Juan Manuel Serrano Quintana

resumen

Juan Manuel Serrano Quintana ('Juanma Serrano') fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Comisión Ejecutiva del PSOE entre 2014 y 2018 —The Objective (27-12-2023) lo describe como su «mano derecha en el PSOE» y amigo del presidente— y presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos desde 2018 hasta finales de diciembre de 2023, cuando fue relevado por Pedro Saura (The Objective; Vozpópuli). Su gestión dejó a Correos en lo que Vozpópuli califica de «su peor crisis», con «pérdidas récord»: The Objective (27-12-2023) y El Independiente (03-08-2024) cifran el 'agujero' en más de 1.000 millones de euros, y Vozpópuli, recogiendo la denuncia de CCOO y UGT de abril de 2024, lo eleva a 1.200 millones. Según las cuentas citadas por Vozpópuli, entre 2017 —último ejercicio antes de su llegada— y 2023 el pasivo de la empresa pública pasó de 562,7 a 1.411,7 millones (+151%) y el patrimonio neto cayó de 1.615,9 a 851,2 millones; en 2022 perdió 217 millones de euros, según The Objective (27-12-2023), que preveía unos 300 millones para 2023, y fracasaron apuestas de diversificación como Correos Cargo (carga aérea, que según El Independiente fracasó un año después de su inicio) o Correos Frío. En el caso Leire (Diligencias Previas 150/2025, Audiencia Nacional), el auto de entrada y registro de la sede del PSOE en Ferraz, de 26 de mayo de 2026, ya apreciaba «indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan» y su participación en la reunión del 26 de abril de 2024 en la Secretaría de Organización, pero concluía que «en este momento… no se les puede atribuir la condición de investigados» (auto de 26 de mayo de 2026, p.19; su nombre figura en la tabla de personas de la p.41). Un informe posterior de la UCO —fechado el 8 de julio de 2026 según Moncloa.com— le atribuye, según El Español (09-07-2026), una «participación preeminente» en las dos patas de la causa: las presuntas irregularidades en la contratación de empresas públicas —habría pactado con el también investigado Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) la colocación de Leire Díez en Correos, cuyos requisitos del puesto se habrían modificado para ajustarlos a su perfil («Me ha dicho 'Ok, vamos hablando'. No te preocupes, lo tuyo sale», escribió Fernández a Díez en mayo de 2021), un 'enchufe' al que, según Vozpópuli (10-07-2026), la UCO asocia comisiones de más de 200.000 euros a través de un despacho de abogados vinculado a Fernández— y las presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Según Vozpópuli y Libertad Digital (10-07-2026), ese día el juez Santiago Pedraz acordó su imputación a petición de la Fiscalía Anticorrupción y autorizó el acceso, volcado y análisis de su teléfono móvil; fuentes fiscales citadas por Libertad Digital situaban la imputación en un presunto delito de organización criminal, aunque «Pedraz no aclara el delito» y «podría tratarse de tráfico de influencias». Vozpópuli anticipó una citación como investigado para el 28 de julio que no llegó a producirse: según El Debate (29-07-2026), Pedraz decidió no citarle todavía a la espera del volcado de su teléfono, que la UCO practicó el 14 y 15 de julio y que, rechazado por la defensa por haberse hecho sin su presencia, se repitió en la Audiencia Nacional el 18 y 19 de agosto (EFE vía Infobae); su defensa ha pedido la nulidad de la incautación y de los clonados (Europa Press vía Infobae, 01-09-2026). Es una instrucción en curso, sin juicio ni condena; rige plenamente la presunción de inocencia.