ahí la UCO infiere que ese 10% de la UTE pertenecía a Alonso y a Sumelzo. La UTE resultó adjudicataria en febrero de 2021 y, según el informe, desde ese año Servinabar cobró de Cycasa 30.248 euros en 2021, 131.078 euros en 2022 y 20.165 euros en 2023, más de 181.000 euros en total. La cárcel se inauguró el 15 de junio de 2026. Son indicios de un informe policial dentro de una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“De ese 25, ellos son el 15% y nosotros el 10%.”

Según Infobae (17-07-2026), la UCO investiga si fondos procedentes de un directivo de Acciona contribuyeron a pagar el renting del Toyota que utilizó Cerdán

Según Infobae (17-07-2026), el informe patrimonial de la UCO recoge que Santos Cerdán pagó 13.455 euros por el renting de un Toyota RAV4 entre mayo de 2017 y abril de 2019 y que Koldo García realizó ingresos en efectivo en la cuenta utilizada para abonarlo. El medio reproduce la hipótesis de los investigadores de que el origen de uno de esos ingresos, de 600 euros en septiembre de 2017, «se podría asociar a una entrega de dinero por parte de Fernando Merino, entonces directivo de Acciona Construcción». Según la misma información, los agentes apoyan esa hipótesis en una conversación intervenida en la que Koldo señala a su exmujer que «el dinero lo tiene Fernando en Bilbao» y creen que ese Fernando es Fernando Agustín Merino Vera, que fue responsable de la constructora en Navarra y La Rioja. Infobae señala que Acciona lo despidió en abril de 2021. Son hipótesis e indicios de una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“el dinero lo tiene Fernando en Bilbao”

El DAO Llamas dice en el Senado que Marlaska le llamó por el correo de Begoña Gómez, critica «una cierta vanidad» en las investigaciones y rechaza dimitir

El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil e investigado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el caso Leire, compareció el 17 de julio de 2026 ante la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, un día después de declarar ante el juez (DS_C_15_756, pp.1, 4 y 7). Llamas declaró que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le llamó por la publicación de la dirección de correo de Begoña Gómez y le «dimensionó el efecto pernicioso» que había tenido. Precisó que antes ya le había informado la directora general en otra llamada y que la del ministro «lo único que hizo fue darme una dimensión del alcance y del impacto» de ese «desliz» (DS_C_15_756, pp.4-5). Añadió que después de su imputación habló con el ministro, al que, según dijo, «le parece absolutamente injusta esta situación y, coherentemente con eso, me mantiene en el puesto» (DS_C_15_756, p.6). Llamas habló de «un exceso de protagonismo, una cierta vanidad» en cuanto a quién lidera las investigaciones, matizó la frase que se le atribuye sobre la «no proactividad» recordando que el titular de la investigación es el juez (DS_C_15_756, p.7) y descartó dimitir: «Lo hago por mi inocencia» (DS_C_15_756, pp.2 y 4). Según The Objective (02-07-2026), el juez acordó investigarle el 2 de julio, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular. Rige la presunción de inocencia.

La UCO cifra en 323.178 euros los ingresos sin justificar de Santos Cerdán y su entorno familiar entre 2015 y 2024

Según Euronews (17 de julio de 2026), un nuevo informe de la UCO cuantifica en 323.178 euros los ingresos sin justificar que Santos Cerdán y su entorno familiar habrían obtenido entre 2015 y 2024. El informe recoge además el ingreso de 18.000 euros en efectivo de origen desconocido entre 2014 y 2017, y que Servinabar —la empresa navarra en la que Cerdán habría tenido el 45% de las participaciones— llegó a entregar una señal para la compra de una vivienda valorada en cerca de un millón de euros. Cerdán permanece investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Rige la presunción de inocencia.

La directora de la Guardia Civil declara ante el juez Pedraz como investigada en el caso Leire un día después de lo previsto

Según The Objective (17 de julio de 2026), Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil, declaró el viernes 17 de julio en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz, que la había citado como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro contra la Administración de Justicia. Según Infobae (17 de julio de 2026), estaba citada para el jueves 16, pero el juez pospuso su interrogatorio por la extensión de la declaración del director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, que según Público (16 de julio de 2026) compareció durante dos horas y media. Según Infobae, González fue imputada después de que la UCO apuntara en un informe que mantuvo tres reuniones con Leire Díez; los investigadores sostienen que Díez, mediante entrevistas personales con la directora, «habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO». Según The Objective (17 de julio de 2026), González negó ante el juez cualquier vínculo con la trama, aseguró sentirse utilizada por Cerdán y por Díez —«Yo estoy en el listado de víctimas de Santos Cerdán», según fuentes conocedoras del interrogatorio citadas por el medio— y admitió solo dos reuniones con Díez. Es una diligencia de instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

La Audiencia de Madrid limita el procedimiento de jurado contra Begoña Gómez a tráfico de influencias y malversación y ordena repetir la fase intermedia

Según Infobae (16 de julio de 2026, noticia actualizada el 10 de septiembre), la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid acordó continuar el procedimiento de jurado contra Begoña Gómez únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra María Cristina Álvarez Rodríguez por presunta malversación. La sala descartó del proceso principal la corrupción en los negocios y la apropiación indebida, excluyó de él a Juan Carlos Barrabés y ordenó repetir la fase intermedia para ajustarla a los hechos que permanecían en la causa. Según el mismo medio, levantó las medidas cautelares personales de Gómez y Álvarez: prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Rige la presunción de inocencia.

El juez Calama rechaza retirar del sumario el informe de la UDEF sobre los 200.000 euros que Zapatero recibió de Focus Social Research, vinculados por la Policía a presuntas gestiones ante el Gobierno de Bolivia

Según Infobae (15 de julio de 2026), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) rechazó la petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar del caso Plus Ultra el informe de la UDEF que analiza tres transferencias por un total de 200.000 euros recibidas por el expresidente de la sociedad peruana Focus Social Research SAC; la tesis policial (informe UDEF 2910, p.3-5) sostiene que esa sociedad habría actuado como interpuesta y que el pago remuneraría una influencia ejercida ante autoridades de Bolivia en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria. La defensa, en un escrito del 25 de junio, alegaba que el informe abordaba hechos ajenos al objeto de la investigación y que la UDEF había practicado una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente. El juez lo rechaza: la aparición de las transferencias «no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida del investigado», sino «la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas», y el objeto del procedimiento «se perfila y se amplía conforme la investigación progresa»; considera el informe «pertinente» y su incorporación «legítima», y lo mantiene en las diligencias. Según Infobae, Zapatero rechaza esa interpretación y mantiene que el dinero responde a un contrato de asesoramiento profesional lícito. Ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.

La defensa de Begoña Gómez entrega a Peinado los billetes de avión a Londres y le recuerda que el Reino Unido suprimió los sellos físicos en pasaportes

Según Infobae (15 de julio de 2026), dos días después de que el juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) concediera un plazo improrrogable de cinco días para acreditar el uso del pasaporte recuperado entre el 8 y el 10 de julio, la defensa de Begoña Gómez presentó los billetes de avión de ida a Londres y de regreso desde Bristol del viaje autorizado por el juez sustituto para asistir a la graduación universitaria de su hija. El abogado Antonio Camacho explicó al juzgado que el Reino Unido ha suprimido la estampación de sellos físicos en los pasaportes como práctica ordinaria en su sistema digital de control fronterizo, por lo que la ausencia de sello «carece, por sí sola, de valor acreditativo negativo». La defensa recurrió además la providencia del juez al entender que le exigía acreditar un hecho que, sostiene, corresponde probar a la acusación: «La carga de la prueba corresponde a la acusación, nunca a la defensa». Según Infobae (16 de julio de 2026), la Audiencia Provincial de Madrid devolvió después el pasaporte a Gómez. Rige la presunción de inocencia.

Cristina Narbona admite ante el juez Pedraz haber hablado con Leire Díez y haberla remitido a Santos Cerdán, quien le dijo que era «intrascendente»

Según Infobae (15-07-2026), la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declaró ese día como testigo en el caso Leire ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La comparecencia duró media hora. Narbona negó tener «el menor conocimiento de la supuesta trama» que, presuntamente, organizó la investigada Leire Díez para interferir en causas judiciales que afectan al Gobierno o al entorno del presidente Pedro Sánchez. Según el mismo medio, admitió haber hablado con Díez y haber remitido el asunto al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien, según su versión, le dijo después que lo hablado era «intrascendente y nada relevante». La declaración estaba prevista para el viernes 10 de julio y se aplazó al 15, según The Objective (09-07-2026). Narbona comparece como testigo, no como investigada; rige la presunción de inocencia.

El juez Zamarriego prorroga seis meses la instrucción sobre Leire Díez y deja su decisión sobre la inhibición a favor de Pedraz pendiente de un informe pericial

Según un auto al que tuvo acceso EFE, recogido por El Debate (15 de julio de 2026), el magistrado Arturo Zamarriego, juez de Plaza de Castilla (Madrid) que investiga a Leire Díez por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, prorrogó seis meses la instrucción. El 24 de julio se cumplía un año de la apertura de la causa y faltaba un informe de la Policía Científica «necesario para el esclarecimiento de los hechos». El juez había encargado ese informe para determinar si pudieron ser manipuladas las grabaciones aportadas a la causa por el fiscal Ignacio Stampa, y señaló que, a la vista de su resultado, resolvería sobre el requerimiento de inhibición del juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional). Después, según EFE (vía The Objective, 17 de agosto de 2026), Zamarriego aceptó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional y Pedraz asumió toda la investigación. Rige la presunción de inocencia.

Según El Independiente (15-07-2026), los fiscales que se reunieron con Leire Díez declararon que García Ortiz les citó después y les dijo que lo olvidaran

Según fuentes jurídicas citadas por El Independiente (15-07-2026), Diego Villafañe —entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General— y Beatriz López Pesquera declararon como testigos ante el juez Santiago Pedraz que el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz les citó en su despacho tras uno de sus encuentros con Leire Díez y Jacobo Teijelo para conocer el contenido de la conversación, y les dijo que «no se preocuparan» y que «lo olvidaran». El periódico sitúa las reuniones con Díez y Teijelo el 6 de marzo de 2025 y a finales de marzo o principios de abril de ese año, sin fecha precisa para la segunda. Villafañe restó relevancia a las reuniones, que enmarcó en los encuentros habituales del cargo, y ambos reafirmaron que no constan registros de visitas en la sede de Fortuny; la propia Fiscalía General ya había reconocido ambos encuentros en respuesta a un requerimiento del instructor, según el mismo medio. Declararon como testigos, no como investigados; rige la presunción de inocencia.

La UCO atribuye al PSOE el origen de 43.225 euros recibidos por Leire Díez mediante intermediarios, según Qué.es (15-07-2026)

Según Qué.es (15-07-2026), un informe de la UCO describe cuatro transferencias de 4.000 euros cada una, por un total de 16.000 euros, recibidas por Leire Díez de Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Gaspar Zarrías, entre junio y septiembre de 2024, y una quinta transferencia de 27.225 euros procedente de Oliver Gruppe, relacionada con el abogado Ismael Oliver. Según el periódico, los investigadores atribuyen al PSOE el origen de esos fondos. La misma información cifra en 7.505,17 euros el coste soportado por Zaño por cada nómina de 4.000 euros y señala que ese importe coincidía con lo abonado por el partido a la sociedad. Respecto de la vía de Oliver, el diario recoge que se habrían interpuesto dos despachos profesionales y que la UCO no podía afirmar con total rotundidad la cuenta concreta de origen. Son indicios de una investigación en curso; rige la presunción de inocencia.

La defensa de David Sánchez anuncia que recurrirá la sentencia de la Audiencia de Badajoz ante el TSJ de Extremadura

Según EFE (vía Infobae, 14 de julio de 2026), Emilio Cortés, letrado de David Sánchez Pérez-Castejón, aseguró que recurrirá la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, que condena al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación de empleo o cargo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa relacionada con el cambio de nomenclatura de su plaza (fallo, p. 374), si bien optó por no analizar la resolución de momento ni adelantar los términos en que sustentará el recurso. Contra la sentencia cabe recurso de apelación, en un plazo máximo de diez días, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La sentencia no es firme; rige la presunción de inocencia.

La Audiencia Provincial de Badajoz impone a David Sánchez una condena no firme de nueve años de inhabilitación por prevaricación

Según EFE (vía Infobae, 14 de julio de 2026), la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz impuso a David Sánchez Pérez-Castejón nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa relacionado con la transformación de su plaza de coordinador de conservatorios en la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. Según The Objective (14 de julio de 2026), fue absuelto de tráfico de influencias y no se le impuso pena de prisión; Miguel Ángel Gallardo recibió dos penas de nueve años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante el TSJ de Extremadura. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al exabogado de Koldo García para declarar el 9 de septiembre en el caso Leire

Según Libertad Digital (14-07-2026), el juez Santiago Pedraz ha citado mediante providencia, en calidad de investigados, a Ana María Fuentes Pacheco —gerente del PSOE— y a Ismael Oliver Romero —exabogado de Koldo García— para que declaren el 9 de septiembre de 2026 (Fuentes a las 10:00 h, Oliver a las 10:30 h), en el caso por el que se investigan las presuntas cloacas del PSOE. Según uno de los informes de la UCO que cita Libertad Digital, Fuentes, «en calidad de directora gerente federal del PSOE», habría sido «la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional»: una con el despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL, vinculado a Ismael Oliver Romero, y otra con Jacobo Teijelo Casanova. Es una citación a declarar en calidad de investigados, no una condena; rige la presunción de inocencia.

La exdirectora de la Agencia Tributaria, ante la comisión SEPI del Senado, sobre la falta de alertas en el caso de Julio Martínez: «Si ha ocurrido, es un lamentable error»

Soledad Fernández Doctor, exdirectora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), compareció el 13 de julio de 2026 ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI. Según el Diario de Sesiones, el senador De Foronda Vaquero le expuso, citando un informe de la ONIF de 25 de febrero, que Julio Martínez Martínez cobraba como consejero y administrador de ASP Rentas con retenciones que constaban en el modelo 190 y que no hizo declaraciones de la renta de 2020 a 2023. Le preguntó cómo era posible que no saltara la alerta. El auto del juez Calama de 18 de mayo de 2026 describe a Martínez Martínez como «lugarteniente principal y figura visible» de la presunta red del caso Plus Ultra. Fernández Doctor respondió: «si lo hubiéramos visto, indudablemente habría que haberlo iniciado en ese momento», y después: «Si ha ocurrido, es un lamentable error». Según El Español (13 de julio de 2026), desligó su dimisión en la AEAT de las investigaciones relativas al expresidente Zapatero; ante la comisión dijo que quería cesar «hace bastante tiempo» por su «cansancio». Son preguntas y respuestas parlamentarias, no hallazgos judiciales; rige la presunción de inocencia.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid delibera hoy sobre si mantiene el juicio con jurado popular para Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés

Según EFE (vía Infobae, 13 de julio de 2026), cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, reunidos en sala reforzada (pleno), deliberan este lunes 13 de julio sobre los recursos contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio con tribunal del jurado a Begoña Gómez, su asesora María Cristina Álvarez Rodríguez y el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. La sala resolverá también un recurso de la acusación popular contra el sobreseimiento del delito de intrusismo y otro sobre una posible escisión de la acusación popular conjunta que dirige Hazte Oír. El auto puede tardar días en publicarse, ya que los magistrados deben motivarlo y redactarlo. Rige la presunción de inocencia.

El juez Peinado da cinco días a Begoña Gómez para acreditar que el pasaporte recuperado solo se usó para viajar a la graduación de su hija en el Reino Unido

Según Infobae (13 de julio de 2026), el juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dio en una providencia un plazo «improrrogable» de cinco días a la defensa de Begoña Gómez para acreditar que el pasaporte que se le entregó excepcionalmente el 8 de julio se usó únicamente para viajar al Reino Unido, entre el 8 y el 10 de julio, a la graduación universitaria de su hija, desplazamiento autorizado por el juez sustituto. El instructor señaló que «no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados» y advirtió de que, de no acreditarse, los hechos podrían constituir un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar (artículo 468.1 del Código Penal), en relación con las medidas —retirada del pasaporte y prohibición de salir de España— acordadas el 20 de junio. Según Infobae (15 de julio de 2026), la defensa aportó después los billetes de avión, y según Infobae (16 de julio de 2026) la Audiencia Provincial de Madrid le devolvió el pasaporte. Rige la presunción de inocencia.

El primer abogado de Ábalos, citado a declarar como testigo ante Pedraz por la presunta gestión de Leire Díez para que el PSOE pagara sus honorarios

Según EFE (vía Infobae, 13 de julio de 2026), José Aníbal Álvarez, primer letrado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, estaba citado como testigo ese lunes ante el juez Santiago Pedraz para aclarar las gestiones de Leire Díez a las que alude la UCO en uno de sus informes. Según el atestado recogido por EFE, los investigadores deducen de mensajes intervenidos que Díez habría ofrecido que el PSOE abonase los honorarios de Álvarez y de Ismael Oliver, quienes defendieron durante un tiempo a Ábalos y a Koldo García, respectivamente. En el caso de Álvarez, el informe señala que no se habrían respetado los plazos y vías acordados para el pago y que Díez habría intermediado; añade, remitiéndose a fuentes abiertas, que el letrado acabó rechazando la defensa por incumplimiento de pagos. Son deducciones de una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

Rafael Salvador reconoce ante Pedraz reuniones con Leire Díez y afirma que ella le dijo «A mí me manda quien más manda», según Libertad Digital

Rafael Salvador, a quien, según la UCO, los investigados llamaban 'Torrente' (EFE vía Infobae, 10-07-2026), y que según Libertad Digital estuvo al frente de la Unidad de Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Sevilla, declaró como testigo el viernes 10 de julio de 2026 en el caso Leire ante el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital (10-07-2026), reconoció haber tenido dos reuniones con Leire Díez y otra en la que también habría estado presente Javier Pérez Dolset. Precisó que Díez contactó con él por primera vez en 2020 y que Dolset lo hizo después, en 2024. Según ese diario, Salvador contó que en una reunión celebrada en 2024 Díez le dijo: «A mí me manda quien más manda», y que él habría respondido: «Para mi como si te manda el Papa». También habría precisado que no le pidieron nada y que, si lo hubieran hecho, se habría negado. Además, reconoció que no fue consciente de que le grabaron. La finalidad de esos encuentros la atribuye el informe de la UCO, no el testigo. Según EFE, la UCO sitúa las reuniones de Díez con este policía el 13 de febrero y el 14 de julio de 2020, en Sevilla y en Madrid, con la finalidad de obtener información «que pudiera comprometer a la magistrada Alaya», la juez del caso ERE. EFE añade que el informe alude también a otro encuentro en julio de 2024 en Zaragoza. Son declaraciones de un testigo e interpretaciones de un informe policial en una instrucción en curso, no hechos probados. Rige la presunción de inocencia.

“A mí me manda quien más manda”

Pedraz imputa a Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos, en el caso Leire

Según Vozpópuli y Libertad Digital (10 de julio de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la imputación de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Según Vozpópuli, la Fiscalía había pedido investigarle tras el último informe de la UCO. Según Vozpópuli y EFE, ese informe le atribuye una participación «preeminente» en la presunta trama de la SEPI por la contratación de Leire Díez en Correos y sostiene que colaboró «estrechamente» con Díez para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Según Vozpópuli y Moncloa.com, el juez acordó además el acceso, volcado y análisis en sede policial de su teléfono móvil: considera la medida justificada por el tipo de delincuencia investigada y relevante para determinar su «ámbito de responsabilidad». Según Vozpópuli, Pedraz le citaría a declarar como investigado el 28 de julio; según Libertad Digital, la fecha aún no estaba fijada. La imputación permite ejercer el derecho de defensa y no implica culpabilidad: rige la presunción de inocencia.

La UCO atribuye a Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos, una «participación preeminente» en la trama del caso Leire y el «enchufe» de Leire Díez en Correos, según El Español

Según El Español (9 de julio de 2026), un informe de la UCO remitido al juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) atribuye a Juan Manuel Serrano Quintana —presidente de Correos entre 2018 y 2023 y antes jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE— una «participación preeminente» en la presunta trama, incluida la «desestabilización» de causas judiciales. Según el diario, el informe sostiene que Serrano dio el visto bueno a la colocación en Correos de la investigada Leire Díez, que el también investigado Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) le había planteado, y que se permitió modificar los requisitos del puesto en beneficio de Díez, que ocupó puestos de relevancia en Correos entre 2021 y 2024. Tras hablar con Serrano, Fernández escribió a Díez en mayo de 2021: «Me ha dicho 'Ok, vamos hablando'. No te preocupes, lo tuyo sale». En ese momento Serrano no tenía la condición de investigado. (Actualización 10-jul: Pedraz acordó su imputación; ver el ítem del 10 de julio.) Rige la presunción de inocencia.

“Lo tuyo sale”

Pedraz aplaza al 15 de julio la declaración de Cristina Narbona como testigo en el caso Leire por motivos personales

Según The Objective (09-07-2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aplazado al miércoles 15 de julio la declaración como testigo en el caso Leire de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, prevista para el viernes 10, por motivos personales. Según el mismo medio, Pedraz la citó como testigo a petición de la Fiscalía Anticorrupción porque aparece mencionada en un informe de la UCO de la Guardia Civil, en relación con una conversación por WhatsApp que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez el 24 de abril de 2024, poco después de que se abriera la causa contra Begoña Gómez. En ella, Díez le hablaba de «reconducir» los ataques al presidente. Narbona comparece como testigo, no como investigada; rige la presunción de inocencia.

Pedraz cita al empresario de hidrocarburos que sostuvo ante la Guardia Civil que la abogada de Koldo le ofreció, en nombre de Leire Díez, beneficios procesales a cambio de información comprometedora sobre la UCO y Repsol

Según EFE (vía Infobae, 9 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz (Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional) citó a declarar ese jueves, 9 de julio, a tres empresarios de hidrocarburos, testigos que ya acudieron a dependencias de la Guardia Civil el 28 de mayo y que están además investigados en casos de presunto fraude de IVA en ese sector. Antonio Rodríguez Estepa sostuvo ante la Guardia Civil que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz —investigada en el caso Leire—, le propuso, como intermediaria de Leire Díez, beneficios procesales con la condición de que aportara información comprometedora sobre Repsol, la UCO y el mando de esta unidad Antonio Balas, así como sobre altos cargos de Hacienda; según su relato, De la Hoz le dijo que la persona que podía efectuar ese ofrecimiento era Leire Díez, y él rechazó la oferta siguiendo el consejo de su abogado. Claudio Rivas —socio de Víctor de Aldama en el sector de los hidrocarburos e investigado junto a él— negó ante la Guardia Civil conocer a Leire Díez o que le hubieran ofrecido algún beneficio por cambiar alguna declaración judicial; sí reconoció contactos con el abogado Jacobo Teijelo, investigado en este procedimiento, que le habló de coordinar defensas, algo que finalmente no ocurrió. Son testimonios prestados ante la Guardia Civil en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

El expresidente del TEAC investigado por cohecho, destinado en el área de Hacienda que investiga sociedades vinculadas a Zapatero, según El Debate

José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), a quien El Debate describe como el 'tres' de la entonces vicepresidenta María Jesús Montero, está destinado como inspector en la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en la Comunidad Valenciana, el área que, según ese medio, rastrea el entramado societario vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero. Según publica El Debate (08-07-2026), no se le ha abierto expediente interno ni se le ha suspendido de forma cautelar. Marco Sanjuán dimitió del TEAC en junio de 2025. Según El Periódico (vía El Correo Gallego, 23-03-2026), en marzo de 2026 el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid admitió a trámite una querella por cohecho de la Fiscalía Anticorrupción, por la que está investigado. En una información anterior (12-05-2026), El Debate publicó que, según la UDEF, su entorno societario cobró más de 1,2 millones de euros de unos empresarios a los que el TEAC que él presidía anuló el 19 de mayo de 2023 una derivación de responsabilidad de 16.099.696 euros. Su causa no forma parte de los documentos judiciales de este grafo; es información de prensa sobre una instrucción en curso, no hechos probados, y rige la presunción de inocencia.

Aldama acude a declarar en una pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del PSOE, según Vozpópuli

Según Vozpópuli (08-07-2026), Víctor de Aldama acudió ese día a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Ismael Moreno en una pieza secreta relacionada con la presunta financiación irregular del PSOE. El medio indicaba que se desconocía el contenido de su declaración y apuntaba, como hipótesis, que la citación estaba relacionada con un sobre de PDVSA entregado al instructor. Según esa información, Aldama había atribuido a Delcy Rodríguez la entrega del sobre y había afirmado que contenía información sobre una supuesta financiación irregular del PSOE. Estas afirmaciones son la versión atribuida al declarante, no hechos probados. Rige la presunción de inocencia.

Según Libertad Digital (08-07-2026), Joaquín Parra declaró ante Pedraz que Leire Díez era «el tonto útil» del Gobierno

Según Libertad Digital (08-07-2026), Joaquín Parra, empresario y expresidente del CD Badajoz, declaró ese día como testigo ante Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. El diario recoge que Parra describió a Leire Díez como «el tonto útil» del Gobierno. Según fuentes jurídicas citadas por el medio, Parra manifestó que Díez se reunía en nombre de Pedro Sánchez y decía tener acceso a fiscales. La información también le atribuye haber declarado que se pretendía que sustituyera a su abogado José Antonio Choclán por Jacobo Teijelo. Respecto de una gestión para que lo recibiera el alcalde de Dos Hermanas por unos terrenos, el diario relata que, según Parra, Díez le indicó que dijera en esa reunión que iba de parte de Santos Cerdán. Son manifestaciones atribuidas a un testigo por una información periodística, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“el tonto útil”

El exjefe de seguridad de Correos declara ante Pedraz que oyó a Leire Díez decir que tenía mucho trabajo «entre lo de Badajoz y lo de la esposa»

Según El Español (8 de julio de 2026), Francisco Ortega, exjefe de seguridad de la empresa pública Correos, que estuvo presente en una de las dos reuniones que la investigada Leire Díez mantuvo en marzo de 2025 con el comandante Rubén Villalba, declaró el martes 7 de julio como testigo ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025). Según el diario, Ortega testificó que en esa reunión Díez preguntó a Villalba si conocía «comportamientos indecorosos, deshonrosos e ilícitos» de miembros de la Guardia Civil y que fue entonces cuando Díez aludió a tener «mucho trabajo, entre lo de Badajoz y lo de la esposa», expresión que el diario interpreta como una referencia a los procedimientos judiciales sobre David Sánchez y Begoña Gómez; preguntado por la Fiscalía, el testigo dijo entender que se trataría de «recopilación de información». Ortega declaró que conoció a Díez cuando ella trabajaba en Correos, que fue Koldo García quien le remitió su contacto por unos «problemas» de seguridad en la empresa postal y que recurrió a un intermediario para organizar el encuentro con Villalba. Unos minutos antes declaró el propio Villalba, que ratificó que Díez le ofreció interceder en su favor ante la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“mucho trabajo, entre lo de Badajoz y lo de la esposa”

Aagesen, ante la comisión SEPI del Senado: los informes de la SEPI «indicaban que se estaban cumpliendo los 13 criterios de elegibilidad» y «nunca recibí ninguna indicación»

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, compareció el 8 de julio de 2026 ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI, en calidad de exvocal del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), del que formó parte cuando era secretaria de Estado de Energía (Diario de Sesiones del Senado DS_C_15_754, p.1; Vozpópuli, 08-07-2026). Según el Diario de Sesiones, Aagesen afirmó que «los informes que nos llegaron de los departamentos de SEPI, también las auditorías internas, indicaban que se estaban cumpliendo los 13 criterios de elegibilidad» (p.9) y que «no tuve ningún informe desfavorable» (p.6). El senador del Grupo Popular Hernando García le preguntó si había recibido indicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa o de ministros sobre el sentido de su voto, y ella respondió: «Nunca recibí ninguna indicación» (pp.6-7). También sostuvo que «no hubo ninguna presión absolutamente de nadie a la hora de tomar las decisiones del consejo gestor» (p.39). Sobre el rescate de Tubos Reunidos (112,8 millones de euros), la senadora Gómez Enríquez le reprochó que «solo tres semanas después de su firme bloqueo, cambió radicalmente el sentido de su voto». Aagesen respondió: «usted está relatando algo que le estoy diciendo que no ocurrió» (p.32), y añadió que no pudo estar en esa sesión del Consejo Gestor y que en ella delegó en el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica (p.3). Preguntada por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, respondió: «No conozco a este señor ni creo nada, puesto que no tenía conocimiento de su existencia» (p.23). Según Vozpópuli (08-07-2026), el juez Santiago Pedraz investiga en el denominado caso Leire a una veintena de antiguos responsables de la SEPI, entre ellos Vicente Fernández, y entre los expedientes que aparecen en esa investigación figura el rescate de Tubos Reunidos. Se trata de una comparecencia parlamentaria; rige la presunción de inocencia respecto de todos los investigados.

“Su criterio se cumplía”

El comandante Villalba ratifica ante el juez Pedraz que Leire Díez le ofreció un cargo como 'mano derecha' de la directora de la Guardia Civil a cambio de información para 'acabar con la UCO', según El Independiente

Según El Independiente (7 de julio de 2026), que cita fuentes jurídicas, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero, investigado en el caso Koldo, declaró ese día como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, en la causa conocida como 'caso Leire'. Según el diario, ratificó sus contactos con la investigada Leire Díez y relató que esta le propuso un cargo con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y le ofreció ayuda para «recuperar su honor» y favorecer su rehabilitación profesional, a cambio de información para «acabar con la UCO». Siempre según El Independiente, Villalba documentó esos encuentros en 62 anotaciones manuscritas incorporadas a la causa y ya había asegurado que rechazó colaborar. Es el testimonio de un testigo en una instrucción en curso, no un hecho probado. Rige la presunción de inocencia.

“los de arriba del Gobierno”

Las acusaciones piden al juez Peinado que Begoña Gómez declare como testigo en la pieza separada sobre un contrato de Red.es a una UTE de Barrabés y KPMG

Según The Objective (6 de julio de 2026), que cita el escrito al que tuvo acceso EFE, la acusación popular liderada por Hazte Oír ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que cite como testigo a Begoña Gómez en la pieza separada abierta el 19 de junio. En esa pieza se investiga, por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea, una adjudicación de la entidad pública Red.es relacionada con el empresario Juan Carlos Barrabés. Según Infobae (19 de junio de 2026), el juez aclaró en una providencia posterior que esa pieza afecta únicamente a Barrabés y no a Gómez ni a su asesora Cristina Álvarez. Según COPE (19 de junio de 2026), el contrato, con un presupuesto base de 4.053.500 euros, recayó en una UTE formada por Innova Next —empresa de Barrabés— y la consultora KPMG, y estaría financiado con fondos FEDER, aunque la Abogacía del Estado discutió este extremo. Según The Objective, Red.es niega la existencia de prevaricación o fraude y sostiene que el contrato no fue financiado con fondos de la UE. Las acusaciones señalan que de Gómez «no consta carta de apoyo o recomendación suscrita» en ese expediente, pero sostienen que «no puede excluirse a priori, su participación directa». Piden además que se cite como investigados a más de una veintena de personas, principalmente técnicos y responsables que participaron en la evaluación y tramitación del expediente, así como al propio Barrabés. Eran peticiones de parte: según Europa Press (vía The Objective, 4 de agosto de 2026), Peinado acordó después en un auto «remitir el conocimiento de los hechos a la Fiscalía Europea» y el archivo de las actuaciones «sin más trámite». Rige la presunción de inocencia.

El juez sustituto de Peinado deniega a Begoña Gómez asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara y le permite viajar a Londres para la graduación de su hija

Según El Independiente (6 de julio de 2026), el juez Antonio Viejo, sustituto del titular Juan Carlos Peinado —de vacaciones—, resolvió el 6 de julio la petición de permiso temporal de pasaporte de Begoña Gómez: deniega su asistencia a la cumbre de la OTAN en Ankara los días 7-8 de julio, al considerar que la invitación era por «razones de cortesía institucional» sin que Gómez tenga «una intervención activa», y que Turquía «no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea», que facilita la cooperación policial y judicial. En cambio, el magistrado autoriza el viaje a Londres entre el 8 y el 10 de julio para la graduación de su hija, citando «la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit»; el pasaporte deberá depositarse en el juzgado el 13 de julio. Según el mismo medio, la Moncloa y Ferraz calificaron el doble criterio de «incomprensible». Rige la presunción de inocencia.

Delcy Rodríguez inicia los trámites para querellarse contra Aldama por atribuirle «el sobre» de PDVSA, según Euronews

Según Euronews (06-07-2026), la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició los trámites para querellarse por injurias contra Víctor de Aldama, que la había señalado como la persona que le entregó un sobre con membrete de PDVSA supuestamente vinculado a una financiación irregular del PSOE. Según ese medio, su defensa, a cargo de Ilocad, el despacho del exjuez Baltasar Garzón, presentó en los juzgados de Madrid una solicitud de conciliación previa a la querella. En ella sostiene que son falsas las afirmaciones que Aldama hizo en dos entrevistas televisivas los días 4 y 5 de febrero. El acto de conciliación estaba fijado para el 16 de julio. Según Euronews, el entorno de Aldama calificó la maniobra de «temeraria». Es un litigio de parte en fase previa a la querella y las afirmaciones de Aldama son su versión, no hechos probados. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz inadmite el incidente de nulidad de Leire Díez contra su detención y las actuaciones derivadas de la incautación de sus dispositivos

Según The Objective (6 de julio de 2026), que se basa en un auto al que tuvo acceso EFE, el juez Santiago Pedraz (Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional) inadmitió a trámite el incidente de nulidad con el que la defensa de Leire Díez pretendía anular la causa, al sostener que su detención del 10 de diciembre de 2025 fue desproporcionada e ilegítima, así como la información obtenida de los objetos y dispositivos que se le incautaron y las actuaciones derivadas de esa incautación. El magistrado consideró el incidente extemporáneo y contrario a la buena fe procesal y a la prohibición de usar ese instrumento para revisar cuestiones ya resueltas; subrayó que la cuestión no se suscitó cuando se produjo la detención ni se impugnó por los mecanismos previstos, singularmente el habeas corpus, ni mediante recurso o alegación en el momento procesal oportuno, y que la nulidad se reclamó más de seis meses después del arresto. La Fiscalía Anticorrupción, cuyo criterio siguió el juez, recordó que el plazo para pedir la nulidad es de 20 días desde la notificación de la resolución o desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión. Según la información publicada, contra la decisión no cabe recurso. Rige la presunción de inocencia.

Según Vozpópuli, el juez Pedraz ordenó a la UCO informar solo a él y a Anticorrupción antes de los registros del 27 de mayo en la Dirección General de la Guardia Civil

Según Vozpópuli (04-07-2026), en los días previos a los registros practicados el 27 de mayo de 2026 en la sede del PSOE en Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil, el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) dirigió un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) en el que le ordenó informar de los avances de la investigación solo a él y a la Fiscalía Anticorrupción, y mantener «la debida y rigurosa cautela sobre la evolución y el resultado de las concretas investigaciones». Según el diario, el instructor quiso evitar así que la directora general, Mercedes González Fernández, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, conocieran de antemano la entrada de los agentes en la sede del cuerpo. Ambos fueron citados como investigados el 2 de julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Es una diligencia de instrucción en curso y ninguno de los hechos está probado. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz descartó inicialmente investigar a Leonardo Marcos; posteriormente declaró como investigado

Según The Objective (03-07-2026), una providencia del juez Santiago Pedraz descartó por entonces investigar al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos porque consideraba que su conducta por sí misma «no integra ningún tipo penal», sin excluir reconsiderar su situación según avanzasen las diligencias. El periódico relató una reunión del 12 de julio de 2024 en la que, según el sumario que decía haber consultado, Marcos reprochó a los agentes que sus informes sobre David Sánchez eran «totalmente prospectivos y malintencionados». Esa situación procesal cambió posteriormente: según EFE (vía Infobae, 10-09-2026), Marcos declaró ese día como investigado ante Pedraz y negó haber presionado a la UCO o haber calificado así el informe, aunque admitió haber pedido rapidez con el siguiente. Rige la presunción de inocencia.

Calama ordena limitar los anexos de los informes de la UDEF a los hechos investigados, según EFE

Según EFE (vía Libertad Digital, 03-07-2026), el juez José Luis Calama acordó en un auto de ese día que la UDEF evitase incluir en los anexos de sus informes información innecesaria o irrelevante y datos personales ajenos a los hechos investigados. La resolución responde a una petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero del 26 de junio, tras la difusión de agendas y conversaciones de WhatsApp incluidas en los anexos de un informe policial del 22 de junio. Según esa información, el juez compartió la preocupación por las filtraciones, recordó que se había abierto una investigación sobre su autoría y solicitó un informe técnico sobre medidas adicionales de protección documental. La noticia señala que el auto no resolvió la solicitud de la defensa de devolver el informe a la Policía y extraerlo de las actuaciones. Rige la presunción de inocencia.

Moreno cita como investigados a Jésica Rodríguez, al hermano de Koldo y a un exdirector de Adif por su presunta participación en la contratación irregular en empresas públicas

Según Infobae (03-07-2026), el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, citó como investigados para el 20 de julio a Jésica Rodríguez —expareja del exministro José Luis Ábalos—, a Joseba García —hermano de Koldo García— y a Ignacio Zaldívar —entonces director de Gestión Administrativa de Adif— por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias relacionados con la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec. El medio recoge que el Supremo había declarado probado que Rodríguez fue contratada por ambas empresas sin llegar a trabajar y que percibió 34.450 euros netos de Ineco y 9.500,54 euros de Tragsatec. Según la Fiscalía, citada por Infobae, Joseba habría facilitado datos para elaborar los partes de trabajo y contribuido a eludir los controles internos de Ineco; Zaldívar habría realizado gestiones para que Rodríguez fuera contratada por Tragsatec al finalizar su contrato en Ineco, sin entrevista previa. La noticia daba cuenta de una citación en una instrucción en curso, no de una condena de los citados; rige la presunción de inocencia.

La Agencia Tributaria comunica al juez Calama que realiza una investigación fiscal sobre Zapatero, su mujer, sus hijas y Julio Martínez Martínez

Según Libertad Digital (03-07-2026), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) informó al juez José Luis Calama, que instruye en la Audiencia Nacional la causa sobre el rescate de Plus Ultra, de que realiza una investigación fiscal, abierta en junio de 2026, sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa y sus dos hijas, y Julio Martínez Martínez. Según el escrito que recoge ese medio, la AEAT pidió al juez que le ordenara paralizar esos procedimientos inspectores por «prejudicialidad penal», porque la determinación de las obligaciones tributarias «podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados» en la vía penal, y para evitar «un riesgo de calificaciones contradictorias en vía penal y administrativa». El medio informa también de que la AEAT se ha personado en la causa a través de la Abogacía del Estado. Según The Objective (30-07-2026), el juez rechazó después frenar esas inspecciones al considerar que no existían motivos para suspender las actuaciones de la Agencia Tributaria; ese medio precisa que la esposa del expresidente no está imputada. La apertura de actuaciones tributarias no prejuzga la existencia de infracción fiscal ni condena alguna. Rige la presunción de inocencia.

Ábalos admite desde la cárcel por primera vez haberse reunido y discutido «acaloradamente» con Leire Díez

En una entrevista mediante cuestionario publicada por El País desde la prisión de Soto del Real —su primera intervención pública desde la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio que le condena a 24 años; recogida también por El Español, de cuya pieza proceden las citas entrecomilladas—, el exministro José Luis Ábalos reconoce por primera vez haber tenido encuentros y una discusión acalorada con la investigada Leire Díez, contradiciendo su versión anterior (en mayo de 2025 había declarado en televisión que no la veía desde febrero de 2024). Sin concretar el número ni el contenido de los encuentros, afirma: «El asunto ha acabado peor de lo que intuía». Reconoce además que mantener el acta de diputado tras su cese fue un error, porque la causa habría ido a la Audiencia Nacional —con más recursos procesales a su disposición—; y califica de «repugnante» la reducción de pena aplicada a Víctor de Aldama por su colaboración con la justicia. La declaración es a medios, no en sede judicial; rige la presunción de inocencia.

“El asunto ha acabado peor de lo que intuía”

Julio Martínez Martínez decide colaborar con la justicia en el caso Plus Ultra, según The Objective

Según The Objective (2 de julio de 2026), el empresario alicantino Julio Martínez Martínez —al que el juez Calama atribuye el papel de 'lugarteniente principal' de la presunta red del caso Plus Ultra (Audiencia Nacional, DP 77/2024)— «está decidido a colaborar con la Justicia», por consejo de su propia familia según ese medio, y a finales de mayo había cambiado de abogado: ahora le representa la abogada y exfiscal María Dolores Márquez de Prado. Según el mismo medio, quedaba por ver el alcance de esa colaboración. Estaba citado a declarar ante el juez Calama el 21 de julio. Rige la presunción de inocencia.

La Abogacía del Estado se persona en nombre de Hacienda en la pieza de las joyas de Zapatero

Según The Objective (02-07-2026), con información de fuentes del Ministerio de Justicia citadas por EFE, la Abogacía del Estado se personó ese día en representación de la Agencia Tributaria en la pieza separada del caso Plus Ultra en la que se investigan las joyas halladas en una caja fuerte de la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la calle Ferraz de Madrid, valoradas en 1,3 millones de euros. La personación responde al ofrecimiento de acciones que el juez José Luis Calama hizo en un auto a la Agencia Tributaria como «potencial perjudicada» por los hechos investigados, relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y de contrabando, y que a juicio del juez la legitima para «ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes». Rige la presunción de inocencia.

Pedraz requiere al PSOE que identifique quién firmó el contrato de asesoría jurídica de Teijelo

Según El Independiente (2 de julio de 2026), el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) ha pedido al PSOE en una providencia, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que informe de quién firmó el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo —defensor de Santos Cerdán e investigado en la causa—, qué cargo ocupaba entonces y en virtud de qué acuerdo actuó. Según un informe de la UCO citado por ese diario, Teijelo emitió tres facturas al partido: una de 75.000 euros (más IVA) el 20 de enero de 2025 y dos de 25.000 euros en febrero y marzo. Según El Español (25 de junio de 2026), el PSOE le pagó al menos 75.000 euros y no le abonó las otras dos. El auto de 26 de mayo de 2026 (p.15) señala que la nota de encargo fue rubricada por la gerente del PSOE Ana María Fuentes, también investigada. Rige la presunción de inocencia.

La Audiencia Nacional señaló el 24 de julio para resolver los recursos de Cerdán y Leire Díez sobre la competencia de Pedraz, según Libertad Digital (02-07-2026)

Según Libertad Digital (2 de julio de 2026), una diligencia de ordenación de la Audiencia Nacional formó el Rollo de Sala de Apelación contra Autos nº 459/2026, designó magistrada ponente a Ana María Rubio Encinas y señaló el 24 de julio de 2026 para resolver, previa deliberación y votación, los recursos de apelación de Santos Cerdán y Leire Díez contra la continuidad del juez Santiago Pedraz al frente de la investigación de las presuntas «cloacas» del PSOE. Ambos alegan que la causa ya estaba abierta en los juzgados de Plaza de Castilla, a cargo del magistrado Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid). La Fiscalía Anticorrupción informó en contra de los recursos y pidió mantener la resolución recurrida, que declaró la competencia del Juzgado Central de Instrucción. Posteriormente, según EFE (vía Infobae, 20 de agosto de 2026), Díez recurrió la providencia en la que Pedraz reunía toda la causa en un solo procedimiento y sostuvo que la resolución por la que Pedraz reclamó la causa al juzgado de Madrid seguía recurrida y que la Sala de lo Penal no se había pronunciado sobre ella. Rige la presunción de inocencia.

Peinado consulta a las partes sobre la solicitud de Begoña Gómez para viajar a Ankara y Londres

Según elDiario.es (01-07-2026), Begoña Gómez había solicitado autorización para viajar al extranjero entre el 7 y el 10 de julio, acompañar a la delegación española a la cumbre de la OTAN en Ankara y asistir después a la graduación de su hija en Londres. Había entregado su pasaporte en el juzgado el 24 de junio. Mediante una providencia del 30 de junio, cuya notificación a algunas defensas se produjo el 1 de julio, Peinado dio tres días a las partes para presentar alegaciones antes de resolver. La acusación popular dirigida por Hazte Oír se opuso a ambos desplazamientos alegando riesgo de fuga. Posteriormente, según El Independiente (06-07-2026), el juez sustituto denegó el viaje a Ankara y autorizó el de Londres. Rige la presunción de inocencia.

María Teresa Castillo dimite de Isdefe tras quedar investigada en el caso Leire, según The Objective

Según The Objective (1 de julio de 2026), María Teresa Castillo dejó la dirección de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Isdefe, empresa adscrita al Ministerio de Defensa, tras quedar incluida entre las 25 personas investigadas por Santiago Pedraz por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. El diario confirmó la dimisión con fuentes de la compañía y la presentó como la primera tras esa decisión judicial. Según la misma información, Castillo había sido directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa entre abril de 2020 y mayo de 2025. La providencia referida por el periódico preveía citar a los investigados a declarar en próximas fechas. Son diligencias de instrucción en curso; rige la presunción de inocencia.

El PP solicitó citar como investigados a Mercedes González, Manuel Llamas y Leonardo Marcos en el caso Leire

Según Europa Press (vía Libertad Digital, 01-07-2026), el PP presentó ante el juez Santiago Pedraz, en nombre de las acusaciones populares, un escrito solicitando esas citaciones. El partido encuadraba indiciariamente los hechos en presuntos delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, revelación de secretos por funcionario público y pertenencia o cooperación con organización criminal. El escrito sostenía que González y Leire Díez mantenían una relación personal reiterada, con al menos tres encuentros presenciales y contactos por mensajería; se trata de alegaciones de parte. Posteriormente, según The Objective (17-07-2026), González declaró como investigada. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz cita como testigos para el 15 de julio a los dos fiscales de García Ortiz que se reunieron con Leire Díez, según El Español (01-07-2026)

Según El Español (1 de julio de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos el día 15 de julio a Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, miembros de la Secretaría Técnica del exfiscal general Álvaro García Ortiz, sobre las dos reuniones que mantuvieron en marzo y abril de 2025, en la sede de la Fiscalía General, con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Según el diario, Díez y Teijelo están investigados por su presunta participación en una operación para desestabilizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE. La citación de los dos fiscales es en calidad de testigos. Rige la presunción de inocencia.

Marlaska admite ante el Senado que la directora de la Guardia Civil le informó de un encuentro con Leire Díez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció el 30 de junio de 2026 ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado (The Objective, 30-06-2026). Según el Diario de Sesiones del Senado (DS 745), explicó que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, le contó que en un encuentro Leire Díez le había planteado si era factible que se restableciera el estatus del comandante Villalba (p.84), y que en ese momento ella se levantó (p.111). Preguntado por la fecha de ese encuentro, respondió «No lo sé»; el senador Martínez-Maíllo la situó el 2 de abril de 2025 (p.109). Marlaska defendió a González («Por eso la creo firmemente», p.84). Según The Objective, negó que desde la cúpula del cuerpo hubiese presiones en los casos de la UCO y se dijo «convencido de que nadie dependiente del Ministerio del Interior ha actuado en una forma inadecuada». Rige la presunción de inocencia.

“No engañé a nadie”

Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y a otras 24 personas en el caso Leire Díez

Según elDiario.es (29-06-2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a otras 25 personas en el caso Leire, entre ellas María Belén Gualda González, presidenta de la SEPI. La Fiscalía investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación en operaciones relacionadas con Mercasa, Enusa, la sociedad pública Parque Empresarial del Principado de Asturias, Tubos Reunidos y el grupo Forestalia. En el caso de Gualda, según el mismo medio, la Fiscalía la relaciona con el rescate público de Tubos Reunidos en 2021, cifrado en 115 millones de euros, y sostiene que habría participado en reuniones a nivel político para agilizar su tramitación; fuentes jurídicas personadas en la causa replican que los atestados previos de la UCO no apuntaban a participación alguna de Gualda, que no figuraba entre los denunciados en el auto de diciembre de 2025, y fuentes del Ejecutivo aseguran que su integridad «no está cuestionada». Según el informe de la Fiscalía citado por elDiario.es, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández habría recibido 40.000 euros de la empresa vasca por sus gestiones, y la presunta trama no consiguió colocar a Leire Díez como jefa de gabinete de Gualda. Es una imputación en una instrucción en curso, no una acusación ni una condena; rige la presunción de inocencia.

Carmen Pano ratifica ante Pedraz su relato sobre las entregas en Ferraz y un presunto intento de soborno, según Europa Press

Según Europa Press (vía The Objective, 29 de junio de 2026), Carmen Pano y su chófer, Álvaro Gallego, declararon como testigos ante Santiago Pedraz en el caso Leire Díez. Según fuentes jurídicas citadas por la agencia, Pano ratificó que la abogada Leticia de la Hoz les habría ofrecido dinero para negar las entregas de 90.000 euros en efectivo que ella sostiene haber realizado en Ferraz. Pano cifró la oferta conjunta en unos 250.000 euros y mencionó peticiones de 25.000 euros para la boda de su hija, entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa y 15.000 euros para un coche de Gallego. Según esas fuentes, Gallego señaló que llegaron a contemplar aceptar la oferta, aunque terminaron rechazándola; ambos ratificaron lo que declararon ante los agentes de la UCO. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, se acoge a su derecho a no declarar en la comisión SEPI del Senado: «Mi silencio no debe interpretarse como un desaire»

María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero e investigada en el caso Plus Ultra —según Infobae (29-06-2026), por presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la causa que instruye el juez José Luis Calama—, compareció el 29 de junio de 2026 ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI. Tras recordar su condición de investigada, anunció que, siguiendo asesoramiento jurídico, se mantendría en silencio. Según el Diario de Sesiones del Senado (sesión de 29 de junio de 2026, p.2), declaró: «Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita». Rige la presunción de inocencia.

“Mi silencio no debe interpretarse como un desaire, sino como coherente con mi situación procesal”

La defensa de Begoña Gómez recurre ante la Audiencia Provincial y pide a Peinado paralizar la causa, la declaración del codirector de la cátedra y la ratificación de tres periciales

Según El Debate (27 de junio de 2026), que cita fuentes jurídicas de Europa Press, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que rechazó la práctica de varias pruebas solicitadas antes de decidir la apertura del juicio oral, y ha reiterado su petición de que la causa quede paralizada hasta que la Audiencia resuelva los recursos pendientes «para evitar situaciones de indefensión y garantizar un proceso con todas las garantías». La defensa ha solicitado además la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra extraordinaria junto a Gómez, que según la defensa nunca ha sido llamado a declarar, y la ratificación de los tres informes periciales que presenta sobre el presunto daño económico a la Universidad Complutense de Madrid, el personal de apoyo de Gómez y la interpretación de la cátedra. Camacho había recurrido también ante la Audiencia las medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y firmas quincenales. La Audiencia Provincial tiene previsto analizar el 13 de julio varios recursos de la causa, entre ellos los relativos a la decisión de Peinado de dirigir la causa hacia un jurado popular. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa. Rige la presunción de inocencia.

Calama ofrece a la AEAT personarse como 'potencial perjudicada' en la pieza de las joyas de Zapatero

Según EFE (vía Infobae, 26 de junio de 2026), el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ofreció en un auto a la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, personarse como «potencial perjudicada» en la pieza separada en la que se investigan las joyas halladas en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid, valoradas en 1,3 millones de euros, por hechos relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y un delito de contrabando. Según EFE, el juez considera que la naturaleza de los hechos investigados «revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT», lo que la legitima, a su juicio, para «ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes». Las joyas se hallaron el 19 de mayo y su origen, según EFE, aún no estaba justificado. El ofrecimiento de acciones no supone por sí mismo que Hacienda se haya personado. Rige la presunción de inocencia.

Yuste y López Malo matizan ante Pedraz que el DAO no concretó ningún partido y desmienten que la directora de la Guardia Civil les hablara de Leire Díez

Según elDiario.es (26 de junio de 2026), Rafael Yuste, jefe de la UCO en el momento de los hechos, y Alfonso López Malo, responsable de la especialidad de Policía Judicial, introdujeron como testigos ante el juez Santiago Pedraz dos precisiones sobre su relato de presiones. Preguntados por la fiscal, aclararon que cuando el director adjunto operativo Manuel Llamas les pidió en julio de 2024 que no fueran proactivos en investigaciones a políticos no precisó ningún político ni partido. También declararon que Mercedes González no mencionó a Leire Díez ni encuentros con ella durante la reunión del 29 de mayo de 2025, contradiciendo lo que la directora de la Guardia Civil había manifestado en el Senado. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

Yuste y López Malo ratifican ante Pedraz su relato sobre indicaciones para «ponerse de perfil», según El Independiente

Según El Independiente (26 de junio de 2026), Rafael Yuste y Alfonso López Malo declararon como testigos ante el juez Santiago Pedraz en el caso Leire Díez y ratificaron sus declaraciones de mayo sobre presiones a la UCO. El diario recoge las indicaciones que Yuste había atribuido al director adjunto operativo, Manuel Llamas, para «ponerse de perfil» y dejar la iniciativa a la autoridad judicial en la investigación sobre David Sánchez. También informó de que Pedraz había llamado a testificar a Antonio Cortés y al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Son testimonios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

La defensa de Zapatero pide al juez Calama la nulidad del caso Plus Ultra por vulneración de derechos fundamentales

Según The Objective (25-06-2026), el abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, presentó ese día ante el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional) un incidente de nulidad de actuaciones de 21 páginas en el que sostiene que el procedimiento ha lesionado su derecho «a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia». La defensa pide que se excluyan las evidencias obtenidas en «todas las entradas y registros» acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid como por la Audiencia Nacional, y apunta a «maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente». Son alegaciones de la defensa. Según EFE (vía Infobae, 04-09-2026), el juez, que en principio había inadmitido el escrito por haber sido presentado fuera de plazo y después rectificó para estudiar algunas de sus alegaciones, rechazó finalmente el incidente en un auto que no admite recurso, al entender que no se vulneraron los derechos del expresidente. Rige la presunción de inocencia.

Teijelo confirma ante Pedraz visitas a la Fiscalía con Leire Díez y declara que el PSOE le contrató para análisis judicial

Según El Español (25 de junio de 2026), el abogado Jacobo Teijelo, interrogado como investigado por el juez Santiago Pedraz en el caso Leire, confirmó haber visitado la sede de la Fiscalía General junto a Leire Díez, aunque no quiso aclarar el motivo de esas visitas. También declaró que el PSOE le contrató para analizar resoluciones judiciales y la viabilidad de procedimientos que afectaban al partido. Según ese diario, el PSOE le pagó al menos 75.000 euros y no le abonó otras dos facturas por 50.000 euros por «incompatibilidad», una vez que pasó a ser defensor de Santos Cerdán. Son diligencias de instrucción en curso. Rige la presunción de inocencia.

“prospectiva sentimental de sus causas”

Jacobo Teijelo declara como investigado ante el juez Pedraz en el caso Leire

Según El Español (25 de junio de 2026), el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, declaró ese día como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire (DP 150/2025), y confirmó haber visitado la sede de la Fiscalía junto a Leire Díez, aunque no quiso aclarar el motivo de esas visitas. Según ese diario, confirmó también que el PSOE le contrató para analizar resoluciones judiciales y la viabilidad de procedimientos que afectaban al partido; el partido le pagó al menos 75.000 euros y no le abonó otras dos facturas que suman 50.000. El auto de 26 de mayo de 2026 considera penalmente relevante su actuación en relación con presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado (p.19) y señala que habría recibido al menos 125.000 euros del PSOE mediante una facturación que califica de «falaz» (p.15). Rige la presunción de inocencia.

Vozpópuli publica mensajes de Zapatero y su secretaria sobre la rueda de prensa de Leire Díez

Según Vozpópuli (24-06-2026), los anexos de un informe de la UDEF incorporan mensajes entre José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria Gertrudis Alcázar, extraídos del teléfono de esta durante la investigación del caso Plus Ultra. Tras la rueda de prensa de Leire Díez del 4 de junio de 2025, en la que irrumpió Víctor de Aldama, Zapatero escribió «Me ha gustado Leire». Tres horas después, Alcázar respondió: «Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda. Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad y con el numerito del tipo se evita que se preste atención a la declaración de ella». El medio identifica a Aldama como el referente de «el otro»; el mensaje expresa la valoración de Alcázar sobre su intervención. Son comunicaciones recogidas en una investigación en curso y no acreditan por sí mismas una conducta delictiva. Rige la presunción de inocencia.

“Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad”

Vozpópuli informa de que la UDEF atribuye a Zapatero un cobro de 200.000 euros por una presunta mediación en Bolivia

Según Vozpópuli (24-06-2026), un informe de la UDEF atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero una contraprestación de 200.000 euros por presuntas gestiones ante autoridades bolivianas para evitar que una empresa del Grupo Gloria fuera sancionada con 107 millones de dólares. Según las conclusiones policiales reproducidas por el medio, el pago se habría justificado mediante un «contrato simulado» con la sociedad peruana Focus Social Research. La noticia sitúa las presuntas reuniones, entre ellas una con el entonces presidente Luis Arce, durante un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024. Son indicios atribuidos a un informe policial por una fuente periodística, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“una dinámica de intermediación e influencias, orientada a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros”

La UCO señala a un exdirector de la SEPI como presunto 'topo' en el caso Leire, según El Independiente

Según El Independiente (24-06-2026), un informe de la UCO al que ha tenido acceso ese diario atribuye a Miguel Ángel Figueroa, entonces director de Participadas III de la SEPI, un presunto delito de revelación de secretos: habría hecho llegar «al menos nueve archivos informáticos» del expediente del rescate de 112,8 millones de euros a la compañía alavesa Tubos Reunidos a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Según ese diario, la UCO sitúa a Fernández, junto a Leire Díez y el empresario Antxón Alonso, en la presunta trama denominada 'Hirurok', investigada por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil comunicó a Figueroa el 4 de junio su condición de investigado. El diario cita una anotación en una libreta intervenida a Leire Díez, fechada el 3 de abril de 2021 y junto a las siglas «MAF»: «Va a ser nuestros ojos en la SEPI», y en la misma página: «los directores de participadas tienen acceso a todo de todos». La SEPI aprobó el rescate el 13 de julio de 2021. Son indicios de un informe policial en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“Va a ser nuestros ojos en la SEPI”

Begoña Gómez estaba citada para entregar su pasaporte y había recurrido las medidas cautelares ante la Audiencia Provincial

Según EFE (vía Infobae, 24 de junio de 2026), Begoña Gómez estaba citada ese miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en el juzgado que dirige el juez Juan Carlos Peinado para entregar su pasaporte. La retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado eran las medidas cautelares que el juez acordó en el auto del 20 de junio por el que la enviaba a juicio con jurado popular. Según la agencia, las defensas de Gómez y de su asesora Cristina Álvarez habían recurrido esas medidas el martes ante la Audiencia Provincial de Madrid, y Álvarez ya había entregado su pasaporte el día anterior. Según la misma fuente, las medidas se adoptaron a petición de las acusaciones populares que dirige Hazte Oír y el juez adujo para justificarlas un riesgo de fuga. Según Infobae (16 de julio de 2026), la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid revocó después las medidas cautelares y le devolvió el pasaporte. Rige la presunción de inocencia.

Koldo García presenta un incidente de nulidad ante el Supremo y pide suspender su condena

Según The Objective (24 de junio de 2026), Koldo García fue condenado a 19 años y ocho meses de cárcel en la sentencia del Tribunal Supremo del caso mascarillas. Ese día presentó ante el alto tribunal un incidente de nulidad, paso previo a acudir al Tribunal Constitucional. En él alega la vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia. También alega una duplicidad entre el juicio de las mascarillas y las causas que todavía se investigan en la Audiencia Nacional. Sostiene además que no ha podido ejercer plenamente el derecho de defensa al no poder acceder a los dispositivos incautados. Pide también que se suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria mientras el Supremo estudia el incidente. Según Europa Press (vía Infobae, 1 de septiembre de 2026), los abogados de José Luis Ábalos plantearon también un incidente de nulidad. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido desestimar los dos por limitarse a «reproducir pretensiones ya examinadas y decididas en la sentencia firme cuya nulidad se solicita».

Dos exjefes de la UCO admitieron ante agentes de la unidad presiones de la cúpula de la Guardia Civil para «ponerse de perfil», según The Objective

Según The Objective (23 de junio de 2026), un informe de la UCO recoge que los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, exjefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, revelaron ante agentes de la propia unidad que habrían recibido presiones por orden del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, para «ponerse de perfil» en investigaciones que afectaban al Gobierno, entre ellas la relativa a David Sánchez. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press y recogidas por el mismo medio, el secretario del DAO declaró ante el juez Santiago Pedraz que ambos mandos habían negado en un primer momento esas presiones y las admitieron después, al ser interrogados por agentes de la UCO. Yuste y López Malo estaban citados a declarar en la causa el viernes 26 de junio. Son indicios en una instrucción en curso, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

La UCO investiga contactos con el PNV relacionados con el rescate de Tubos Reunidos, según The Objective

Según The Objective (23 de junio de 2026), un informe de la UCO incorporado a la investigación de Santiago Pedraz sostiene que Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso utilizaron sus contactos políticos para impulsar gestiones a favor de Tubos Reunidos, que recibió un rescate de 112,8 millones de euros de la SEPI en 2021. El periódico recoge mensajes del chat Hirurok sobre contactos con el PNV durante la tramitación de la ayuda y señala que las gestiones posteriores también se dirigieron a modificar las condiciones de devolución. Asimismo, sitúa el 28 de enero de 2025 un encuentro con Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea en el que participó el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras. Son hipótesis de un informe policial descrito por el medio, no hechos probados; rige la presunción de inocencia.

“la trama Leire concertó una reunión entre el CEO de la empresa Tubos Reunidos y Andoni Ortuzar, celebrada en enero de 2025”

La defensa de Zapatero pide acreditar la autorización judicial para analizar chats del caso Plus Ultra y plantea su posible nulidad

Según EFE, citada por El Español (23-06-2026), el abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, presentó un escrito ante el juez José Luis Calama para que se identificara la resolución judicial que autorizó el análisis de conversaciones incautadas en un dispositivo del abogado Miguel Palomero. La defensa sostuvo que, si no existía esa autorización, las conversaciones debían excluirse del procedimiento y planteó promover un incidente de nulidad. Se trata de argumentos de la defensa. Rige la presunción de inocencia.

El CGPJ remite al promotor de acción disciplinaria un auto de Peinado con el voto de calidad de Perelló

Según Libertad Digital (22 de junio de 2026), el Consejo General del Poder Judicial acordó remitir al promotor de acción disciplinaria un auto del juez Juan Carlos Peinado que planteaba que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse, para que estudiase si el magistrado había cometido alguna falta. La votación terminó con un empate a cuatro, resuelto por el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló. Los cuatro vocales contrarios a la remisión emitieron un voto particular en el que sostuvieron que la decisión judicial debía revisarse mediante los recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid. Rige la presunción de inocencia.

El 'hombre de Zapatero en Venezuela' se niega a contestar en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI

Según EFE (vía Infobae, 22-06-2026), Manuel Aarón Fajardo García, residente en Caracas, a quien el auto del juez José Luis Calama describe como «el hombre de Zapatero en Venezuela» y considera el «enlace» entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela, compareció el 22 de junio ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI. En una declaración inicial negó haber realizado «acciones sobre ayudas públicas» o haber obtenido beneficio de ellas, sostuvo que el papel que se le atribuye «parece más bien una película de Netflix» y rehusó contestar a las preguntas de los senadores, alegando que no conocía de antemano los hechos sobre los que se le iba a preguntar. La información no precisa su situación procesal; rige la presunción de inocencia.

“El relato es digno de Netflix”

La defensa de Begoña Gómez presenta una queja ante el CGPJ por conocer las resoluciones a través de la prensa antes de recibir su notificación

Según EFE (vía The Objective, 21-06-2026), el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, remitió ese domingo una queja al Consejo General del Poder Judicial en la que sostuvo que había conocido por los medios de comunicación la apertura de juicio y las medidas cautelares acordadas el 20 de junio, incluidas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, sin haber recibido todavía su notificación formal. El letrado alegó una vulneración del derecho de defensa y pidió que la Inspección de Tribunales verificara las circunstancias y los motivos de la falta de notificación, y que se adoptaran las medidas oportunas si se acreditaba un funcionamiento irregular. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz tenía previsto iniciar el 23 de junio una ronda de unas veinte declaraciones en el caso Leire

Según EFE (vía Infobae, 21 de junio de 2026), el juez Santiago Pedraz había señalado aproximadamente veinte declaraciones —la mayoría de testigos— en el caso Leire. Un general de la Guardia Civil y el comandante Juan Manuel Barco Mostazo estaban citados como testigos para abrir la ronda el martes 23 de junio. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, estaba entonces citada para el 10 de julio, y el abogado Jacobo Teijelo, investigado en la causa, para el 25 de junio. La información era una previa de las comparecencias. Posteriormente, según The Objective (9 de julio de 2026), la declaración de Narbona se aplazó al 15 de julio. Rige la presunción de inocencia.

Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España

El juez Juan Carlos Peinado dictó el sábado 20 de junio de 2026 un auto de 84 páginas (en corpus) por el que acordó la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez y su asesora en Moncloa Cristina Álvarez —por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida— y contra el empresario Juan Carlos Barrabés —por tráfico de influencias y corrupción en los negocios— (auto de 20 de junio de 2026, p.83). El magistrado impuso a Gómez y a Álvarez, y solo a ellas, la retirada de cuantos pasaportes dispongan, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente «durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme» (auto de 20 de junio de 2026, p.83; Infobae, 20 de junio de 2026). La Fiscalía había reiterado su petición de sobreseimiento (auto de 20 de junio de 2026, p.1). Según Infobae (16 de julio de 2026), el auto de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid de esa fecha limitó después el juicio con jurado a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y devolvió el pasaporte a Gómez. Rige la presunción de inocencia.

Leire Díez sondeaba abogados para desmarcarse del PSOE y barajaba colaborar con la justicia, según The Objective (20-06-2026)

Según fuentes citadas por The Objective (20-06-2026), la investigada Leire Díez estaba consultando a nuevos letrados con intención de distanciarse del PSOE ante la previsión de que el partido le atribuyera toda la responsabilidad en la causa instruida por el juez Santiago Pedraz. Las mismas fuentes señalaban que Díez barajaba una estrategia de colaboración con la justicia similar a la adoptada por Víctor de Aldama y que esperaba conocer el fallo del caso mascarillas para decidir. Rige la presunción de inocencia.

Peramato niega las purgas en la Fiscalía y se ofrece a dar más información sobre Leire Díez al juez Pedraz

Según Libertad Digital (19 de junio de 2026), la fiscal general Teresa Peramato compareció en la Comisión de Justicia del Senado, a petición del PP, y negó las acusaciones de purgas en el ministerio público. Sobre las reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General, afirmó que había facilitado a Pedraz la información disponible y que realizaría más indagaciones si el juez las solicitaba. Ante las críticas sobre sus nombramientos, respondió: «Niego la mayor, no ha habido ninguna purga». Rige la presunción de inocencia.

Según OKDIARIO, la sentencia del caso mascarillas se retrasa porque aún no hay unanimidad sobre la pena de Aldama

Según OKDIARIO (19-06-2026), los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo habían alcanzado un acuerdo unánime sobre las condenas de José Luis Ábalos y de Koldo García, pero mantenían discrepancias sobre la pena a imponer a Víctor de Aldama, lo que prolongaba las deliberaciones y retrasaba la sentencia; según fuentes jurídicas citadas por el diario, podría hacerse pública previsiblemente el lunes o martes siguientes. La Sala dictó la sentencia n.º 418/2026 el 22 de junio de 2026.

Calama amplía la causa: imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria Gertrudis Alcázar

Tras la declaración del expresidente, el juez José Luis Calama acuerda citar como investigadas a sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa —administradoras de la agencia Whathefav SL— y a su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar Jiménez, por su presunto papel en la red de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra. Según el auto citado por El Independiente, Whathefav aparece «vinculada indiciariamente al entramado investigado», con un «papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones» relevantes para la causa, y Alcázar habría desempeñado un papel relevante en la «gestión documental y en la elaboración de facturas». Rige la presunción de inocencia.

Zapatero no explicó el origen de las joyas en su declaración del 17 de junio, según El Debate

Según El Debate (18-06-2026), José Luis Rodríguez Zapatero evitó pronunciarse durante su declaración del 17 de junio ante el juez José Luis Calama sobre las joyas intervenidas en su despacho de Ferraz, valoradas preliminarmente en 1,3 millones de euros, y manifestó que estaba recopilando documentación sobre su origen y tributación. El periódico planteó que el magistrado podría solicitar información a Hacienda y Aduanas. Rige la presunción de inocencia.

Zapatero declara como investigado ante el juez Calama en el caso Plus Ultra

Según la crónica de agencias publicada por El Progreso (17-06-2026), José Luis Rodríguez Zapatero llegó a las 8:49 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el magistrado José Luis Calama en el caso Plus Ultra, causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental. El interrogatorio comenzó a las 9:12 y concluyó en torno a las 12:28, tras casi tres horas ante el magistrado, por lo que no continuó el 18 de junio, día para el que también había sido convocado. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, negó haber ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, y optó por no declarar sobre las joyas halladas en una caja fuerte de su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros, objeto de una pieza separada; pidió tiempo y dijo que hablaría en una semana o diez días. La crónica lo describe como «el primer expresidente del Gobierno que en democracia ha declarado como investigado». Rige la presunción de inocencia.

Según OKDIARIO, el Supremo ya tiene unanimidad en las condenas de Ábalos y Koldo y sigue deliberando la de Aldama

Según OKDIARIO (junio de 2026), los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo habían alcanzado unanimidad sobre las condenas a imponer a José Luis Ábalos y a Koldo García y seguían deliberando para cerrar la de Víctor de Aldama. La Sala dictó la sentencia n.º 418/2026 el 22 de junio de 2026.

Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre las joyas, según El Español

Según El Español (16-06-2026), el juez José Luis Calama rechazó la petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero de suspender su declaración como investigado en la pieza separada sobre las joyas intervenidas en su oficina, valoradas preliminarmente en unos 1,3 millones de euros. Según The Objective (12-06-2026), estaba citado para el 17 y 18 de junio, fechas señaladas también para su comparecencia en la causa principal de Plus Ultra. Rige la presunción de inocencia.

La directora de la Guardia Civil niega en el Senado haberse reunido con Leire Díez en la sede de la Dirección General, en contra del informe de la UCO

Mercedes González Fernández compareció el 16 de junio de 2026 en el Senado y negó haberse reunido con la investigada Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil: «No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez ni en la Dirección General de la Guardia Civil ni en mi despacho» (Diario de Sesiones del Senado 727, p.4). Situó el primer encuentro, posterior a su nombramiento del 18 de septiembre de 2024, en una cafetería cercana a la sede (p.5). Según El Independiente (16-06-2026), admitió dos encuentros con Díez fuera de la sede, mientras que la UCO documentó «al menos tres reuniones». En la fecha de la comparecencia no estaba investigada. El 2 de julio de 2026 el juez Santiago Pedraz la citó como investigada, según The Objective (02-07-2026). Rige la presunción de inocencia.

Según The Objective, los investigadores localizaron contactos por WhatsApp entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez posteriores a los avisos internos sobre la trama

Según The Objective (16 de junio de 2026), los investigadores localizaron contactos por WhatsApp entre Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil, y Leire Díez el 9 y el 11 de mayo de 2025. Antes, según el diario, González había sido alertada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil (29 de abril) y por la UCO (6 de mayo) sobre la presunta trama para desacreditar a los investigadores de la UCO. Según The Objective (16 de junio y 2 de julio de 2026), a las 9:16 del 11 de mayo de 2025 se registró en ese chat un mensaje automático «indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de González, se activó en la conversación el borrado automático». Rige la presunción de inocencia.

Pedraz rechaza los recursos de Cerdán y Leire Díez que pedían tumbar la causa de las cloacas

El juez Santiago Pedraz desestima los recursos de reforma de Santos Cerdán y Leire Díez —que alegaban nulidad de actuaciones e incompetencia de la Audiencia Nacional— y avala la competencia del tribunal para investigar la presunta estructura de interferencia en procedimientos judiciales. En el auto recoge además que Cerdán dio 'instrucciones verbales' en el PSOE para que se autorizara y pagara cualquier desplazamiento de Leire Díez. Rige la presunción de inocencia.

Zapatero pide aplazar su declaración sobre las joyas para reunir documentación

Según The Objective (15-06-2026), José Luis Rodríguez Zapatero solicitó al juez José Luis Calama aplazar el interrogatorio sobre las joyas intervenidas en su despacho, tasadas en 1,3 millones de euros, para reunir documentación sobre su procedencia. El medio informó de que el juez había abierto una pieza separada para investigar presuntos delitos fiscales y de contrabando. El expresidente estaba citado para los días 17 y 18 de junio y solicitaba que el interrogatorio se limitara a su presunto papel en el rescate de Plus Ultra. Rige la presunción de inocencia.

Begoña Gómez, citada a la audiencia preliminar previa al posible juicio con jurado

Según Europa Press (vía Infobae, 14 de junio de 2026), el juez Juan Carlos Peinado citó para el lunes 15 de junio a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar del procedimiento del Tribunal del Jurado, con «obligación de comparecer personalmente»; también estaban citadas la Fiscalía, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír y la Universidad Complutense de Madrid. La audiencia se celebró ese 15 de junio (auto de 20 de junio de 2026, p.1). Según la misma fuente, las acusaciones populares piden hasta 24 años de prisión para Gómez y Hazte Oír 22 años para Álvarez y seis para Barrabés por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida; la Fiscalía pidió el archivo y anunció que reclamaría la absolución de los tres. Rige la presunción de inocencia.

Calama abre una pieza separada sobre las joyas de Zapatero por posibles delitos fiscal y de contrabando, según The Objective

Según The Objective (12-06-2026), el juez José Luis Calama abrió una pieza separada dentro del caso Plus Ultra para investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. Las joyas fueron intervenidas el 19 de mayo en su oficina de la calle Ferraz y su tasación preliminar ascendía a 1.323.915 euros. Según el medio, el instructor consideró que la falta de documentación sobre su adquisición o importación justificaba investigar su posible relevancia penal; el valor superaba el umbral de 150.000 euros mencionado en la resolución para el contrabando, pero quedaba pendiente esclarecer el origen de los bienes. Zapatero estaba citado para declarar como investigado el 17 y 18 de junio y podía aportar justificantes de una adquisición lícita o una importación regularizada. Rige la presunción de inocencia.

Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán en el caso Leire

Según El Independiente (25 de junio de 2026), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire (DP 150/2025), acordó el 12 de junio tomar declaración como investigado a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, y lo citó para el 25 de junio. El auto de 26 de mayo de 2026 considera penalmente relevante su actuación en relación con presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado (p.19) y señala que habría recibido al menos 125.000 euros del PSOE mediante una facturación que califica de «falaz» (p.15), aunque precisa que su integración en la organización investigada «queda a expensas» del resultado de futuras diligencias (p.14). Rige la presunción de inocencia.

La Fiscalía se opuso a la nulidad solicitada por Leire Díez, según Libertad Digital (12-06-2026)

Según Libertad Digital (12-06-2026), que reproduce un informe fiscal recogido en un auto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la petición de nulidad presentada por la defensa de Leire Díez y respaldó el requerimiento de Santiago Pedraz para que el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid se inhibiera a su favor. El informe fiscal calificaba la presunta estructura investigada como una «organización criminal permanente y estructurada». Se trata de la posición del Ministerio Fiscal durante la instrucción; rige la presunción de inocencia.

Vox anuncia una querella contra el ex fiscal general García Ortiz por el caso Leire

Según The Objective (12 de junio de 2026), Vox anunció la presentación de una querella ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias. El anuncio se produjo después de que la Fiscalía General reconociera dos reuniones de Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Rige la presunción de inocencia.

El PP cita a Marlaska y a la fiscal general Peramato al Senado para explicar las reuniones con Leire Díez

Según EFE (vía Infobae, 12 de junio de 2026), el PP impulsa en el Senado las comparecencias del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska (30 de junio, comisión de investigación del caso Koldo) y de la fiscal general Teresa Peramato (19 de junio, Comisión de Justicia) para que expliquen qué conocen de las reuniones de la investigada Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil y en la Fiscalía General del Estado. Rige la presunción de inocencia.

La UCO examina al menos 52 facturas sospechosas abonadas por el PSOE, según The Objective

Según The Objective (11 de junio de 2026), la UCO examinaba al menos 52 facturas abonadas por el PSOE relacionadas con miembros de la presunta trama vinculada a José Luis Ábalos, que habían despertado sospechas tras un análisis preliminar de su contenido, formato y circunstancias de emisión. Según ese medio, en la pieza secreta sobre presunta financiación irregular instruida por el juez Ismael Moreno, los investigadores trataban de determinar si las facturas correspondían a servicios realmente prestados o si habían sido confeccionadas posteriormente para justificar pagos. Rige la presunción de inocencia.

Cerdán pidió a Sánchez la destitución de Marlaska por 'no controlar la UCO', según The Objective

Según The Objective (11 de junio de 2026), que cita fuentes gubernamentales, Santos Cerdán pidió a Pedro Sánchez la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por «no controlar la UCO»; según esas fuentes, la petición se produjo desde la imputación formal de José Luis Ábalos en noviembre de 2024 y se prolongó durante varios meses. Versión no confirmada oficialmente.

La defensa de Leire Díez pide anular actuaciones y cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional

Según EFE (vía Infobae, 11 de junio de 2026), la defensa de Leire Díez presentó en las últimas semanas varios escritos en los que impugna diligencias de la investigación del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional para tratar de anularla: denuncia una «injerencia desmesurada y desproporcionada» en sus comunicaciones, la incautación de agendas que no son suyas o que exceden el periodo en el que, según defiende, se centra la causa, y el uso de información personal que pidió expurgar. Se opone además a que Pedraz asuma la investigación del juzgado de Madrid que empezó a investigarla, al que considera competente, alegando que se vulneraría el principio 'non bis in idem', y pide anular el material probatorio obtenido tras la ampliación de la investigación, que considera «carente de autorización judicial específica». Son pretensiones de la defensa; rige la presunción de inocencia.

La Fiscalía General mantuvo dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez, según elDiario.es

Según elDiario.es (10 de junio de 2026), el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, mantuvo dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo, con quien se había concertado la cita, y con Leire Díez, que le acompañó. En la primera, Teijelo denunció supuestas irregularidades del fiscal Anticorrupción José Grinda. El juez Santiago Pedraz ha solicitado a la Fiscalía General un informe sobre esos encuentros. Rige la presunción de inocencia.

El juez del caso Koldo cita como investigado al guardia civil que señaló a Aldama

Según The Objective (10 de junio de 2026), el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional) ha citado a declarar como investigado el 8 de julio al subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos que, en el juicio del Supremo, declaró haber visto a Víctor de Aldama entrar y salir del ministerio sin que nadie le dijera nada. Se trata de una citación. Rige la presunción de inocencia.

“Yo he visto al señor Aldama entrando y saliendo sin nadie decirle nada.”

La Asociación de Fiscales exige explicaciones «completas, verificables y públicas» por las reuniones de la Fiscalía General con Leire Díez

Según El Debate (10 de junio de 2026), la Asociación de Fiscales —mayoritaria en la carrera fiscal— difundió un comunicado en el que califica de «insuficiente» la explicación de la Fiscalía General del Estado sobre las reuniones de Leire Díez con la «mano derecha» de Álvaro García Ortiz en la sede de la institución, traslada su «profunda indignación» y exige una «respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución», además de responsabilidades; advierte de que la falta de aclaraciones «compromete la credibilidad» de la fiscal general. Rige la presunción de inocencia.

El juicio a David Sánchez queda visto para sentencia en Badajoz

Según elDiario.es (9 de junio de 2026), este martes quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, tras ocho sesiones en las que declararon 11 acusados y más de 40 testigos. Las acusaciones populares (Manos Limpias, Abogados Cristianos, HazteOír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum) piden hasta seis años de prisión para David Sánchez; la Fiscalía y las defensas, la libre absolución. Rige la presunción de inocencia.

“La acusación es una leyenda.”

El PP-A pide a Montero que aclare si conoció o participó en la supuesta «trama para proteger a Sánchez»

Según Córdoba Buenas Noticias (08-06-2026), el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, pidió en una rueda de prensa en Sevilla a María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, que aclare si tuvo conocimiento o participó en la supuesta trama dentro del PSOE para proteger a Pedro Sánchez y a su familia de investigaciones judiciales, en relación con el denominado 'caso Leire Díez'. Repullo sostuvo que el Ministerio de Hacienda, que Montero dirigió antes de presentarse a la Presidencia de la Junta, «está en el centro de la trama» vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero y a Leire Díez, y mencionó también al exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías. Son declaraciones políticas de un partido rival: no consta que Montero esté investigada y rige la presunción de inocencia.

“está en el centro de la trama”

El Supremo mantiene a Koldo en prisión ante la 'inmediata' sentencia

La Sala de lo Penal rechaza por segunda vez excarcelar a Koldo García —en prisión preventiva desde el 27 de noviembre de 2025— por riesgo de fuga, y avanza que la sentencia definitiva del caso mascarillas es 'inmediata'. Rige la presunción de inocencia.

“Riesgo de fuga, derivado de la gravedad de los hechos, ante la cercanía de la inmediata sentencia definitiva.”

La UCO atribuye funciones de dirección a Cerdán y Leire Díez, según The Objective

Según The Objective (3 de junio de 2026), un informe de la UCO situaba a Santos Cerdán en un nivel superior y a Leire Díez en un nivel ejecutivo de una presunta estructura destinada a proteger intereses del PSOE y del Gobierno frente a causas judiciales. El periódico recogía que, según los investigadores, el partido había sufragado costes y facilitado personal y medios logísticos para la actividad investigada. También atribuía al juez Santiago Pedraz la detección de pagos del PSOE por 188.000 euros mediante presuntas facturas falsas. Son atribuciones recogidas por el periódico sobre una investigación en curso. Rige la presunción de inocencia.

“La UCO concluye que el fin de la trama era proteger los intereses en juego que afectaban, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente.”