Aviso legal y condiciones de uso

El responsable mantiene este sitio a título personal. Para cualquier comunicación, incluido el ejercicio de los derechos que se describen más abajo, el contacto es [email protected].

El Entramado es una herramienta de consulta que organiza y relaciona información procedente de documentos judiciales y policiales públicos y de medios de comunicación sobre los casos de corrupción que rodean al Gobierno en España. No es un medio de comunicación, ni un registro oficial, ni una resolución judicial: es un trabajo de sistematización de fuentes ya públicas, realizado en ejercicio de las libertades de expresión e información (art. 20 de la Constitución Española).

Las afirmaciones derivadas de documentos enlazan a su fuente y página de origen. Las que solo constan en prensa se muestran como tales, fechadas y atribuidas a su medio. Los datos de registros y bases de datos oficiales — estructura societaria del Registro Mercantil (BORME), subvenciones y ayudas de la BDNS, contratación pública de la PLACSP y de las plataformas oficiales autonómicas (contratos menores, licitaciones y plataformas agregadas; datos abiertos de la Junta de Andalucía, api.euskadi.eus y contratosdegalicia.gal) y nombramientos y ceses de la sección II.A del BOE — son información oficial pública, no un hecho ni un indicio del caso. La sección institucional contiene, además, análisis y opinión, y como tal debe leerse.

Muchas de las personas mencionadas están investigadas, imputadas, procesadas o acusadas en procedimientos en curso. Que alguien aparezca en estos casos no significa que sea culpable: rige plenamente la presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme. El sitio distingue, en lo posible, entre hechos probados, indicios, acusaciones y condenas, y respeta el estado procesal de cada persona. Una imputación o una acusación no son una condena.

El sitio trata datos personales (nombres, cargos y vínculos) que ya constan en fuentes públicas. La base que legitima este tratamiento es el interés público y el ejercicio de la libertad de información, conforme al artículo 85 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la normativa española de protección de datos, que prevén la conciliación de esos derechos con la protección de datos cuando el tratamiento se realiza con fines de expresión e información.

La navegación genera registros técnicos (dirección IP, agente de usuario, página de procedencia) que se usan exclusivamente para medir el tráfico, garantizar la seguridad del servicio y prevenir abusos. No se emplean para identificar a personas concretas ni se ceden a terceros con fines comerciales.

Si crees que un dato sobre ti es inexacto, está desactualizado (por ejemplo, un sobreseimiento o una absolución posteriores) o no debería figurar, puedes solicitar su rectificación o supresión escribiendo a [email protected], indicando el dato concreto y aportando la referencia que lo acredite. Las solicitudes fundadas se atienden con la mayor diligencia posible. También tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El compromiso no se limita a los datos propios: cualquier error señalado con su fuente se rectifica, lo señale o no la persona afectada, por el mismo canal.

La información se ofrece de buena fe y a partir de las fuentes citadas, pero puede contener errores o quedar desactualizada conforme avanzan los procedimientos. No se garantiza su exhaustividad ni su vigencia permanente, y su uso es responsabilidad de quien la consulta. Los enlaces a sitios externos (medios, documentos) no implican respaldo de sus contenidos.

Los documentos judiciales y policiales citados pertenecen a sus titulares y se enlazan a su fuente. La organización, los textos propios y el diseño de este sitio son obra de su titular. Puedes citar y enlazar libremente el proyecto indicando la fuente.

El sitio combina documentos judiciales y policiales públicos (la fuente principal, siempre citada por documento y página), prensa (fechada y atribuida a su medio), datos de contexto público (cargos, partidos, parentesco) y cinco capas de registros oficiales: estructura societaria del Registro Mercantil (BORME), subvenciones, ayudas y avales públicos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), contratos menores publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), contratación pública ampliada — licitaciones de PLACSP y de las plataformas agregadas, y contratos menores de las plataformas oficiales autonómicas (datos abiertos de la Junta de Andalucía, api.euskadi.eus y contratosdegalicia.gal) y nombramientos y ceses de la sección II.A del BOE, agregados por adjudicataria y órgano de contratación (o por cargo y organismo). Los datos mercantiles se obtienen a través de Nearius, que ha cedido el acceso a su corpus mercantil, y se muestran como estructura oficial pública (se cita el identificador BORME), nunca como hecho ni indicio del caso. El Registro Mercantil recoge a los administradores registrales, no necesariamente a la titularidad real: su presencia no imputa y su ausencia no exculpa.

Lo mismo rige para las demás capas administrativas: recibir una subvención o un aval, o contratar con la administración, es legal. Estos datos se muestran como capas separadas, con su procedencia marcada, y no constituyen hechos ni indicios de ningún caso: su interés es permitir el cruce con las entidades que ya aparecen en las fuentes judiciales.

Este aviso se rige por la legislación española. Para cualquier cuestión relativa al sitio, el contacto es [email protected].