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Caso Leire · la trama de las cloacas y la pieza SEPI

La causa que instruye el juez Pedraz sobre una presunta red de interferencia en causas judiciales sensibles para el PSOE y el Gobierno y sobre presuntos amaños en operaciones de empresas públicas.

Nota de procedencia. Este briefing se apoya en tres fuentes. La primera es el auto del juez Pedraz de 26 de mayo de 2026 (Diligencias Previas 150/2025), ya incorporado al corpus y citado como [documento, p.N]. La segunda son las transcripciones oficiales de la comisión de investigación de la SEPI en el Senado: testimonio parlamentario citable, pero sin valor penal. La tercera, para los hechos posteriores al auto, es la prensa, siempre atribuida a su medio. Rige la presunción de inocencia: nadie está condenado en esta causa, y las «imputaciones» otorgan la condición de investigado en una instrucción en curso; no son fallos de culpabilidad.

Síntesis

El caso Leire Díez —la trama de las "cloacas" del PSOE, en la prensa— lo instruye el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional (Libertad Digital, 8 jul 2026). Son las Diligencias Previas 150/2025, incoadas el 18 de diciembre de 2025 [autoentradaferraz, p.1]. Un auto de 26 de mayo de 2026 amplió el objeto de la investigación y sus responsables [autoentradaferraz, p.6]. Según ese auto, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez habrían canalizado pagos del partido a través de sociedades de otros investigados [p.6], falseando una nota de encargo "con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos" [p.11]. Según The Objective (3 jun 2026), el juez cifra en 188.000 € lo abonado por el PSOE con facturas falsas. La causa abarca presuntas maniobras para dinamitar causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno (Infobae, 26 jul 2026) y presuntas mordidas en contratos públicos, la llamada "rama SEPI" (Infobae, 31 jul 2026). Pedraz ha imputado, entre otros, a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas (The Objective, 1 jul 2026). También a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (Libertad Digital, 2 jul 2026), y al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano (Vozpópuli, 10 jul 2026). Al oponerse a la nulidad pedida por Díez, la Fiscalía calificó la estructura de "organización criminal permanente y estructurada". El juez hizo suyo ese escrito al rechazar los recursos de Cerdán y Díez (Libertad Digital, 12 y 15 jun 2026). Rige la presunción de inocencia.

Qué se investiga

  1. Las "cloacas": interferir en causas que afectan al PSOE — El auto de 26 de mayo de 2026 describe "la estructura, composición, financiación, logística y finalidad de la organización investigada" [autoentradaferraz, p.15]. Según el auto, los pagos del partido se habrían canalizado a través de sociedades de investigados [autoentradaferraz, p.6] "con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos" [autoentradaferraz, p.11]. Según The Objective (3 jun 2026), el juez sostiene que la trama recibió 188.000 € del PSOE. Es la hipótesis de la instrucción, no un hecho probado. El empresario Joaquín Parra declaró como testigo ante Pedraz que Díez era "el tonto útil" del Gobierno y que se reunía en nombre de Pedro Sánchez. Según fuentes jurídicas citadas por el medio, dijo haberse reunido en varias ocasiones con Díez y con el abogado Jacobo Teijelo (Libertad Digital, 8 jul 2026).

  2. Presiones a la UCO desde la cúpula de la Guardia Civil — Un exjefe de la UCO y el jefe de la Policía Judicial se ratificaron como testigos ante Pedraz en que se les pidió "ponerse de perfil" en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según El Independiente (26 jun 2026), el general Rafael Yuste, jefe de la UCO entre 2023 y 2025, había relatado ante agentes de esa unidad que recibió esas presiones del entonces director general, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Según The Objective (23 jun 2026), el secretario del DAO relató ante el juez que Yuste y López Malo no reconocieron esas supuestas presiones antes de admitirlas ante la UCO. El DAO negó ante el juez haber presionado a la UCO (Público, jul 2026). Según El Español (8 jul 2026), el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, reiteró al juez que Leire Díez le ofreció interceder en su favor ante la directora de la Guardia Civil. El exjefe de seguridad de Correos Francisco Ortega, que asistió a esas reuniones, declaró ante Pedraz que Díez le dijo dedicarse al "caso Begoña" y al "caso David Sánchez" (El Español, 8 jul 2026).

  3. La directora general de la Guardia Civil — El 2 de julio Pedraz imputó a la directora general, Mercedes González (Libertad Digital, 2 jul 2026). Lo hizo después de que la UCO apuntara en un informe que ella mantuvo tres reuniones con Díez (Infobae, 17 jul 2026). También está imputado el DAO, Manuel Llamas (Libertad Digital, 10 jul 2026). Según Libertad Digital (9 jun 2026), González admitió que se había reunido con Díez. En el Senado declaró que en un encuentro se le planteó si el comandante Villalba podía volver a su último destino, y que ella rechazó "de plano" esa solicitud [DS_C_15_727, p.5]. Pedraz descartó las medidas cautelares contra ella y contra el DAO que pedían las acusaciones populares (El Debate, 29 jul 2026). El 29 de julio imputó también al exdirector general Leonardo Marcos (Infobae, 29 jul 2026).

  4. La pieza SEPI: presuntas mordidas en contratos públicos — Según El Independiente (24 jun 2026), los investigadores sitúan en el grupo Hirurok —"nosotros tres", en euskera— la presunta trama que integran Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso "para obtener 'mordidas' por su intermediación en adjudicaciones públicas". Según El Español (22 jun 2026), la UCO sostiene que esa trama organizó en enero de 2025 una reunión entre el consejero delegado de Tubos Reunidos y el entonces presidente del PNV. El objetivo era evitar un pago a la SEPI tras la venta de un inmueble. La empresa había recibido 112 millones de euros públicos en 2021. Pedraz imputó a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, junto a otras 24 personas, tras hallar «indicios de criminalidad» (The Objective, 1 jul 2026). En el Senado compareció la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, como miembro del consejo gestor. Afirmó que "los informes finales eran los que avalaban que se estaban cumpliendo esos criterios" [DS_C_15_754, p.37]. Según ella, el orden de prelación "estaba determinado por la llegada de los expedientes a la ventanilla de SEPI y por la madurez de los mismos", algo que a su juicio avala el Tribunal de Cuentas "cuando dice claramente que no hubo trato discriminatorio" [DS_C_15_754, p.41]. Preguntada por lo devuelto del rescate de Tubos Reunidos, respondió: "Hasta donde yo sé, ha dado casi 12 millones de intereses; no ha devuelto la cantidad. Pero la verdad es que no tengo ahora la trazabilidad" [DS_C_15_754, p.38]. Es una comparecencia parlamentaria, sin efecto penal directo. El 10 de julio Pedraz imputó al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. Lo hizo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras el último informe de la UCO, y acordó el acceso, volcado y análisis de su teléfono móvil (Vozpópuli, 10 jul 2026). Según Infobae (con agencias, 31 jul 2026), los investigadores apuntan a que Serrano colaboró "estrechamente" con Díez para desestabilizar causas. Le atribuyen una participación "preeminente" en la trama de mordidas por la contratación de Díez en Correos, donde ella habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández. Su defensa rebate esa tesis y pidió que se declarase nulo el clonado de su móvil (Infobae, 31 jul y 18 ago 2026).

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