Luis Prieto Cuerdo

resumen

Luis Prieto Cuerdo es director de Economía Digital de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (dirigido por Óscar López), cargo al que llegó en 2018 (el informe de la Guardia Civil lo data en octubre de 2018, p.122; El Independiente, en septiembre); según El Independiente (01-10-2025), antes fue subdirector general en los ministerios de Hacienda, Educación e Industria y, desde 2012, asesor en la Dirección General de Fondos Europeos de Hacienda. Según ese mismo diario, la Fiscalía Europea (EPPO) le mantiene imputado, junto al empresario Juan Carlos Barrabés, por la presunta adjudicación irregular de contratos financiados con fondos europeos a la consultora de Barrabés, la parte del caso Begoña Gómez que asumió la Fiscalía Europea: el auto de 11 de abril de 2026 recuerda que esta «está investigando solo lo relativo al uso de fondos europeos» (p.22) y que las cartas de apoyo de Gómez figuran en los expedientes de Red.es 014/20 y 016/20 (p.13). El informe de la Guardia Civil documenta que Prieto suscribió, como director de Economía Digital, los informes de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor en los tres expedientes analizados (9 de febrero, 9 y 12 de abril de 2021), en los que la oferta mejor valorada fue la de la UTE participada por Innova Next (Barrabés): con KPMG en el expediente 044/20-ED (p.87) y con The Valley en los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED (p.81; informes de valoración, pp.95, 103 y 115), y que el 21 de junio de 2021 emitió el informe que consideró no justificada la baja de la UTE Awakelab (p.106). Según El Independiente, un informe de la IGAE aportado a la causa sostiene que esa exclusión «no está razonablemente fundamentada» y que, de no haberse producido, Awakelab —con una oferta 1.363.899 euros inferior— habría sido la adjudicataria, y que se valoraron factores ajenos a los pliegos, como las dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez; el exdirector general de Red.es David Cierco (2018-2021) le señaló en el Senado en noviembre de 2024 como responsable de redactar los pliegos. Las adjudicaciones a la UTE de Barrabés y The Valley sumaron 10,2 millones de euros y los delitos investigados son apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación, según El Independiente. Rige plenamente la presunción de inocencia: consta como imputado (investigado), no condenado.