El régimen del 78 y su coste

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno de los jueces. Tiene 20 vocales más su presidente; la Constitución (art. 122.3) reserva 12 para jueces y magistrados y 8 para juristas de reconocido prestigio, estos últimos elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. Desde la reforma de la LOPJ de 1985, en la práctica las Cortes intervienen en la designación del conjunto de vocales.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 magistrados (art. 159 CE): 4 propuestos por el Congreso y 4 por el Senado —ambos por tres quintos—, 2 por el Gobierno y 2 por el propio CGPJ, con mandato de nueve años y renovación por tercios.

Sobre este modelo, el GRECO (Consejo de Europa) y la Comisión Europea han recomendado de forma reiterada que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, para reforzar la percepción de independencia frente a la influencia política. Es una recomendación de esos organismos, no una conclusión de este sitio.

El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE). El Ministerio Fiscal se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y, a la vez, de sujeción a la legalidad e imparcialidad.

La combinación de esos principios con un nombramiento de origen gubernamental alimenta un debate recurrente sobre la autonomía de la Fiscalía respecto del Ejecutivo. Es un debate público y doctrinal de largo recorrido; aquí se constata su existencia y su base normativa, sin tomar partido.

El aforamiento es la garantía por la que determinados cargos solo pueden ser juzgados por un tribunal superior (p. ej. diputados y senadores ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, art. 71.3 CE). Cubre a cargos políticos pero también, por la LOPJ, a jueces, magistrados y fiscales.

No existe un registro oficial único, y la cifra que suele circular —«250.000 aforados»— exige un desglose honesto: unos 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con un aforamiento parcial ligado a los actos de servicio. El aforamiento institucional propiamente dicho cubre a unas 17.600 personas —en torno a 2.000 cargos políticos, unos 5.500 jueces y magistrados y unos 2.700 fiscales, más otros órganos del Estado— según el desglose publicado por eldiario.es. Aun con la cifra depurada, la comparación europea sigue siendo elocuente: Francia afora a menos de 20 personas e Italia, en la práctica, a una (recuento de The Objective). La cuestión de fondo no cambia: si tú y un diputado cometéis el mismo delito, no os juzga el mismo tribunal.

Al Congreso se vota en listas cerradas y bloqueadas: el elector escoge una candidatura completa y no puede alterar el orden ni mezclar nombres (LOREG). El orden lo fija el partido, lo que refuerza la disciplina interna.

La circunscripción es la provincia (art. 68 CE). La LOREG asigna un mínimo de escaños por provincia y reparte el resto por población mediante la fórmula D'Hondt (arts. 162–163). El efecto combinado es que un escaño cuesta muchos menos votos en una provincia poco poblada que en una grande: el voto no tiene el mismo peso en Soria que en Madrid o Barcelona. Es una consecuencia matemática del diseño, verificable a partir de la norma y los resultados oficiales.

La acción popular permite a cualquier ciudadano —y a asociaciones, partidos u otras personas jurídicas— personarse como acusación en un proceso penal aunque no sean víctimas (art. 125 CE; arts. 101 y 270 LECrim). Es una vía poco común en el derecho comparado y ha sido decisiva en varios casos de relevancia pública.

Ya no son solo propuestas: el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal —en tramitación parlamentaria, con entrada en vigor prevista para 2028— que atribuye la instrucción a los fiscales (hoy en manos del juez de instrucción) y acota la acusación popular: quedan fuera las personas jurídicas públicas, los partidos y los sindicatos, y se limita a un catálogo de delitos. Según sus impulsores, homologa el modelo al europeo y frena usos abusivos; según sus críticos, reduce el control ciudadano sobre la persecución de delitos. Ambas lecturas se recogen como posiciones del debate, no como conclusión propia.

En España el ciudadano no puede frenar ninguna ley. El referéndum del art. 92 CE es solo consultivo y únicamente puede convocarlo el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, con autorización del Congreso: no existe vía para que la ciudadanía lo fuerce. Y la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE) exige 500.000 firmas para simplemente proponer una ley que el Congreso puede archivar — y tiene vetadas justo las materias sensibles: leyes orgánicas, tributos, asuntos internacionales y la prerrogativa de gracia.

El contraste suizo no es una anécdota: allí 50.000 firmas en 100 días someten cualquier ley aprobada por el Parlamento a votación popular vinculante (referéndum facultativo), y 100.000 firmas permiten proponer una enmienda constitucional que el pueblo vota. El resultado práctico: en Suiza el Parlamento legisla sabiendo que el ciudadano puede desautorizarlo; en España, sabiendo que no. El saldo español lo documenta Maldita.es: de 143 ILP presentadas entre 1986 y 2023, solo 4 salieron adelante; según Civio, solo una de cada diez llegó siquiera a votarse.

El art. 86 CE reserva el decreto-ley para casos de «extraordinaria y urgente necesidad»: entra en vigor al publicarse, sin debate parlamentario previo, y el Congreso solo puede convalidarlo o derogarlo en bloque en 30 días — sin enmendar una coma. Es una herramienta de excepción diseñada para emergencias.

El uso real la ha convertido en vía ordinaria de legislar: el recuento de Economist & Jurist sobre los datos del Congreso suma 655 reales decretos-leyes en democracia, con 95 solo en la XIV legislatura (2019-2023) — legislatura en la que los decretos-leyes superaron con holgura a las leyes ordinarias tramitadas con debate completo. A eso se añade la técnica del RDL «ómnibus», que mezcla materias sin relación para forzar su convalidación conjunta — crítica recurrente de la doctrina que esa misma publicación recoge.

Los hechos, en orden: en noviembre de 2023 Pedro Sánchez fue investido con los 7 votos de Junts, cuyo acuerdo público de investidura incluía una ley de amnistía para los responsables del procés — empezando por el propio líder del partido, prófugo de la justicia española. En junio de 2024 se aprobó la Ley Orgánica 1/2024, que extingue la responsabilidad penal, administrativa y contable de los actos vinculados al procés entre 2011 y 2023.

La Comisión de Venecia —el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, consultado por el Senado— avaló que las amnistías puedan existir, pero criticó lo esencial del caso español: recomendó que una ley así se apruebe con mayorías cualificadas, no por mayoría simple; censuró la tramitación por vía de urgencia como proposición de ley (sin informes de los órganos consultivos); y advirtió de que una amnistía debe unir a la sociedad, no profundizar su división. El Tribunal Constitucional la avaló en junio de 2025 con el tribunal partido — votos particulares de sus cuatro magistrados conservadores.

El 16 de julio de 2026 llegó el pronunciamiento europeo: la Gran Sala del TJUE declaró que el Derecho de la Unión no se opone a la ley de amnistía (sentencias C-523/24 y C-666/24, sobre las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional). Los intereses financieros de la UE no se ven afectados «por la mera disminución de la renta nacional bruta» que pudiera derivarse de una secesión — el argumento que sostenía una de las dos excepciones que aplicaba el Supremo a la malversación —; la directiva antiterrorista «no queda menoscabada»; y el control europeo se limita a problemas «de carácter sistémico» del sistema judicial, que el Tribunal no aprecia. Único límite que fija: el plazo de dos meses para aplicar la amnistía no puede pasar por encima de cuestiones prejudiciales pendientes — si lo hiciera, esas disposiciones «deberían dejarse inaplicadas».

La pelota vuelve así a los tribunales españoles, que deciden caso a caso conforme a esa interpretación: el Tribunal Supremo, que mantenía que la malversación del procés no era amnistiable (beneficio patrimonial + afectación a los intereses financieros de la UE — esta segunda pata, tocada por el fallo), y el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente el amparo de Puigdemont contra esa negativa. El regreso del prófugo que aportó los votos de la investidura queda, en la práctica, allanado.

El caso de los ERE es la mayor causa de corrupción juzgada en Andalucía: la Audiencia de Sevilla declaró probado en 2019 un sistema de ayudas sociolaborales arbitrarias por unos 680 millones de euros (2000-2009), repartidas al margen de todo procedimiento, y condenó a la cúpula de la Junta: 6 años y 2 días de prisión para el expresidente José Antonio Griñán (malversación y prevaricación) y 9 años de inhabilitación para Manuel Chaves (prevaricación). El Tribunal Supremo confirmó esas condenas en 2022. Cosa juzgada, doble instancia, firmeza.

En julio de 2024 el Tribunal Constitucional estimó los recursos de amparo — técnicamente no es una amnistía: apreció vulneración de los derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia en la interpretación que hicieron la Audiencia y el Supremo, anuló la condena de prisión de Griñán por malversación y ordenó rebajar la de Chaves. Lo hizo por 7 votos a 4, con su mayoría progresista en pleno y votos particulares durísimos de los cuatro magistrados conservadores (Enríquez, Arnaldo, Espejel y Tolosa), tras rechazar por extemporáneas las recusaciones planteadas contra dos magistradas. El resultado práctico: la vía del amparo dejó sin efecto penas firmes de los dos tribunales que vieron la prueba.

La deuda pública es la forma más cómoda de gastar: la disfruta el votante de hoy y la paga el contribuyente de mañana, que no estaba en la votación. En abril de 2026 el saldo alcanzó 1,74 billones de euros, el 101% del PIB (Banco de España). Y ya no es gratis: en 2025 el conjunto de administraciones pagó 40.314 millones de euros solo en intereses (Eurostat, notificación EDP) — la primera vez que se supera la barrera de los 40.000 millones.

En el primer trimestre de 2026 el empleo público alcanzó 3.662.500 personas (EPA, INE) — el máximo de la serie, según el recuento de The Objective sobre esos mismos datos: +544.700 desde 2018 (+17,5%). Alrededor de esa plantilla orbita un archipiélago de más de 19.300 entes públicos —organismos, sociedades, fundaciones, consorcios— según el recuento de Vozpópuli a partir del Inventario de Entes del propio Ministerio de Hacienda: 440 estatales, 1.776 autonómicos y 17.113 locales.

La cúpula de esa maquinaria se asigna con criterios que cualquiera puede verificar en el BOE: la presidencia del CIS —el organismo que mide la opinión pública con dinero público—, la de Correos y la de RTVE se cubrieron con nombramientos cuya procedencia consta en la propia disposición o en fuentes primarias. Son hechos de nombramiento, no valoraciones — el detalle, decreto a decreto:

La ley ya no es algo que un ciudadano pueda conocer. Según el informe anual de la CEOE sobre producción normativa —los datos son suyos y se citan como tales—, en 2024 se aprobaron 719 normas de ámbito estatal, «prácticamente dos normas al día», y el conjunto de boletines oficiales (BOE más autonómicos) publicó 1.298.086 páginas: estar al día exigiría leer unas 3.557 páginas diarias.

El coste no es teórico: la Cámara de Comercio de España presentó en 2024 un paquete de 52 propuestas de simplificación administrativa cuyo ahorro estimó en ~298 millones de euros para las empresas — trabajo recogido por la OCDE en su informe sobre prácticas regulatorias en la UE. Es una estimación de la Cámara, no un dato del INE, y se atribuye como tal.

La estadística oficial del CGPJ retrata un sistema saturado: al cierre de 2025 había 4.673.596 asuntos en trámite (+3,4% en un año, tras el salto de medio millón de 2024) y la primera instancia tardó de media 7,5 meses en 2024 (un 12,5% más que en 2023). Un pleito civil con recurso suma 8,5 meses en primera instancia y 13,3 en la Audiencia; en lo contencioso —pleitear contra la Administración— la sala del TSJ tarda 19 meses de media.

Mientras tanto, el órgano que debía gobernar ese sistema estuvo cinco años y medio caducado: el mandato del CGPJ venció el 4 de diciembre de 2018 y los dos grandes partidos no pactaron su renovación hasta el 25 de junio de 2024. Esta sección y la de nombramientos judiciales son la misma historia: el poder político administra los tiempos de la justicia.

Los partidos cobran del presupuesto que ellos mismos aprueban. Solo la subvención estatal de funcionamiento ordinario sumó 13,18 millones de euros en el cuarto trimestre de 2024 (tabla oficial del BOE) — unos 53 millones al año, cálculo a partir de esa tabla. A eso se añade la subvención electoral: en las generales de 2023 el Tribunal de Cuentas dio por justificados 58 millones de gastos de campaña, financiados sobre todo con crédito bancario y adelantos de subvención — las aportaciones privadas fueron el 1%.

El circuito se completa con las fundaciones de partido (4,93 millones de subvención pública en 2021-2022 según el último informe del Tribunal de Cuentas, más una línea anual del Ministerio de Cultura — 350.000 € en 2024, RD 963/2024) y con las puertas giratorias: la Fundación Hay Derecho documentó que la Oficina de Conflictos de Intereses autorizó 377 saltos de ex altos cargos a la empresa privada y solo denegó 6, con una de cada diez autorizaciones hacia empresas del IBEX-35. Son datos de ese estudio (sobre registros oficiales) y se citan como tales.

La Ley 19/2013 reconoció el derecho de acceso a la información pública y creó un árbitro, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El diseño tiene un agujero de origen: cuando el CTBG estima una reclamación y ordena entregar la información, no puede sancionar a la administración que lo ignora. Y lo ignoran: según los datos recogidos por Infobae y The Objective, las administraciones acumulaban en torno a 1.400 resoluciones sin cumplir (aproximadamente una de cada cinco) a mediados de 2025, y el Gobierno central incumplió el 11,5% de las que le afectaron en 2025.

La asimetría con el ciudadano es completa: si tú ignoras un requerimiento de Hacienda, hay recargo, sanción y apremio; si una administración ignora la orden del órgano de transparencia, no pasa nada. El derecho existe sobre el papel — su cumplimiento es, en la práctica, voluntario para el obligado.

El paro español no es un accidente cíclico: es estructural y crónico. Según Eurostat, en mayo de 2026 España tenía un 10,3% de paro — casi el doble de la media de la UE (5,9%)— y solo en febrero de 2026 dejó de ser el país con más paro de la Unión, superada por Finlandia, tras una racha que la prensa cifra en 39 meses consecutivos liderando la tabla y en una posición de cabeza casi ininterrumpida desde 2013.

La dualidad tampoco ha desaparecido: la reforma laboral de 2021 redujo la temporalidad contractual hasta cifras europeas (14,8% en la EPA), pero según Fedea los fijos-discontinuos replican «casi exactamente la situación anterior en términos de estabilidad laboral» — el contrato cambió de etiqueta, no de naturaleza. Es la tesis de ese estudio (Conde-Ruiz, García, Puch y Ruiz) y se cita como tal.

El sistema español es de reparto: las cotizaciones de quienes trabajan hoy pagan las pensiones de hoy. No hay un fondo capitalizado que respalde lo prometido. Cuando lo que entra no llega, la diferencia la pone el Estado vía impuestos y deuda — es decir, la pagan los contribuyentes de hoy y de mañana. En 2025 el sistema ingresó 176.918 millones por cotizaciones y recibió 52.990 millones en transferencias del Estado; aun así cerró con 7.387 millones de déficit (0,4% del PIB, el menor desde 2011 — la mejora del ciclo es real, pero el sostén estatal sigue siendo estructural).

La aritmética es demográfica: hoy hay 2,44 cotizantes por pensionista y bajando. La AIReF estima que el envejecimiento llevaría la deuda pública al 123% del PIB en 2050 si no se ajusta el sistema, y que se pagarán 17,4 millones de pensiones (frente a ~11,6 hoy).

El precio sube por lo de siempre: mucha demanda y poca oferta. Y la oferta no es escasa por azar — está estrangulada por decisión política. Se construye una fracción de lo que se construía, y casi todo el suelo está vetado a la edificación.

¿Por qué no se construye? Según el Centro Ruth Richardson (U. de las Hespérides, think-tank de orientación liberal), en torno al 95% del suelo está clasificado como no urbanizable y solo una porción mínima admite vivienda a corto plazo; reclasificar suelo lleva una década. Es una estimación de ese centro, no un dato del INE, pero apunta a la causa estructural: la oferta la raciona el planeamiento.

Una crítica de mercado no dice «menos servicios»; dice que cada euro rinda y que la carga sea proporcionada. El contraste español es revelador: la maquinaria recaudatoria es de las mejores del mundo, mientras que el gasto que financia rara vez se audita por resultados.

Sobre la presión fiscal total (en torno al 37% del PIB según Eurostat), el IEE —el instituto de la CEOE— sostiene que el «esfuerzo fiscal» español supera en ~18% la media de la UE por hacerse sobre una renta per cápita menor. Es la tesis de una patronal, no un dato neutro; se cita como tal.

La inflación no es neutral: erosiona el salario y, a la vez, engorda la recaudación. Entre 2020 y 2025 los precios subieron un 23,5% y la cesta de alimentos bastante más, mientras el salario real apenas se movió.

En la arquitectura de la UE, solo la Comisión Europea puede proponer leyes (art. 17.2 TUE). El Parlamento Europeo —la única institución elegida directamente por los ciudadanos— no tiene derecho de iniciativa: solo puede pedirle a la Comisión que legisle (art. 225 TFUE), y lleva años reclamando formalmente ese derecho sin obtenerlo. Las normas que luego rigen en España nacen, así, de un colegio de comisarios que ningún elector ha puesto ahí.

¿Y quién elige a quien manda en la Comisión? Los gobiernos, entre ellos. El sistema del Spitzenkandidat —que el presidente saliera del cabeza de lista más votado en las europeas— se ensayó en 2014 para dar un barniz electoral al cargo… y se abandonó en cuanto estorbó: en 2019 el Consejo Europeo descartó a los dos cabezas de lista (Weber y Timmermans) y sacó de la chistera a Ursula von der Leyen, que no había concurrido a las elecciones. El Parlamento la ratificó por 383 votos contra 327 — 9 de margen.

En mayo de 2021 la Comisión cerró el mayor contrato de vacunas de la UE: hasta 1.800 millones de dosis de Pfizer/BioNTech, con un coste estimado por la prensa en torno a 35.000 millones de euros. Parte de esa negociación la condujo personalmente Von der Leyen intercambiando SMS con el CEO de Pfizer, Albert Bourla — lo reveló The New York Times, y la propia presidenta lo había descrito antes en otra entrevista.

Cuando una periodista pidió esos mensajes por la vía de acceso a documentos, la Comisión respondió que no los poseía. La Defensora del Pueblo Europeo concluyó en 2022 que hubo «mala administración» — ni siquiera se los pidió al gabinete de la presidenta. Y el 14 de mayo de 2025 el Tribunal General de la UE anuló la denegación (asunto T-36/23): la Comisión «no dio una explicación plausible» de por qué no tenía los documentos. Tras la sentencia, la Comisión anunció una nueva decisión «más detallada»; los SMS siguen sin publicarse. En julio de 2025 Von der Leyen superó una moción de censura motivada por el caso (360 votos en contra, 175 a favor). Precisión debida: la sentencia versa sobre transparencia — no existe condena penal contra Von der Leyen, y nada de lo anterior debe leerse como tal.

Desde 2022 la Comisión impulsa el reglamento CSAR («chat control»): con el argumento —real y grave— de combatir el abuso infantil, obligaría a los servicios de mensajería a escanear las comunicaciones privadas, incluidas las cifradas de extremo a extremo, de 450 millones de europeos. Criptógrafos, la industria y organizaciones de derechos digitales como EDRi llevan tres años advirtiendo de lo obvio: un escáner universal es vigilancia masiva de inocentes, y una puerta trasera en el cifrado lo rompe para todos.

La presión pública ha ido frenándolo: en noviembre de 2025 el Consejo retiró el escaneo obligatorio y dejó la detección como «voluntaria» para las plataformas (añadiendo verificación de edad), y el expediente sigue negociándose en el trílogo con el Parlamento. Conviene no relajarse por ello: la propuesta ha revivido con cada presidencia del Consejo, y España apoyó la versión más dura — la que incluía el escaneo obligatorio incluso de las comunicaciones cifradas (posición documentada por El Salto sobre las filtraciones de las negociaciones).

En julio de 2026 quedó retratado, además, el método. El escaneo «voluntario» ya vigente —la excepción al secreto de las comunicaciones conocida como «Chat Control 1.0» (Reglamento 2021/1232)— había caducado en abril de 2026 porque el Parlamento se negó a prorrogarla sin proteger el cifrado. ¿La respuesta? El Consejo adoptó su posición el 2 de julio, devolvió el expediente a la Eurocámara en vísperas del receso estival y el Pleno lo tramitó por procedimiento de urgencia el día 9. El resultado de la votación: 314 eurodiputados a favor de rechazarlo, 276 en contra y 17 abstenciones — una mayoría clara de la cámara contra la prórroga. Pero la regla 68 del Reglamento interno exige mayoría absoluta (361 de 720) para rechazar en segunda lectura, así que el texto que la mayoría votó tumbar quedó aprobado «por defecto»: ganó el calendario, no los votos. Si el Consejo acepta las modificaciones, el escaneo queda prorrogado hasta abril de 2028.

Y un detalle que define el proyecto entero: según los borradores del Consejo filtrados sobre el reglamento permanente (CSAR), quedarían exentas del escaneo las cuentas profesionales de la policía, los servicios de inteligencia y los militares, además de la «información confidencial» como los secretos profesionales (filtración documentada por el exeurodiputado Patrick Breyer). Quienes ordenan el escáner universal se excluyen de él.

El reglamento eIDAS 2 (Reg. 2024/1183) obliga a cada Estado miembro a ofrecer a sus ciudadanos una cartera europea de identidad digital — en la práctica, antes de que acabe 2026 — y obliga al sector público y a sectores privados clave (banca, telecomunicaciones, grandes plataformas) a aceptarla como medio de identificación. Para el ciudadano es, oficialmente, voluntaria, y la norma incluye salvaguardas escritas: prohibición de perfilado, divulgación selectiva de datos, sin base de datos centralizada.

Las críticas van a la arquitectura, no a la letra. Primero, la voluntariedad de facto: cuando tu banco, tu administración y tu operadora acepten —y prefieran— la cartera, la alternativa analógica se irá volviendo el carril lento hasta desaparecer; nadie tendrá que obligarte, igual que nadie te obligó a tener smartphone. Segundo, el artículo 45: obliga a los navegadores a confiar en certificados web designados por los Estados, lo que según Mozilla y buena parte de la comunidad de seguridad debilita las garantías con que hoy se protege el tráfico web y abre la puerta a interceptación estatal — objeción técnica publicada y atribuida.

El BCE prepara una moneda digital de banco central (CBDC): fase de preparación técnica hasta 2028, posible piloto en 2027 y emisión a gran escala orientada a 2029, condicionada a que la legislación europea se apruebe. El diseño planteado limita la tenencia individual (la cifra que se baraja ronda los 3.000 €) y prohíbe remunerarla — es un medio de pago, no de ahorro, para no vaciar los depósitos bancarios.

Seamos precisos con lo que el BCE promete, porque los matices son la sustancia: dice que el euro digital no será dinero programable y que las transacciones serán anónimas para el banco central — pero los intermediarios (tu banco) sí verán los pagos, como hoy con la tarjeta. Es decir: no añade el anonimato del efectivo, y llega justo cuando el efectivo —el único dinero que no deja rastro ni necesita permiso de nadie— retrocede año tras año. Los límites, la remuneración y las reglas de uso no son leyes de la física: son parámetros que quien controla el sistema puede revisar.

El auditor oficial de la UE lleva seis años consecutivos emitiendo una opinión desfavorable sobre el gasto del presupuesto europeo. En su Informe Anual 2024, el Tribunal de Cuentas Europeo estimó un nivel de error del 3,6% —del orden de 6.000 millones de euros pagados sin ajustarse a las reglas—, que en los fondos de cohesión sube al 5,7%, y volvió a señalar debilidades sistémicas en el control de los fondos de recuperación. No es una acusación de fraude generalizado —el error no equivale a fraude—, pero sí la constatación anual de que el control no funciona.

Y cuando el dinero corre, aparece quien lo recoge: en diciembre de 2022 la policía belga incautó en torno a 1,5 millones de euros en efectivo —en casa de un exeurodiputado, en la de una vicepresidenta del Parlamento Europeo y en una maleta de hotel— en la trama de sobornos conocida como Qatargate. Presunción de inocencia estricta: hay imputaciones y hubo prisión provisional, pero a día de hoy no hay condena firme; el caso sigue abierto años después — lo que, para el ciudadano que mira, es parte del problema.

Entre 1991 y 2009 los eurodiputados dispusieron de un fondo de pensiones voluntario con condiciones que ningún trabajador reconocería como suyas: dos tercios de la aportación los ponía el Parlamento —dinero público— y bastaban entre 2 y 5 años de aportaciones para asegurar una pensión vitalicia complementaria. El resultado, también reconocible: el fondo acumuló un agujero de unos 310 millones de euros y amenazaba quiebra.

La «solución» de 2023-2024: recortar esas pensiones un 50%, congelar su actualización y subir la edad de cobro de 65 a 67 años. Aun así, según los cálculos recogidos por Investigate Europe e infoLibre, en torno a 86 millones de euros del déficit acabarán cubiertos con dinero del contribuyente. Quien quiera comparar con su propia pensión puede hacerlo con la página oficial de asignaciones de la Eurocámara a la vista.